El dirigente del Frente Patria Grande, acompañado de los diputados Itai Hagman y Natalia Zaracho, tomó la sede donde funcionaba un museo y un centro de estudios de divulgación histórica. Luego, la Policía Federal lo detuvo y ahora intenta desalojar el lugar
El dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, ocupó este sábado junto a un grupo de activistas y diputados el edificio del Instituto Juan Domingo Perón, un centro de investigaciones históricas y de divulgación que el Gobierno anunció su cierre esta semana.
Luego lo detuvieron, en un operativo de desalojo que finalizó con incidentes.
Alrededor de 50 personas ingresaron alrededor de las 14 en la sede del edificio público. Además de Grabois, en el grupo estaban presentes los diputados nacionales de Unión por la Patria, Itai Hagman y Natalia Zaracho, el senador bonaerense Federico Fagioli, que forman parte del Frente Patria Grande.
Desde los balcones, los militantes colgaron una bandera con las consignas “Si no podés elegir, no hay democracia” y “Defendamos nuestra historia”.
“Hace minutos la juventud del movimiento nacional recuperó del odio gorila la antigua residencia de Perón y Evita donde funcionaba el instituto de estudios Juan Domingo Perón disuelto ilegalmente por el régimen de Milei”, señaló Grabois, con un posteo publicado desde su cuenta personal de X. “Aquí los antecesores de este gobierno tiraron sus bombas asesinas hace 70 años y el gobierno estafador destruyó las estatuas de nuestros próceres hace 7 días”, agregó.
“Acá había un museo, un lugar de homenaje permanente, como dicen las placas que todavía no sacaron. Varias ya las sacaron. Hicieron una cosa muy fea: pusieron una bolsa mortuoria en la estatua de Perón y Evita. Este era un lugar de referencia para gente de todas las ideologías y venían muchas personas de afuera” del país, agregó.
Según Grabois, la idea de que existían muchos gastos “es totalmente falso”.
“Tenía la posibilidad de dárselo a la ONG que ellos quieran para que lo gestione. Hay un montón de gente que está dispuesta a sostener este lugar gratuitamente”, contestó.
Tras la ocupación del establecimiento, se enviaron agentes de la Policía de la Ciudad y de infantería de la PFA, a la espera de instrucciones.
Con el anuncio oficial de cierre, el Partido Justicialista (PJ) presentó días atrás una medida judicial y le pidió al Gobierno que se transfieran el patrimonio, bienes y documentos que estén en la institución para hacerse cargo de su gestión, y asegurar la continuidad de sus funciones sin financiamiento estatal.
Poco después de conocerse la protesta, a través de un comunicado oficial, el ministerio de Capital Humano indicó que el organismo “contaba con 20 empleados y generaba un gasto anual de más de 400 millones de pesos”. Y justificó la decisión al señalar que “la totalidad de su presupuesto era destinado al pago de salarios y mantenimiento de servicios básicos, no habiendo realizado sus autoridades ninguna investigación a los fines de cumplir con el propósito del instituto”.
Nombrado oficialmente como Instituto Nacional “Juan Domingo Perón” de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas, el organismo fue creado en 1995 por el presidente Carlos Menem, y funcionaba desde 1997 en la antigua Quinta Unzué, en un edificio auxiliar, ubicado en la calle Austria 2593.
Destinada desde 1943 a residencia presidencial, el establecimiento solo cumplió esa función durante la gestión del general Perón. En ese domicilio murió Eva Perón en 1952, y el expresidente la habitó hasta su derrocamiento en 1955.
En 1958, el dictador Pedro Eugenio Aramburu ordenó su demolición, salvándose la actual sede del Instituto, que reúne biblioteca, hemeroteca, videoteca y archivo especializados.
“Para nosotros es un símbolo de los atropellos del Gobierno contra los derechos sociales. Acá se escribieron derechos muy importantes, que hoy se están violando, como los de la niñez. Quieren destruir el Hospital Garrahan, los de la discapacidad, los de la ancianidad, le sacan los remedios a los jubilados, la educación superior gratuita. Muchos de esos derechos se forjaron acá, y son parte de la identidad de nuestro país”, indicó Grabois.
“Va a haber una permanencia pacífica. ¿Hasta cuándo? Salvo que haya una orden judicial, que apelaremos. Haremos todo el procedimiento legal correspondiente. Yo estoy no solo en mi carácter de ciudadano. Estoy ejerciendo mi profesión como abogado. Así que, la verdad, nosotros no les tenemos miedo. Nosotros creemos que el miedo se contagia y el coraje también se contagia”, advirtió Grabois.
