El Dr. Alberto Maques, en su rol de consejero del Consejo de la Magistratura de la Nación en representación de los profesionales de la abogacía, Colegios y Asociaciones, presentó un proyecto que reclama la correcta aplicación de la Ley N°27.423, que regula los honorarios de abogados y procuradores. La iniciativa surge como respuesta a la persistencia de prácticas que desoyen lo establecido por la normativa vigente, afectando de manera directa el ejercicio profesional.
Según el texto presentado, se vienen observando “incumplimientos y aplicaciones indebidas” de la ley por parte de magistrados y funcionarios judiciales, lo que implica una vulneración no sólo de los derechos de los profesionales del derecho, sino también del principio de legalidad y del correcto funcionamiento del Poder Judicial.
Maques subrayó la necesidad de recordar a los jueces y operadores judiciales que la Ley 27.423 debe ser aplicada en su integridad y sin excepciones, dado que se trata de una norma de orden público. “Es imperativo velar por el respeto irrestricto de las leyes vigentes”, afirmó el consejero, en línea con el deber institucional de garantizar una Justicia transparente y previsible.
En mi rol de Consejero, en representación de los profesionales de la abogacía, Colegios y Asociaciones, en el día de ayer presenté un proyecto sobre incumplimientos y aplicaciones indebidas de las leyes que regulan los honorarios de los abogados y procuradores.
Es imperativo… pic.twitter.com/BkpR7Gxudv— Alberto Maques (@MaquesAlberto) July 15, 2025
El proyecto busca establecer mecanismos para que los órganos competentes del Consejo puedan intervenir cuando se detecten desvíos en la aplicación de la ley de honorarios. En particular, promueve el seguimiento de las decisiones judiciales que contraríen lo dispuesto por la norma y contempla la posibilidad de emitir advertencias formales cuando corresponda.
Desde diversos sectores de la abogacía se viene reclamando hace tiempo por la falta de actualización automática, las liquidaciones mal calculadas y las resoluciones que desconocen la jerarquía normativa de la Ley 27.423. El proyecto de Maques se inscribe en este contexto y suma un canal institucional para encauzar esas demandas.
La propuesta deberá ser analizada por las comisiones del Consejo de la Magistratura y, de prosperar, podría marcar un antecedente importante en la defensa de los derechos profesionales y en la reafirmación del principio de legalidad dentro del sistema judicial argentino.