En una sesión cargada de tensiones políticas, la Cámara de Diputados aprobó la declaración de emergencia en discapacidad con 126 votos a favor, 70 en contra y 15 abstenciones. La iniciativa, impulsada por el diputado Daniel Arroyo (Unión por la Patria), busca garantizar derechos fundamentales para las personas con discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.
Los votos afirmativos provinieron de los bloques de Unión por la Patria (UP), Democracia para Siempre, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y un sector de Encuentro Federal. Entre los diputados que votaron a favor se encuentran Daniel Arroyo (UxP), Nicolás Del Caño (FIT) y Carla Carrizo (Democracia para Siempre). El proyecto propone actualizar las prestaciones según el Índice de Precios al Consumidor y fortalecer los servicios para personas con discapacidad.
El rechazo vino principalmente del Pro y La Libertad Avanza (LLA). Diputados como José Luis Espert (LLA) y Martín Maqueyra (Pro) votaron en contra, argumentando preocupaciones fiscales y la necesidad de auditorías más efectivas. Maqueyra expresó que su espacio no acompaña la declaración de emergencia, aunque sí propone actualizar las prestaciones por IPC.
APROBAMOS EN DIPUTADOS LA EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD!
El resultado de la lucha colectiva, de cada familiar, profesional y persona con discapacidad que salió a defender derechos.Ni las jubilaciones, ni la discapacidad atentan contra el déficit fiscal.
Lo que atenta contra el… pic.twitter.com/gxncodLWKx— Pablo Carro (@PabloCarroOk) June 5, 2025
Las abstenciones provinieron de diputados de la Unión Cívica Radical y otros miembros de Encuentro Federal. Lisandro Nieri (UCR) destacó la necesidad de actualización y auditorías efectivas, proponiendo además la promoción del empleo para personas con discapacidad.
Durante el debate, Arroyo criticó al gobierno por su manejo de las políticas de discapacidad, calificándolo de “crueldad e ignorancia”. Señaló que hay cerca de 500.000 personas que aplicaron para la pensión por discapacidad, pero solo accedieron 586 en los últimos 14 meses. Además, mencionó que un trabajador con discapacidad en talleres protegidos cobra $28.000 mensuales, monto que no se actualiza desde febrero de 2023.
El proyecto ahora pasa al Senado para su tratamiento. De ser aprobado, establecerá un marco legal para asegurar el acceso a salud, educación, trabajo y protección social para las personas con discapacidad en Argentina.
