El nuevo Código Procesal Penal enfrenta un reto crucial: disponer de los recursos tecnológicos y de infraestructura necesarios. Este último elemento es esencial para asegurar el adecuado funcionamiento del nuevo sistema, que brindará a los fiscales la plena responsabilidad sobre los procesos de investigación y acusación en los casos. La implementación del Sistema Acusatorio en Comodoro Py se ha retrasado debido a que, según la Procuración General de la Nación, las deficiencias en la infraestructura son una de las cuestiones más urgentes a resolver. El Ministerio de Justicia afirmó que esto no debería ser un impedimento “para no cumplir la ley”, lo que ha intensificado el conflicto entre fiscales y el gobierno, generando nuevos episodios.
El sistema acusatorio reemplaza el modelo mixto (inquisitivo y adversarial) que se aplica en varias jurisdicciones del país. Este nuevo enfoque coloca a los fiscales al frente de los procesos de investigación y de las decisiones que se tomen en ese contexto. Actualmente, son los jueces quienes dirigen el proceso y toman las decisiones, teniendo la autoridad de delegar las investigaciones a los fiscales o no.
La oralidad en todas las etapas del caso es otra de las características distintivas del sistema acusatorio, que mantiene al juez como garante del proceso. Al eliminar la burocracia que predomina en muchos distritos, este nuevo modelo de justicia busca ofrecer una mayor rapidez en la tramitación de los expedientes.
Un reclamo que coincide tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público Fiscal se refiere a la cantidad de puestos vacantes. Los datos son alarmantes, especialmente con el cambio de sistema que requiere más recursos humanos y la necesidad de solucionar problemas edilicios. En el caso de los magistrados, el 32,93% de los cargos están desocupados, mientras que en la Procuración la cifra asciende al 40%.
“La responsabilidad de cubrir estos cargos recae de manera absoluta en el Gobierno”, afirmaron fuentes judiciales a Clarín. El Consejo de la Magistratura, encargado de elaborar las ternas tras los procesos de concurso y evaluación, ha enviado 222 pliegos al Poder Ejecutivo, los cuales llevan más de un año y medio sin respuesta. Sin una fecha definida para su envío al Congreso, la crisis de los asientos vacíos solo parece intensificarse.
En este contexto, el Gobierno planea implementar el Sistema acusatorio en Comodoro Py en tres meses, sin posibilidad de postergaciones, siendo este el fuero donde se manejan casos complejos y de gran impacto social. Con un enfoque en los problemas a resolver, el Consejo de la Magistratura, bajo la presidencia del juez Horacio Rosatti -líder del Poder Judicial-, ha avanzado en reformas integrales en los Tribunales de Retiro, donde se presentan las mayores dificultades: cableados de 1930, escasez de espacio, problemas estructurales y falta de suministro de agua, entre otros.
“Las deficiencias edilicias y tecnológicas no justifican ni autorizan el incumplimiento de una ley vigente desde hace más de diez años. Sin embargo, en respuesta a las reiteradas solicitudes del Ministerio Público Fiscal, sobre la falta de preparación adecuada para investigar casos complejos en esta jurisdicción, se ha decidido postergar la entrada en vigencia por un plazo excepcional e improrrogable de tres meses”, comunicó oficialmente el Ministerio de Justicia, dirigido por Mariano Cúneo Libarona.
Por más que algunos defensores del viejo sistema se resistan, como todas las reformas que está logrando este Gobierno, el 11 de agosto se implementará el Sistema Acusatorio en Comodoro Py.
Ya lo hemos puesto en funcionamiento en forma exitosa en 12 provincias con excelentes… pic.twitter.com/K7zbgauXT1
— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) May 12, 2025
El jefe de los fiscales, Eduardo Casal, respondió a estos puntos en una nota de doce páginas. La Procuración General de la Nación “siempre ha estado orientada a asegurar las condiciones mínimas para un desempeño adecuado, a fin de no comprometer el éxito de esta transición, que es esencial para el cumplimiento de la ley, dentro del marco de austeridad que debe guiar toda gestión relacionada con fondos públicos”, se indicó.
El mensaje también planteó otra discusión: el cumplimiento de la Ley que ordena la implementación del Código Procesal Penal. Desde el MPF señalaron que “otorga potestad al Ministerio de Justicia, que es responsable de la puesta en marcha del sistema acusatorio, lo que implica una responsabilidad en garantizar el correcto funcionamiento del sistema”, explicó una fuente judicial a Clarín.
En este sentido, se hizo especial hincapié en las deficiencias edilicias. La PGN subrayó la necesidad de contar con los recursos adecuados, especialmente en términos de equipamiento, infraestructura y personal “que resultan de los diagnósticos elaborados en esta sede”, mencionó el jefe de los fiscales.
Los fiscales federales consideran que insistir en este reclamo no es un aspecto menor, ya que, como dijo Eduardo Casal, la falta de la infraestructura adecuada podría poner “en riesgo” la implementación del sistema acusatorio, cuyo objetivo principal es garantizar “el éxito de las investigaciones y actuaciones penales actualmente en curso en casos graves y complejos”, afirmó la PGN.
Asimismo, se hizo mención al anuncio del Gobierno sobre la cesión del Edificio Raúl Ricardo Alfonsín, perteneciente al predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Se solicitó la intervención del servicio de Asesoría Jurídica Permanente del organismo, que “formuló una serie de consideraciones sobre posibles obstáculos para llevar a cabo dicha cesión. Para que estas circunstancias sean atendidas por su Ministerio y garantizar el cumplimiento del marco normativo aplicable, se adjunta el dictamen mencionado”, se indicó en la nota enviada a Cúneo Libarona.
La implementación del nuevo Código Procesal Penal implica, como detalló Casal, el “desplazamiento significativo de personal y mobiliario, así como una serie de tareas de refacción en las oficinas involucradas”. Por lo tanto, inevitablemente “demandará un considerable tiempo y recursos, dentro de un proceso que podría iniciarse una vez superadas las observaciones formuladas por la Asesoría Jurídica de la Procuración General de la Nación”.
Se recordó que hasta la fecha “no se han realizado aún las adaptaciones necesarias para el correcto funcionamiento del organismo y, por ende, los edificios actuales no son adecuados para las nuevas competencias del MPF bajo el sistema acusatorio”.
Ante esta situación, se han comenzado a realizar gestiones para identificar locaciones que cumplan con los requisitos del nuevo sistema y, como medida de contingencia, “se está considerando la opción de trasladar dependencias a otros edificios para facilitar la implementación”. Enfrentar estas locaciones requiere, sin duda, un aumento en el presupuesto. Es importante recordar que este año se solicitó al Ministerio de Hacienda una asignación de 641.000 millones de pesos, pero solo se aprobaron 454.807 millones.
La Procuración ha señalado que la asistencia financiera ha sido solicitada desde marzo del año pasado al Ministerio de Justicia, “en su rol de intermediario con el Poder Ejecutivo y promotor de este proceso de implementación”.
De esta manera, Eduardo Casal explicó que las dificultades financieras que atraviesa el MPF “debido a las restricciones presupuestarias impuestas a todo el Estado, complican el progreso en las adecuaciones mencionadas y justifican que, en virtud de las atribuciones y obligaciones asumidas al establecer el cronograma de implementación, se aseguren los recursos necesarios según lo estipulado en el artículo 43 de la Ley 27148”.