La Legislatura porteña debate la creación del Régimen Integral de Promoción e Inversión PyME (RIPI), un proyecto de ley presentado por el legislador porteño de Vamos por Más (VxM) Pablo Donati, que busca reactivar la economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de beneficios fiscales e incentivos a la inversión productiva por parte de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. “No se trata de subsidios permanentes, sino de una política pública focalizada, temporal y condicionada al cumplimiento de objetivos concretos”, señala el texto en sus fundamentos.
En un contexto de fuerte retracción del consumo y altos niveles de presión fiscal, el proyecto apunta a frenar la caída del tejido productivo. Según datos oficiales citados en la propuesta, en los últimos 18 meses cerraron más de 12.200 MiPyMEs en el país y la tasa de desocupación en la ciudad ya alcanza el 7,8%. “Proteger al sector MiPyME no es un gesto asistencial, sino una estrategia racional para reconstruir desde abajo el tejido económico y social de la ciudad”, se argumenta.
¿Sabías que el 98% de las empresas en Argentina son PyMEs y generan +65% del empleo formal?
Pero hoy enfrentan una presión fiscal asfixiante, trabas y cero previsibilidad.
Por eso presentamos el #RIPI: un plan para que invertir y crecer en CABA vuelva a ser posible. Abro hilo 🧵…— Pablo A. Donati (@padonati) July 2, 2025
La iniciativa cuenta con antecedentes exitosos en provincias como Entre Ríos, Córdoba, Chaco y Mendoza, donde se implementaron regímenes similares con impactos positivos en empleo, inversión y valor agregado local. “Esas experiencias demuestran que la promoción productiva focalizada en MiPyMEs no solo es factible, sino estratégicamente deseable”, afirma el documento, que pone el foco en el efecto multiplicador de este tipo de políticas sobre la economía local.
El proyecto también prevé la creación de un registro de proyectos, una comisión evaluadora con participación multisectorial y una obligación de rendición de cuentas con informes públicos cada tres años. Además, promueve el acceso al financiamiento y contempla incentivos adicionales para proyectos que incluyan criterios de inclusión social o sostenibilidad ambiental.
Diseñado con un enfoque técnico y responsabilidad fiscal, el RIPI excluye del régimen a tributos clave como ABL, Patentes e Inmobiliario para no afectar los ingresos esenciales del Estado local. “Lo que se propone es transformar recursos fiscales inactivos en mayor actividad económica”, destaca el texto.
De aprobarse, el régimen tendría una vigencia de diez años y se convertiría en una herramienta estructural para el desarrollo económico porteño.