Donati propone alivio fiscal para comercios afectados por obras públicas

El legislador del bloque de Compromiso Liberal Republicano en la Legislatura porteña, Pablo Donati, presentó el pasado 13 de mayo un proyecto de ley que busca establecer un régimen de alivio fiscal para actividades económicas afectadas por obras públicas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La iniciativa contempla la reducción del pago del Impuesto Inmobiliario y de la Tasa por Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) para comercios, industrias, servicios y espacios comunitarios que sufran afectaciones directas por intervenciones urbanas.

El proyecto define como obras públicas a todas aquellas ejecutadas o contratadas por el Gobierno porteño que alteren el espacio público o la infraestructura urbana, como obras viales, hidráulicas, ferroviarias o edilicias. Para acceder al beneficio, el inmueble afectado deberá estar ubicado dentro de un radio de 100 metros del área intervenida y demostrar, mediante pruebas documentales, una disminución significativa de su actividad o ingresos.

“El objetivo es corregir una injusticia evidente: no se puede exigir tributos donde el propio accionar del Estado impide el desarrollo normal de una actividad”, argumentó Donati en los fundamentos del texto. El proyecto incluye como causas de afectación la obstrucción de accesos, la alteración del tránsito peatonal o vehicular, la caída del flujo de clientes y la reducción comprobada de ingresos.

La normativa contempla un descuento de entre el 50% y el 100% del impuesto, dependiendo del grado de afectación, y establece un procedimiento digital, ágil y con verificación automática. También habilita que trabajadores informales, cooperativas y asociaciones civiles puedan acceder al beneficio mediante documentación alternativa. La AGIP (Administración Gubernamental de Ingresos Públicos) será la autoridad de aplicación.

Donati señala que solo en 2024 se ejecutaron al menos 56 obras de infraestructura en simultáneo en las 15 comunas de la Ciudad, generando serias dificultades para comerciantes y emprendedores. En su propuesta, también destaca experiencias internacionales similares en Filadelfia, El Salvador y Ciudad de México, que aplican créditos fiscales o exenciones para mitigar el impacto de las obras estatales en la economía local.

“El Estado no puede comportarse como un cobrador automático e insensible. Esta ley no crea privilegios ni subsidios, sino que corrige distorsiones generadas por el mismo gobierno”, concluye Donati. El proyecto ya se encuentra en la Legislatura y podría convertirse en una herramienta clave para proteger a los pequeños comerciantes en contextos de transformación urbana.