El dispositivo es un iPhone 14 que fue confiscado a finales de 2023, tras un fallo dividido de la Cámara Federal. Nunca se logró acceder a su contenido, ya que Milman se negó a proporcionar el código de desbloqueo. Solo a finales de mayo, después de algunos avances en el caso, el diputado realizó una declaración espontánea ante Capuchetti y facilitó la clave de seis dígitos.
La jueza determinó que Gendarmería se encargara de la apertura y que se realizara “una extracción de información limitada al periodo” comprendido entre el 1 de julio de 2022, dos meses antes del atentado, y el 10 de mayo de 2023.
Además de los expertos de la Gendarmería, estará presente un perito designado por la querella.
La revelación sobre Milman provino del testimonio de un asesor legislativo, conocido como Jorge Abello, quien afirmó que el 30 de agosto de 2022 escuchó en el bar Casablanca una frase muy insinuante: “Cuando yo esté muerta, estaré en la costa”. Al día siguiente, Milman se dirigió a Pinamar, pero regresó el 1 de septiembre, justo cuando ocurrió el atentado.
El testigo que acusó a Milman ahora enfrenta cargos de falso testimonio y se ha solicitado su indagatoria. Durante la pesquisa, las autoridades llevaron a cabo un allanamiento en la vivienda de Abello, donde confiscaron su teléfono. Curiosamente, los peritos de la DATIP no lograron localizar el hipotético mensaje que Abello alegó haber enviado al entonces diputado Marcos Cleri. “Es notable que Cleri, quien era el empleador del imputado, se presentara de manera voluntaria y sin haber sido convocado para testificar, para informar a la jueza del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 5 sobre la existencia de un mensaje de texto en el que Abello mencionaba la frase en cuestión”, subrayó Taiano al solicitar la indagatoria.
En su testimonio hace un mes, Milman afirmó que su teléfono contenía una gran cantidad de información borrada por “cuestiones de Estado”. “Mi teléfono no es un dispositivo cualquiera. Mantengo relaciones con agencias internacionales de origen secreto, tenía fotos de familiares menores de edad, temas personales y asuntos de Estado. Como secretario de Estado a cargo de la DNIC, en ese teléfono había direcciones de narcotraficantes en Rosario, entre otros datos”, explicó.
Respecto al borrado de datos, Milman sostuvo que no era un delito, dado que no había ninguna causa en su contra en ese momento. “Aunque mi teléfono hubiera estado íntegro, no había ninguna evidencia. Y la justicia, cuando yo realicé esto, no requería mi teléfono; se puede verificar la fecha exacta. Pero cuando la justicia lo solicitó y la HCDN lo aprobó, lo entregué de inmediato”, argumentó.
Mientras avanza el juicio oral contra los tres acusados del atentado (Sabag Montiel, Nicolás Carrizo y Brenda Uliarte), la jueza Capuchetti prosigue con una indagación centrada en una serie de irregularidades ocurridas durante la investigación posterior. En las últimas semanas, se han tomado declaraciones testimoniales y la Gendarmería está evaluando las acciones de la Policía Federal.
La irregularidad principal se refiere a la situación de Brenda Uliarte, quien logró evadir a la Policía, a pesar de contar con una consigna policial. Un video, que se ha incorporado al expediente y fue revelado por Clarín, muestra a la joven saliendo de un edificio en Montes de Oca al 1200, donde se reunía la banda de los “copitos”, sin ser detenida, a pesar de que ya existía una orden de arresto en su contra. En la entrada del edificio estaban presentes dos agentes de inteligencia de la PFA.