A raíz de diferencias en la determinación de las obligaciones por Ingresos Brutos del sector bancario correspondientes a 2002, como producto de las situaciones de excepción originadas por la salida de la convertibilidad, las entidades generaron una deuda abultada. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos avanzó con el tema y ya se han aceptado las liquidaciones por parte de cuatro bancos, mientras se siguen liquidando las determinaciones de otras 55 entidades.
La deuda total estuvo estimada en el período anterior en alrededor de 3600 millones y su pago prescribía en un corto plazo. Dichos cálculos contenían al decir del gobierno del PRO desde errores de cálculo hasta la aplicación heterogénea de la imposición. Por su parte, el gobierno de Mauricio Macri estudió nuevamente la situación durante ochos meses y arribó a la conclusión que lo adeudado sumaba entre 800 y 900 millones de pesos. La normalización permitió hasta el momento la recaudación de 65 millones de pesos por parte de la administración porteña.
El nuevo análisis, realizado por la Direcciones Generales de Rentas y de Análisis Fiscal también tuvo su paso por la Procuración General de la Ciudad.
El equipo analizó los ajustes notificados o en curso, buscó la aplicación de criterios técnicos uniformes, planteó los interrogantes que los dictámenes emitidos no abarcaban y se dispuso a corregir los errores expuestos en los descargos no resueltos, alcanzando una nueva determinación ajustada al Código Fiscal y la Ley Tarifaria que permitió poner en marcha el proceso de cobro.
La situación histórica
La casi totalidad de los bancos que operan en el mercado local mantenían impagas buena parte de sus obligaciones por Ingresos Brutos correspondientes al 2002. Los anticipos mensuales de las entidades financieras de ese año debían repetir provisoriamente lo pagado en 2001 -año de la crisis- hasta que, con la presentación de balances (suspendidos por todo el año) se obtuviera una forma certera de cálculo del impuesto, ya que la contabilización de los movimientos no respetaban las normas hasta ese año emitidas por la autoridad de aplicación.
Sobre las determinaciones que alcanzaban teóricos 3600 millones de los cuales 2 mil correspondían a sólo dos de las 61 entidades, no se realizaron avances por parte del fisco porteño, salvo intimaciones y propuestas de dos moratorias que fueron rechazadas por los bancos. Estos, ante cifras que consideraban desproporcionadas en función de la realidad económica de ese entonces prefirieron impugnar la totalidad de la pretensión fiscal y continuar con los procesos administrativos y judiciales.
La AGIP aspira a cobrar la totalidad de lo adeudado, algo que incluye los intereses resarcitorios. Espera hacerlo a través del pago voluntario o de la prosecución de las acciones judiciales correspondientes.
