El Senado volverá a reunirse el miércoles a las 11 para discutir la reforma de la Corte Suprema, en una sesión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales. A pesar de que el análisis técnico avanza, la confrontación política sigue paralizada. El oficialismo retrasa las negociaciones con la oposición hasta después de las elecciones, cuando espera aumentar su influencia en el parlamento.
En la actualidad, hay ocho proyectos en debate. Las propuestas para la ampliación del máximo tribunal varían entre siete y quince miembros, considerando la posibilidad intermedia de nueve jueces como una opción viable.
La mayoría de las iniciativas incluyen criterios de igualdad de género para asegurar un nivel mínimo de representación femenina, y además proponen una integración federal, con representantes de diversas regiones del país.
El plenario del miércoles contará con la exposición de María Esther Cafure de Battistelli, asesora y delegada de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina en Córdoba; Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; el constitucionalista Andrés Gil Domínguez; y Alberto García Lema, convencional constituyente.
El Gobierno prevé retomar la discusión tras el recambio parlamentario del 10 de diciembre. Los libertarios aspiran a robustecer su representación en el Senado y ganar margen de maniobra en una negociación áspera. En ese eventual nuevo escenario también podrían incluirse otras vacantes judiciales -como la del Procurador General y varios jueces federales-, así como una posible ampliación de los miembros de la Auditoría General de la Nación (AGN), donde hoy hay seis lugares vacantes sobre siete.
Dentro del peronismo, las diferencias internas complejizan aún más el escenario. Aunque el jefe del bloque de Unión por la Patria (UP), José Mayans, mantiene una línea formal de conducción, conviven diversas tribus políticas. Entre ellas, el senador Eduardo “Wado” de Pedro, uno de los principales operadores judiciales del kirchnerismo, junto a su hermano Gerónimo Ustarroz y el ministro bonaerense Juan Martín Mena.
La Corte Suprema se encuentra actualmente compuesta por solamente tres de sus cinco miembros. El intento de Javier Milei de completar el tribunal con el juez federal Ariel Lijo y el académico Manuel García-Mansilla no tuvo éxito debido a la falta de consensos. Con 34 senadores, el kirchnerismo juega un papel crucial en el debate, que requiere una mayoría especial de dos tercios (48 votos) para validar las designaciones.
El principal reproche de la Unión por la Patria (UP) hacia el Gobierno ha sido su falta de disposición para forjar un acuerdo amplio, a pesar del peso significativo que todavía posee el bloque en el Senado. La oposición pedía que se ampliara la negociación e incluyera todas las vacantes judiciales en un paquete integral, pero el oficialismo se mostró reticente y la discusión se estancó.
Solo tras este revés en la cámara, los libertarios accedieron a permitir una nueva conversación sobre el posible rediseño del máximo tribunal. En contacto con el oficialismo, el salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal) es quien impulsa la cuestión, con un proyecto propio que sugiere aumentar la Corte a siete miembros.