El gobierno de Javier Milei habilitó cinco ejercicios militares combinados con fuerzas internacionales sin contar con la aprobación del Congreso, mediante el Decreto 521/2025 publicado en el Boletín Oficial. Esta decisión se produce luego de que el bloque del Frente para la Victoria suspendiera en 2022 varias de estas maniobras en el Senado, lo que hasta ahora había impedido su realización.
Los ejercicios autorizados comprenden misiones tanto dentro del país como en el exterior entre agosto y noviembre de 2025. Incluyen participación de tropas argentinas en países aliados y maniobras conjuntas en aguas nacionales, todo bajo una estrategia de alineamiento con Estados Unidos y otras naciones aliadas.
La medida ha generado críticas por violar el artículo 75 inciso 28 de la Constitución Nacional, que exige la autorización legislativa para enviar tropas al extranjero. Especialistas en derecho constitucional advierten que el decreto saltea controles fundamentales y debilita el control democrático sobre las Fuerzas Armadas.
Entre los ejercicios programados figura el FRATERNO XXXVIII en aguas brasileñas del 3 al 24 de agosto; el PASSEX “Gringo‑Gaucho II”, del 17 al 20 de agosto en la Zona Económica Exclusiva argentina con participación de Estados Unidos; y VIEKAREN, en el Canal Beagle, del 25 al 30 de agosto junto a Chile.
Frente a Mar del Plata, la @Armada_Arg realizó un adiestramiento naval integrado como preparación para el Ejercicio Binacional Fraterno XXXVIII, junto a la Marina de Brasil.
Participaron la corbeta ARA “Espora”, los Patrulleros Oceánicos ARA “Piedrabuena”, “Almirante Storni” y… pic.twitter.com/5mwG4leb3T
— Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) August 4, 2025
Además está previsto el ejercicio SOUTHERN VANGUARD 25 en Chile entre el 11 y el 31 de agosto, con la participación de Estados Unidos y Perú, en tierra de alta montaña; y UNITAS LXVI, el más grande, que se desarrollará entre mayo y noviembre en Florida y Virginia, Estados Unidos, con despliegue naval y anfibio conjunto.
El Ejecutivo defendió estas acciones como parte de su política de cooperación y profesionalización de las Fuerzas Armadas, pero lo hizo sin debate público ni rendición de cuentas ante el Congreso. El contraste entre esta decisión y la falta de deliberación legislativa puso en alerta a sectores políticos y constitucionalistas.
Aunque el Senado no se opuso expresamente al decreto, sectores del peronismo en la Cámara baja, entre ellos el Frente para la Victoria, ya bloquean trámites relacionados y alertan por el avance discrecional del Ejecutivo en materia de soberanía y defensa.
