El director de Cultos de la provincia de Buenos Aires, Juan Ignacio Torreiro, realizó un viaje al Vaticano en representación del gobernador Axel Kicillof y expuso ante la Santa Sede una situación social y política caracterizada por la “conflictividad”, la cual, según el comunicado del funcionario provincial, generó “preocupación” entre sus interlocutores eclesiásticos.
En el contexto del Jubileo de los Gobernantes, Torreiro formó parte de un grupo de funcionarios de diferentes países que asistieron a una reunión con el papa León XIV y el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. Tras este encuentro, mantuvo una conversación con el jefe de Oficina en el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, padre Avelino Chicoma Bundo Chico. Esta dependencia se considera una especie de “ministerio social y ambiental”, donde el papa Francisco había nombrado a Juan Grabois, un referente de Patria Grande, el espacio político al que pertenece Torreiro.
“El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral convocó a Torreiro a una reunión para consultarle sobre la situación social y política de Argentina, por la que se mostraron preocupados”, se informó en un comunicado de Patria Grande.
“Uno de los puntos del informe fue la conflictividad social, con especial foco en la represión que lleva adelante el Gobierno todos los miércoles a jubilados, y también a los curas y pastores que los defienden, como fue el caso del Padre Paco [Olveira]. Este punto provocó la sorpresa de Avelino, al igual que el monto del haber mínimo que cobran los jubilados en la Argentina”, se aseguró en el comunicado.
Entre otras cuestiones, Torreiro denunció “el incumplimiento del principio de subsidiariedad del Estado, específicamente el recorte a las pensiones por discapacidad, el desfinanciamiento de universidades públicas y el desfinanciamiento del Hospital Garrahan”. El funcionario de Kicillof afirmó que “este último punto tuvo especial foco e interés”, porque le comentó a su interlocutor que “la Conferencia Episcopal Argentina se había pronunciado contra el desfinanciamiento del Garrahan y su presidente recibió a una delegación del hospital”.
Las denuncias del funcionario provincial se difunden dos días después de un pronunciamiento crítico de la Iglesia argentina. Anteayer, en una declaración de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), se apuntó contra el Gobierno por “el avance del narcotráfico” y el “retiro del Estado” de los barrios populares.
Además de poner de relieve “la disminución de los salarios y la baja en el consumo de carne y leche como reflejos del incremento real de la pobreza”, el director de Cultos provincial mencionó en el Vaticano “el recorte ilegal que sufrió la Provincia de Buenos Aires debido a la ley de coparticipación”. El área de Cultos está bajo la Jefatura de Asesores bonaerense, que está liderada por Cristina Álvarez Rodríguez.
Torreiro aprovechó la oportunidad para criticar la prisión domiciliaria impuesta a la expresidenta Cristina Kirchner, así como la detención de Grabois durante su ocupación en el Instituto Nacional Juan Perón. “El informe presentado aborda los recientes episodios de alta gravedad institucional que amenazan la convivencia democrática, tales como la persecución a Cristina Fernández de Kirchner, la detención ilegal de Juan Grabois sin orden judicial, la hostigación del Gobierno hacia periodistas y la promoción, tanto por parte del Gobierno como del propio Presidente, de discursos de odio, un tema que fue mencionado por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, en su homilía del último tedeum”, se indicó en el comunicado de Patria Grande.
“Finalmente, el informe detalla las causas que el Gobierno debe enfrentar en la Justicia. Por un lado, la criptoestafa $LIBRA, y por otro, el juicio contra el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, por la interrupción del suministro de alimentos a los comedores comunitarios, lo que vulnera el derecho a la alimentación de la población”, concluye el resumen sobre la reunión del enviado de Kicillof en la Santa Sede.
