El gobierno de Javier Milei comienza una semana que pretende superar los ecos de la anterior, marcada por la derrota del oficialismo en el Senado, lo que resultó en la aprobación de tres leyes, la media sanción de otras dos y el rechazo inicial a un veto presidencial. Todos estos temas tienen repercusiones en el ámbito fiscal, un aspecto que el Presidente ha definido como inadmisible.
“La política del superávit es permanente”, afirmó Milei en la Bolsa de Comercio, mientras a pocos kilómetros de distancia el Senado seguía aprobando iniciativas contrarias a la voluntad del Gobierno. Allí aseguró que no le sorprendía todo lo que sucedía y que, en rigor, se estaba preparando para las próximas semanas. “Sabemos que vamos a ser exitosos”, afirmó.
El Gobierno ofreció dos alternativas para evitar que las tres leyes – el aumento jubilatorio, la moratoria y la declaración de emergencia en Discapacidad- sancionadas por el Congreso queden promulgadas: el veto y la judicialización de la sesión del jueves, a la cual la consideran inválida.
Los tres vetos no se presentarán esta semana, ya que el Poder Ejecutivo cuenta con un plazo de diez días hábiles para hacerlo. Aquí surge el debate sobre si el veto a un proyecto aprobado en el Congreso implica reconocer las dos sesiones (la de Diputados y la del Senado) durante las cuales se discutieron las iniciativas. A pesar de la discusión legal en torno al tema, se ha especulado que en los fundamentos del veto podría incluirse una mención a la supuesta nulidad de la sesión del jueves anterior. Esto aún no ha sido confirmado.
Más allá del proceso judicial, la intención de demorar en rechazar las leyes es que el Gobierno obtenga tiempo para desarrollar una estrategia en el Congreso. Dado que no hay expectativas de éxito en el Senado, todos los esfuerzos se centran en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo cuenta con una mayor cantidad de escaños propios y una diversidad de espacios que le brindan mejores oportunidades de negociación.
El principal contacto con los gobernadores es el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, junto a su vicejefe del Interior, Lisandro Catalán. Aunque su influencia ha disminuido en la última semana -sin que esto sea insignificante-, el asesor presidencial Santiago Caputo sigue siendo considerado una figura clave para muchas provincias. Resultará crucial el diálogo que pueda establecer el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto a su primo lejano y organizador nacional de La Libertad Avanza (LLA), Eduardo “Lule” Menem.
Los sectores de Caputo y los Menem están en desacuerdo, mientras que la actual Jefatura busca mantener un equilibrio al interactuar con ambos. La búsqueda de los votos para evitar el veto los unirá bajo un mismo objetivo, aunque la falta de comunicación podría afectar la coordinación política en las negociaciones con los gobernadores, como han señalado en off the record desde diversas provincias.
Aunque en el discurso público del oficialismo predomine el llamado “talibanismo” que defiende un sector de la Casa Rosada, persiste la necesidad y el deseo de negociar. En este momento, todas las provincias han indicado que no han recibido ninguna invitación formal del Gobierno para llevar a cabo una reunión en Casa Rosada; sin embargo, esto no desestima los mensajes informales que suelen intercambiar altos funcionarios de la Casa Rosada con los líderes provinciales. Todas las fuentes gubernamentales consultadas coinciden en que no hay planes para realizar una cumbre formal de gobernadores, al menos no en los términos anteriores y no esta semana.
Sin embargo, han comenzado a circular rumores sobre un posible acercamiento entre la Nación y ciertos gobernadores en un “lugar neutral”. Este encuentro podría coincidir con la inauguración de la Exposición Rural el próximo jueves. Curiosamente, esta será la primera edición de la Expo Rural en la que se llevará a cabo un cóctel con gobernadores. Hay 16 provincias como patrocinadoras de la feria, y todos los 23 gobernadores, junto con el jefe de Gobierno porteño, han sido invitados. Aunque todavía no se ha publicado la lista de invitados, muchos podrían sentirse atraídos si supieran que el Gobierno vería favorablemente esta oportunidad para establecer un diálogo informal. Por el momento, la asistencia de Milei no parece probable, aunque otro funcionario podría asistir.
El Gobierno no considera necesario mantener los 87 votos negativos que respaldaron el veto presidencial al aumento jubilatorio del 8,2%. En realidad, necesita reunir 86, que es lo que estipula el artículo 83 de la Constitución Nacional. Por su parte, la oposición deberá conseguir 172 votos. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, opina que la cantidad que debe reunir esta vez es menor si la oposición logra menos votos de lo esperado. Algunos sugieren que podría fluctuar entre 75 y 80 votos. Dado que ciertos sectores no desean “mancharse las manos” con la ratificación del veto, los negociadores de La Libertad Avanza están apostando a negociar ausencias o abstenciones.
En el Gobierno se mencionan provincias que, a pesar del ruido generado por las declaraciones del Presidente, mantienen una buena relación con el Gobierno y pueden contribuir a la masa de votantes a favor del veto. Uno de ellos sería el sanjuanino Marcelo Orrego, quien cuenta con el bloque Producción y Trabajo con dos diputados. El año pasado, él aportó los votos para ratificar los vetos, mientras que este año apoyó parcialmente la iniciativa jubilatoria. “Todo puede cambiar”, afirman los libertarios.
El papel del tucumano Osvaldo Jaldo se vuelve crucial, ya que lidera su bloque Independencia con tres representantes. Ha sido uno de los principales aliados del Gobierno en la primera parte de la gestión libertaria, pero la situación se deterioró con la llegada electoral de LLA para los comicios de octubre. Los libertarios han mostrado reticencia a establecer un pacto con Jaldo, quien ha vuelto a reunirse con el senador Juan Manzur para iniciar negociaciones con el peronismo en la provincia. Existen vetos en juego que podrían tener más posibilidades de éxito que otros.