A solicitud personal, Alberto Fernández se presentó este viernes en Comodoro Py para ampliar su declaración en la causa Seguros, donde enfrenta acusaciones de defraudación al Estado por presunto direccionamiento en la elección de brokers y sobreprecios en comisiones a intermediarios en la contratación de pólizas para entidades públicas a través de Nación Seguros.
Frente al juez Sebastián Casanello, acompañado de su abogada, Mariana Barbitta, el expresidente negó las acusaciones, reiterando que su objetivo fue implementar una política pública relacionada con las pólizas para organismos y desmintió haber participado de manera particular en las contrataciones.
Además, Fernández solicitó al magistrado que convoque a declarar como testigos a su expareja y exsenadora Vilma Ibarra, al ex presidente del Banco Central Miguel Pesce, al exministro de Economía Martín Guzmán y al exministro de Relaciones Exteriores Santiago Cafiero.
El expresidente respondió durante casi dos horas a las preguntas de Casanello, la fiscalía y la defensa. Fernández compareció por primera vez ante el juez Casanello en este caso, dado que en noviembre del año pasado había sido interrogado por el anterior magistrado, Julián Ercolini, a quien recusó y no quiso responder.
Ahora, quien ocupó el cargo entre 2019 y 2013 brindó detalles sobre el funcionamiento de la “industria del seguro”, comentó sobre su relación con el corredor Héctor Martínez Sosa, esposo de su histórica secretaria, María Cantero, y enfatizó que la firma de un decreto que permitió la intermediación en la contratación de pólizas fue parte de una “política pública” y legal. “Fue una indagatoria muy productiva, con un excelente ambiente que la defensa agradece al juez”, destacó Barbitta a la salida de los tribunales federales de Retiro.
Casanello ahora debe decidir la situación procesal de Fernández y otros 37 imputados, incluidos Martínez Sosa y Cantero, quienes ya fueron indagados por Ercolini. La Cámara Federal porteña anuló el jueves la inhibición general de bienes de todos ellos, argumentando que habían transcurrido cinco meses desde la conclusión de las indagatorias —la última fue a principios de febrero pasado— sin que se resolvieran sus situaciones, por lo que no había justificación para esa medida restrictiva patrimonial.