Por unanimidad, el Senado aprobó la ley de emergencia en discapacidad con 56 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, un proyecto muy esperado por las organizaciones del sector. El consenso en torno a esta iniciativa fue similar al que se logró hace un mes en la Cámara de Diputados, donde superó ampliamente los dos tercios.
Las familias, ONG y profesionales del ámbito se hicieron presentes en las calles para visibilizar, como ha sido habitual desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, la crisis que enfrentan.
La nueva normativa, entre otros aspectos, establece incrementos urgentes para los prestadores de servicios en salud, educación, rehabilitación y transporte, cuyos ingresos han estado congelados durante siete meses. Además, corrige las limitaciones impuestas por el Gobierno para el acceso a pensiones por invalidez.
El costo fiscal de esta ley se estima entre el 0,2 y el 0,4 por ciento del PBI, según lo señalado por la Oficina del Presupuesto del Congreso. Sin embargo, el Presidente ya ha anunciado su intención de vetarla, al igual que todo el paquete aprobado este jueves en la Cámara alta.
“Esta normativa actúa como un salvavidas para nosotros. Es nuestra única esperanza en este momento para que las instituciones que apoyan a las personas con discapacidad, especialmente a aquellas sin recursos, no se vean obligadas a cerrar. Con la situación actual, el tiempo que nos queda para seguir operando es limitado”, indicó Daniel Ramos, presidente del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Caidis).
“El ajuste fiscal no puede llevarse a cabo a expensas del sufrimiento de las personas; se necesita sensibilidad. Es fundamental ponerse en el lugar de las familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad”, añadió en referencia al posible veto presidencial a la ley.
Con 55 votos afirmativos queda aprobado en general el proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre del 2026
— Senado Argentina (@SenadoArgentina) July 10, 2025
La emergencia y la ley
La ley que aprobó este jueves el Senado aborda dos problemas urgentes que atraviesa el colectivo de la discapacidad, uno de los más agredidos por el plan motosierra:
*El ajuste sobre los prestadores. Se trata de un universo de más de 100 mil puestos de trabajo directos e indirectos, que asisten a unas 250 mil personas por obra social y del sistema público. Son profesionales, enfermeros, médicos, acompañantes terapéuticos, y escolares, transportistas y especialistas en rehabilitación: todos ellos tienen sus ingresos congelados desde diciembre, cuando recibieron un último aumento miserable, del 0,4 por ciento. Tienen un retraso respecto de la inflación de casi 70 puntos. Las instituciones no tienen de dónde sacar los recursos para pagarles: la ANDIS, el organismo que regula las políticas públicas para el sector, no convoca a la reunión de directorio para actualizar el valor de la hora de servicio. Una maestra de apoyo, por ejemplo, está cobrando 3200 pesos la hora. Como el Gobierno no actualiza ese “nomenclador”, el proyecto lo obliga a hacerlo todos los meses de acuerdo al IPC de inflación. Y también establece un bono compensatorio por los meses de retraso.
*El ajuste sobre las pensiones. El Gobierno planea recortar, a través de una auditoría en curso, unas 400 mil pensiones por invalidez. Casi un tercio del total. El resultado de la auditoría estará para fin de año, pero mientras tanto, la ANDIS se ocupó de endurecer los requisitos para futuros beneficiarios. A través de la misma resolución que contenía insultos como “idiota” para referirse al colectivo, estableció que para acceder a la pensión hay que acreditar una “invelidez laboral total”, del 66 por ciento. Además, la volvió incompatible con tener un trabajo formal. Eso deja afuera a un amplio universo de personas. La ley revierte ese retroceso: se podrá acceder sólo con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Según la oficina de Presupuesto del Congreso, el cambio “podría aumentar el número de beneficiarios por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas”, lo que supone “un refuerzo fiscal equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI”. El proyecto propone que esos fondos salgan de la reasignación de partidas.
