El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Aníbal Fernández, en declaraciones al canal Todo Noticias (TN), minimizó la denuncia por la red de prostíbulos cercanos al Departamento Central de Policía, que fueron escrachados el pasado martes. En ese contexto es que omitió decir que los prostíbulos están prohibidos por ley, al igual que la venta y consumo de cocaína dentro de esos locales.
Por ello, las ONG’s que impulsaron la investigación de los prostíbulos y posteriormente escrachados, la Alameda y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), presentaron en la justicia un pedido para el que el funcionario nacional de explicaciones.
"Son cuestiones de relevancia para la investigación de esta causa por cuanto no sólo pueden significar la explicación de porqué creció de esta manera incontrolada la red de prostitución y narcotráfico sino además de cierta combinación de inacción policial y de corrupción dentro de la fuerza", figura en el escrito al juez Norberto Oyarbide que debe investigar la denuncia de las organizaciones y vecinos presentada por una decena de diputados.
El documento judicial al que accedió en exclusiva NOTICIAS URBANAS prosigue diciendo que "esta línea política del señor ministro entraña, por un lado, dejar de lado leyes de orden público que debe hacer cumplir, tratados de Derechos Humanos que debe respetar y proteger y, además, no vigilar adecuadamente una fuerza de seguridad que está a su cargo. Esta línea política confluye con otra línea también impulsada por el señor ministro relativo a la modificación de la ley 23.737 (de drogas)".
Tras estos argumentos es que los denunciantes (ver fotos), Gustavo Vera de La Alameda y Juan Grabois del MTE, solicitan como medida de prueba que el magistrado "requiera un amplio informe acerca de las medidas de política criminal tomadas por el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos en relación con el efectivo cumplimiento de la ley 12.331 y de la Convención para la Represión de la Trata de Personas y Explotación de la Prostitución Ajena ratificada por ley 11.925 así como de las medidas adoptadas para combatir la delincuencia organizada en torno de los prostíbulos y relacionada con el tráfico de estupefacientes y la corrupción policial. Estas cuestiones también tienen vinculación con el llamado Protocolo de Palermo y la Convención Interamericana contra la Corrupción, tratados que nuestro país tiene la obligación de cumplir".
El juzgado Federal Nº 7, subrogado por el cuestionado Oyarbide, recibió de la mano de su secretario este miércoles, a las 13, la presentación de los militantes que sucede en el marco de la denuncia contra la red de prostíbulos, que en los próximos días ratificará el titular del bloque Coalición Cívica en el Congreso Nacional, Adrián Pérez.
La denuncia firmada por una decena de legisladores nacionales y porteños requirió que la investigación debe determinar "la eventual responsabilidad del jefe de la Policía Federal, Néstor Jorge Valleca, en su calidad de responsable máximo de la referida fuerza de seguridad, toda vez que el funcionamiento público y notorio de esta red criminal y su ubicación en las cercanías del Departamento Central de Policía no pudo pasarle desapercibida, así como tampoco el irregular funcionamiento de las Seccionales 16 y 4 de la fuerza de seguridad a su cargo".
Las ong’s agregaron a la causa que Aníbal Fernández "parece ignorar que el artículo 15 de la ley 12.331 establece que ?queda prohibido en toda la República Argentina el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella?".
