En una causa que investiga la muerte de una menor en abril de 2006 en un accidente ferroviario cercano a la estación Paternal, el juez federal Ariel Lijo resolvió ordenar al Jefe de Gabinete de la Ciudad, al concesionario del ferrocarril San Martín y al titular del Organismo Nacional de Bienes del Estado (ONABE), "poner fin en lo inmediato" a las situaciones de riesgo en que viven las personas asentadas en las cercanías de las vías, y tomar "las medidas necesarias" para prevenir y evitar futuras tragedias ferroviarias.
En la investigación, el magistrado pudo constatar gracias a la filmación de la cámara ubicada en la locomotora, la ausencia total de cualquier elemento que dificultara el acceso a las vías por parte de las personas que viven precariamente a "escasísima distancia" de ellas.
Si bien, la responsabilidad, tanto de los padres de la menor como de los funcionarios del Estado y de la empresa concesionaria, continúa siendo analizada, en jurisprudencia dictada por la Sala I de la Cámara Federal se señala que "es imposible descartar a priori las responsabilidades penales de quienes desde el sector público y también del privado, toleraron esa situación que, en principio, no podía ser desconocida" ya que accidentes similares se reiteran en la zona cercana a la estación Paternal.
De no cumplir con la orden judicial que intima a "realizar las acciones necesarias para hacer cesar el riesgo", los funcionarios públicos podrían ser reprimidos "con prisión de un mes a dos años" según lo establece el artículo 248 del Código Penal.
