El Tribunal Oral Federal N° 2 dispuso el martes que Cristina Fernández de Kirchner, junto con otros ocho individuos condenados por corrupción, se presenten en Comodoro Py en un plazo no mayor a cinco días hábiles, con el propósito de llevar a cabo sus detenciones. Esta decisión se produce tras la ratificación de la condena por administración fraudulenta contra la ex mandataria por parte de la Corte Suprema de Justicia en la causa Vialidad.
Asimismo, la medida se extiende a Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich, quienes fueron sentenciados en el año 2022 por irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz entre los años 2003 y 2015.
El TOF N°2 dispuso que el Ministerio de Seguridad de la Nación asigne, en un plazo de 24 horas, una dependencia adecuada de las fuerzas federales para alojar a los condenados. Se indicó que la elección del lugar de detención deberá contemplar «las características particulares individuales» de cada uno de los involucrados.
Una vez completadas las detenciones, el Tribunal dispuso que se llevaran a cabo los cálculos de las penas y el ingreso formal de los condenados en los centros designados, en calidad de sentencia definitiva.
Cristina Kirchner fue sentenciada a seis años de prisión y a inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, además de un decomiso de $85.000 millones por haber liderado una asociación ilícita que favoreció a empresas de Lázaro Báez en las licitaciones durante su mandato. La Cámara de Casación ya había ratificado el fallo del TOF 2 en 2024, y la Corte Suprema confirmó esa decisión al desestimar los recursos interpuestos.
Luciani y Mola solicitaron la detención inmediata
Los fiscales Diego Luciani, titular de la Fiscalía General N.º 1 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2, y Sergio Mola, fiscal general adjunto de la Procuración General de la Nación, solicitaron la detención inmediata de los condenados, argumentando que el cumplimiento urgente de las penas “refuerza la finalidad preventiva” y “transmite un mensaje claro a la sociedad”.
Los fiscales enfatizaron que la pena de seis años impuesta a la expresidenta es “insuficiente y desproporcionada en comparación con el grave daño causado”, y recordaron que, durante los alegatos y en etapas posteriores, pidieron doce años de prisión para Cristina Kirchner y Lázaro Báez, quienes son considerados los máximos responsables de la situación.
En su presentación, argumentaron que dentro del Estado operó “una auténtica asociación ilícita que creó, diseñó, proyectó y ejecutó un plan sistemático de corrupción.” De acuerdo con lo señalado, el propósito fue “desviar fondos del Estado para un beneficio particular o de un tercero,” empleando como mecanismo la adjudicación de obras viales en Santa Cruz a empresas de Báez, “quien era amigo del entonces presidente Néstor Kirchner y socio comercial de este y su esposa en contratos privados de carácter ilícito”.
Asimismo, subrayaron que los actos de corrupción identificados “afectan de manera particular a los sectores más vulnerables” y que “en países como Argentina, donde los niveles de pobreza han superado el 50% de la población, no hay lugar a duda de que los condenados se apropiaron de fondos que eran escasos o inexistentes, lo cual impactó directamente en los derechos más básicos de la ciudadanía.”
Finalmente, se advirtió que la ausencia de una reacción judicial inmediata podría inducir a la percepción de que las normas contra la corrupción “no constituyen un estándar de conducta para los funcionarios públicos”. De acuerdo con su interpretación, lo que se encuentra en juego “es la credibilidad de todo el sistema judicial”.
Este caso representa un acontecimiento sin precedentes en la historia judicial y política del país, dado que se trata de la primera ocasión en que una expresidenta elegida por sufragio es citada a prisión por actos de corrupción cometidos durante su mandato.
