Burford Capital, el principal demandante en el litigio contra el Estado argentino por la nacionalización de YPF, ha sometido un documento a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, en Estados Unidos, donde expresa contundentes críticas hacia el gobierno estadounidense, que recientemente había intervenido como amicus curiae en favor del país sudamericano.
Resaltaron que este país tiene un interés significativo en “asegurar que los estados extranjeros que operan en los mercados estadounidenses como actores comerciales no disfruten de inmunidad ante demandas relacionadas con el incumplimiento de sus obligaciones comerciales”.
Lo cierto es que la exposición de esta tarde “no era esperada” según diversas fuentes relacionadas con este prolongado litigio que ya abarca 10 años, y que se presenta en el marco de una decisión crucial y específica que deberá tomar este tribunal de segunda instancia esta semana: si se suspende la resolución de la jueza Loretta Preska de hace unas semanas que mandó a entregar las acciones que posee el Estado en YPF (51%) como parte de la compensación por la sentencia en primera instancia.
Burford comentó que la comparecencia de los representantes del Departamento de Justicia de Donald Trump fue “extremadamente inusual” y dedicó 10 páginas a refutar los argumentos de los fiscales federales, quienes afirmaron que se fundamentan “en suposiciones incorrectas” y “no ofrecen nada relevante”.
“Lamentablemente, la prisa y el desconocimiento del gobierno quedan patentes en su escrito”, agregaron.
Además, enfatizaron que su meta es recuperar la demanda que ganaron en primera instancia por USD 16.000 millones. Consideran que la presentación de la semana pasada ocasionó “efectos negativos” a nivel local, “pues tanto la prensa como los funcionarios públicos argentinos han interpretado el comunicado del gobierno como un indicativo de que Argentina nunca pagará la sentencia”.
Es decir, esperan recibir los más de USD 17.500 millones que ya acumula el caso junto con los intereses, o al menos, buscar una negociación en ese sentido. “Resulta difícil comprender cómo los objetivos de política exterior de la Casa Blanca se benefician al incentivar a naciones extranjeras a perjudicar a los inversores y a ignorar las decisiones de los tribunales federales”, afirmó Burford.
Asimismo, la firma legal indicó que intentó, sin éxito, comunicar su perspectiva al gobierno de los Estados Unidos. “El gobierno estadounidense presentó su documento después de no atender la solicitud de los demandantes para sostener una reunión, donde podrían haber aclarado los malentendidos sobre el caso —malentendidos que, en parte, se originan de su falta de presencia durante la mayor parte de las amplias y detalladas actuaciones en el tribunal de primera instancia”, expresó.