La voluntad popular ha sido utilizada por el poder político a lo largo de la historia para justificar, respaldar o impulsar decisiones personales, corporativas o gubernamentales, ungiendo de legitimidad hasta la crucifixión de Jesucristo. Nadie niega que la voz del pueblo es muy poderosa, y saber escucharla, entenderla y utilizarla es un arte que muchos quieren dominar, pero pocos consiguen hacerlo con altura.
El pasado 10 de abril la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (CASSABA) realizó elecciones para la renovación total de sus autoridades. Cuatro listas se presentaron. Tres de ellas defendían la continuidad de la institución creada por la Legislatura en noviembre de 2003, y otra se lanzó a la competencia con la derogación de la Ley 1.181 como lema.
Con una participación escasa, sólo 3.013 letrados emitieron su voto, sobre un padrón de más de 20 mil afiliados, la Lista 2, denominada ?Derogación y Distribución?, encabezada por el ex legislador porteño Jorge Enríquez, se alzó con el 50.2 por ciento de las voluntades. Lucio Ibáñez, candidato a presidente de la Caja por la lista oficialista ?Solidaridad y Gestión?, obtuvo el 30 por ciento. La propuesta de la Lista 3, ?Abogados por la Igualdad?, liderada por Juan Hussey, recibió el apoyo de 338 electores; y Alejandro Pereyra, de ?Cambio Solidario?, quedó en último lugar con 252 votos.
Enríquez, pipón (o satisfecho), aseguró que ?desde el primer día? a cargo de la presidencia de la Caja se abocará ?a desarrollar, sin la menor dilación, la tarea a la que nos comprometimos con nuestros colegas?, además de agregar que los resultados revelan que ?los que fueron a votar, mayoritariamente quieren la derogación y al alto porcentaje que no participó, no le interesa si continúa la institución o no?.
?La contundencia del resultado nos permite confiar en que la Legislatura pondrá fin a un régimen que nunca fue querido por sus destinatarios?, subrayó.
La voz se escuchó. Pero no todos los legisladores, ni los bloques, oyeron lo mismo.
El primero en presentar un proyecto de derogación de la Ley 1.181 después de los comicios, fue el diputado del Frente para la Victoria Sebastián Gramajo. Al día siguiente de las elecciones en CASSABA, sin mencionar en sus fundamentos el triunfo del ex legislador macrista pero agradeciendo ?a las autoridades del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (…) su disposición para despejar las dudas propias que surgieron en la elaboración? del proyecto, el legislador kirchnerista reiteró la propuesta para la derogación y liquidación de la Caja que había impulsado durante el 2007, criticando la incorporación ?compulsiva a un organismo de previsión y seguridad social? de la matrícula de abogados y procuradores, cuestionando, por si fuera poco, la ?facultad de autorreglamentación? concedida al Directorio.
El pasado martes, el legislador PRO Martín Borrelli, fiel a su oposición histórica a la institución, también presentó un proyecto de derogación, el cual se diferencia de los ya presentados (tanto del de Gramajo como de las propuestas de derogación aún vigentes de Fernando Caeiro y de Jorge Enríquez) para postular como comisión liquidadora de la Caja, no a un grupo de representantes del Ejecutivo, el Legislativo y el Colegio de Abogados, sino ?al Directorio consagrado en las elecciones de CASSABA?, y que así sean ?los 5 representantes de la mayoría y los 4 de la minoría (3 de Germano y 1 de Hussey) los que decidan?.
?Creo que la Ciudad se excedió al crear la Caja, pero más allá de los debates jurídicos, todos los argumentos se terminaron el 10 de abril con la expresión de los abogados en las urnas?, aseguró Borrelli. Y agregó: ?Lo de CASSABA fue un plebiscito en si mismo. Durante años un grupo de colegas se arrogó conocer la voluntad de todos los abogados desde un pretendido solidarismo, pero no era más que una solidaridad a palos.
Apareció Jorge Rizzo y ganó tres elecciones con la misma propuesta opositora a la Caja. A los defensores de CASSABA en la Legislatura se les comenzó a complicar la situación. Entonces se decidió esperar que los abogados decidan en las elecciones, pero no se esperaban un resultado tan contundente?.
Luego de resaltar que Enríquez participó en una elección con el padrón diseñado por el oficialismo y donde no se contaban los 1.500 matriculados que firmaron la cautelar impulsada por Rizzo, Borrelli remarcó que ?cuando se liquide CASSABA, la historia va a reconocer a dos Jorges. A Rizzo, que fue quien pateó el tablero y le abrió los ojos a la matrícula, y a Enríquez, que tuvo la valentía para presentarse en una elección donde todos pensaban que ganaban los defensores de la institución, con el objetivo de lograr desde dentro de la institución lo que no pudo hacer como legislador?.
Entretanto, en algunos despachos legislativos se asegura que ?la modificación ya no existe como opción en el debate parlamentario? y que sólo se discutirá ?la forma en que se liquidará la Caja, la distribución de los aportes y la situación de los beneficiarios de subsidios ya otorgados?.
?Hay que hacer una lectura correcta de la elección?, propuso el presidente de la Comisión de Legislador General, Marcelo Meis (PRO). ?El 50 por ciento votó por la derogación, pero el otro 50 no. Los 1.500 que eligieron la derogación no son representativos de la totalidad de los aportantes a CASSABA. Yo sigo siendo defensor de la Caja y voy a retomar el proyecto de modificación de Jorge San Martino que era el que en diciembre pasado tenía la mayoría legislativa, aunque sólo obtuvo el despacho de minoría en comisión?, adelantó.
Sin querer confrontar con su compañero de bloque, Meis criticó a la postura de los legisladores kirchneristas que impulsan la derogación. ?Los K hablan de redistribución y solidaridad, pero en este tema están aliados a los grandes estudios que están en contra de la Caja. Se hacen gárgaras de populismo pero hay una gran contradicción ideológica. Lo más grave es la liquidación que se está proponiendo, de aprobarse se van a encontrar con complicaciones jurídicas serias. Todo no puede definirse votando; el Estado tiene una responsabilidad que debe predominar por sobre las voluntades personales y me abocaré a la búsqueda de aliados, adentro y afuera del bloque en defensa de un sistema de previsión social beneficioso para sus afiliados?, dijo Meis.
En dos semanas se podrían comenzar a tratar los proyectos en comisión y en poco más de un mes, el futuro de CASSABA tal vez definido. Pero nadie descarta que tras los comicios del 22 de abril en el Colegio Público de Abogados de la Capital se pudiera perjudicar el tratamiento del tema. La reelección de Jorge Rizzo y su Gente de Derecho podría ser utilizada por parte de la oposición local como una molesta piedra en el zapato del macrismo.
?Tal vez no se trate para que Rizzo se ponga loco y cargue las tintas contra Macri; además a ninguna fuerza política le conviene que la derogación sea entendida como un triunfo del Presidente del Colegio?, comentan algunos.
Si para algunos la voz del pueblo es la voz de Dios, para otros, el Supremo sólo habla en idioma financiero.
