Kicillof se planta ante el blanqueo de Milei: exigirá trazabilidad e impuestos

Kicillof se planta ante el blanqueo de Milei: exigirá trazabilidad e impuestos

El titular de ARBA, Cristian Girard, dijo que los cambios carecen de seguridad jurídica.


Las acciones del Gobierno para motivar a los argentinos a retirar sus dólares del “colchón” parecen no ser suficientes para evitar que continúen vulnerables. A pesar de las regulaciones publicadas el viernes en el Boletín Oficial que restringen el intercambio de información con la exAFIP (ARCA), los gobernadores sostienen sus propios sistemas de información y supervisión. Y, según confirmaron desde varias jurisdicciones, seguirán manteniendo ese control.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, cuestionó esta mañana la falta de claridad en los recientes anuncios del Gobierno nacional y remarcó que, “pese a las declaraciones oficiales, no se produjeron cambios sustanciales en las obligaciones tributarias vigentes”. De esta forma, aclaró que la Agencia continuará aplicando las herramientas de fiscalización con las que ya viene trabajando.

“No hay modificaciones concretas en términos normativos. Las medidas difundidas hasta el momento carecen de seguridad jurídica y parecen más una promesa electoral que una política tributaria efectiva y un manotazo de ahogado porque no logran acumular reservas en el marco de la liquidación de la cosecha gruesa”, sostuvo el funcionario del fisco provincial, que responde a Axel Kicillof.

El gobernador optó por confrontar el blanqueo virtual del presidente Javier Milei y notificó que podrá indagar sobre el origen de los fondos, además de recaudar lo que corresponda en impuestos provinciales por los ingresos adicionales.

De esta forma, si bien ARCA ya no recibirá información de los bancos sobre acreditaciones de más de $ 50 millones de individuos, ARBA seguirá aplicando los mismos criterios de control. “Los impuestos provinciales, como Ingresos Brutos o el Inmobiliario, no se ven afectados por estos anuncios. Y la fiscalización sigue firme, porque la obligación de tributar según la capacidad contributiva no cambió”, explicó Girard.

Hasta este momento, la mayoría de los gobernadores habían permanecido en silencio, pero en algunos distritos importantes ya comenzaron a establecer limites al “plan de reparación histórica de los ahorros”. Este es el caso de la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Axel Kicillof criticó el domingo al presidente Javier Milei por la interrupción del envío de fondos para completar obras locales.

En este sentido, el director de ARBA indicó que hasta el momento solo se ha llevado a cabo la derogación o modificación de algunos regímenes de información, así como la instauración de un régimen simplificado para el impuesto a las Ganancias, que todavía no ha sido oficializado. En esta última situación, los contribuyentes afectados no estarán obligados a declarar cambios en su patrimonio, sino que solo deberán informar sus ingresos y gastos deducibles.

“Se lo presenta como una reparación para ahorristas, pero en realidad es un mecanismo de blanqueo encubierto que habilita la legalización de flujos de fondos no declarados. No apunta a ahorros acumulados, sino que apunta a que no se acumulen fondos no declarados a la espera de un futuro nuevo blanqueo. Pero la normativa vigente en materia penal tributaria y de prevención del lavado de dinero sigue intacta. Eso deja a las y los contribuyentes en un limbo legal”, advirtió Girard.

Por otra parte, advirtió que “mientras no haya una norma sancionada por el Congreso, todo queda en un terreno incierto. Si una persona adhiere al régimen y luego se comprueba que utilizó fondos de origen ilícito, se le aplicará la normativa vigente. Esto no es una amnistía ni un nuevo orden fiscal. Lo único concreto es que ARCA deja de controlar. Párrafo aparte para la responsabilidad que asumen quienes deciden no reclamar impuestos evadidos”, explicó.

Para concluir, Girard señaló que se asegurarán del cumplimiento de las obligaciones fiscales. “Nuestra misión es garantizar que quienes tienen una mayor capacidad económica paguen lo que les corresponde. Esa es la única forma de establecer un sistema justo y de recaudar con equidad para mantener políticas públicas que beneficien a toda la sociedad”, afirmó el funcionario.

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