La Cámara Federal de Buenos Aires ha decidido reabrir la denuncia presentada por el diputado radical Facundo Manes contra el asesor presidencial Santiago Caputo, relacionado con amenazas, tras el fuerte enfrentamiento que tuvieron al finalizar el discurso de Javier Milei que marcó el inicio del año legislativo.
Los magistrados Roberto Boico y Martín Irurzun instruyeron a la jueza María Eugenia Capuchetti a que, antes de archivar el caso por falta de delito, evalúe si el denunciante, Manes, tiene la capacidad de actuar como querellante y, en consecuencia, solicitar la realización de pruebas y promover la acción penal.
Esto se materializa tras la decisión del fiscal Ramiro González, quien determinó que no existían pruebas suficientes para considerar que se había cometido algún delito en el intercambio entre el legislador nacional y el asesor del Presidente. Los magistrados señalaron que Capcuhetti debe revisar el archivo, ya que era fundamental “establecer previamente si, como se solicitó, quien aboga por la continuación de la instrucción y la implementación de acciones específicas para profundizarla, cuenta o no con la capacidad legal para ejercer las facultades que la ley otorga al particular afectado”.
“Analizar todo esto –es decir, la constitución o no como querellante y, de ser el caso, la viabilidad de las medidas solicitadas en ese supuesto carácter, que buscan obtener una comprensión completa de lo sucedido– es una condición necesaria que debe ser tratada antes de cualquier análisis de fondo que, eventualmente, podría optar por llevar a cabo la magistrada de grado”, afirmaron los jueces.
Y se consideró que esto es particularmente necesario dado que el fiscal decidió no presentar cargos y desestimó la denuncia. Por ello, la Cámara Federal declaró la nulidad del archivo y ordenó a la jueza que “se pronuncie sobre la posibilidad de constituirse como querellante de Facundo Manés”.
Además, si así lo estima conveniente, debe pronunciarse sobre la realización de las pruebas solicitadas por Manés, con el fin de “obtener un conocimiento integral de lo sucedido y lo que corresponda por derecho en consecuencia”.
En un voto disidente, el juez Eduardo Farah opinó que “el tribunal posee los elementos necesarios para tomar una decisión en esta ocasión sobre dichos planteamientos, sin que vislumbre una justificación que conduzca a la nulidad”.