El 24 de junio, en la sesión más larga de la Legislatura porteña de lo que va del año, se aprobó la ley 2.811 derogatoria de la norma 1181 que creó la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad (CASSABA). Tras su publicación en el Boletín Oficial porteño el pasado día jueves, la ley entró en vigencia.
De acuerdo a lo establecido en la norma, a partir del 1º de agosto de 2008 los afiliados a la Caja ya no tendrán obligación de realizar aportes y contribuciones; y aquellos abogados y/o procuradores que no hubieran realizado sus aportes en tiempo y forma, deberán regularizar su situación previsional ante el sistema que corresponda.
La Caja se cerró, pero el trabajo dentro de CASSABA será intenso. Según detalla la norma en sus 19 artículos, en los próximos 12 meses -y con sólo una posibilidad de prorroga por un año más-, la Comisión Liquidadora será la encargada de liquidar y distribuir CASSABA.
Si bien el proyecto original presentado por el macrismo proponía que la Comisión Liquidadora fuera conformada por los 9 miembros del Directorio de la Caja electos en los pasados comicios, la norma aprobada finalmente estableció que dicha comisión deberá ser integrada por cinco representantes del Directorio y cuatro en representación de la Legislatura (ambos estamentos con sus respectivos suplentes).
"La derogación de esa ley y la distribución de los fondos acumulados a sus aportantes fueron los lemas con los que nuestra lista ‘Derogación y Distribución’ se presentó a las elecciones de renovación de autoridades de CASSABA en abril de este año, en las que obtuvo un contundente triunfo con el 50,27 por ciento de los votos emitidos. A partir de ese mismo momento comenzó un intenso trabajo de las autoridades electas en pos de los objetivos que los colegas habían convalidado ampliamente en los comicios. Esa tarea se profundizó desde el momento de la asunción. En tan sólo 24 días de gestión se alcanzaron la casi totalidad de las metas planteadas", expresó Jorge Enríquez, quién fue presidente de la institución por escasos días, y que a partir de ahora formará parte de la Comisión Liquidadora. Y, en diálogo con NOTICIAS URBANAS agregó: "El martes nos reuniremos para definir quiénes serán los representantes por CASSABA. Las minorías no evidenciaron voluntad de participar en la liquidación. En nuestro sector han resuelto que yo sea el presidente de la Comisión Liquidadora. La Legislatura, en los próximos días, designará a sus representantes. Supongo que deberían surgir de aquellos que estaban de acuerdo con la derogación".
Los cuatro integrantes de la comisión en representación de la Legislatura podrían surgir de los acuerdos entre el bloque macrista (que, por ser mayoritario propondría dos o tres representantes), un sector del Frente para la Victoria y el bloque Autonomía con Igualdad.
La comisión deberá garantizar la continuidad de 55 pensiones y 1 jubilación, otorgadas por CASSABA y deberá ofrecer a los beneficiarios las variables y posibilidades que mejor hagan a su derecho y que respondan al criterio de eficiencia y economía de la gestión. La propuesta definitiva para cada uno de los beneficiarios deberá ser aprobada por la Asamblea.
Las solicitudes de beneficios que se encuentren en trámite también deberán ser resueltos por la Comisión Liquidadora en el plazo perentorio de treinta días a partir de la entrada en vigencia de esta ley.
"Censados hay 44.584 profesionales -aquellos que alguna vez hicieron alguna contribución a la Caja-, pero aportantes son muchos menos -unos 9 mil-. Vamos a celebrar convenios a efectos de garantizar los derechos previsionales de los abogados, con el sistema de reparto, AFJP o cajas profesionales", comentó Enríquez.
Entre las tareas que deberá encarar la comisión en los próximos 12 meses vinculadas a la liquidación y distribución del patrimonio de CASSABA se destaca: la venta en pública subasta efectuada a través del Banco Ciudad (al contado y al mejor postor) de los bienes muebles e inmuebles; el giro de los fondos para cumplir con las obligaciones previsionales de los afiliados a los respectivos sistemas previsionales; la entrega a cada uno de los afiliados de una carpeta con los antecedentes previsionales; ceder a título oneroso y a condiciones de mercado la cartera de créditos y activos financieros de la entidad al Banco Ciudad; y, luego de cubrir las obligaciones y deducir los gastos administrativos, los fondos remanentes deberán ser distribuidos entre los afiliados aportantes.
"Ya está iniciado el proceso de remate del edificio. En 60 días debería estar finalizado. Una vez subastado al mejor postor -la tasación del Banco Ciudad es de 4 millones de dólares-, se alquilará una oficina que nos costará mucho menos que el costo de mantenimiento de un edificio que excede las necesidades de la comisión. Ya hemos logrado muchísimos ahorros -gasto de refrigerio, celulares, mantenimiento de una planta del edificio y sueldos-", describió el ex legislador porteño. Y agregó: "Luego de la publicación de la ley, hemos mandado notas a los bancos; este viernes termina la feria y el lunes las entidades bancarias podrían retener aportes y contribuciones, con las notas evitamos que esto ocurra. También enviamos una nota a la Legislatura para que designe a sus representantes y a la Corte para que derogue las acordadas vinculadas a CASSABA".
Hasta tanto no esté finalizado el proceso de liquidación, los 66 millones de pesos de activos financieros, seguirán a cargo de las administradoras fijadas por la gestión encabezada por Hugo Germano.
"CASSABA ya es un mal recuerdo. Que no nos fabriquen otro monstruo igual con padres nuevos y un nombre distinto. Por nuestra parte, estaremos atentos para que ello no suceda y nos dedicaremos, en cuanto nos corresponde, a la liquidación de CASSABA y a la restitución de los fondos aportados a sus titulares", dijo Enríquez.
Y finalizando, resaltó: "Va a quedar plata para repartir a prorrata entre los afiliados, tengo los números muy claros; aunque algunas situaciones generaron gastos que no estaban contemplados. Curiosamente, el 11 de abril, un día después de las elecciones en CASSABA, apareció un abogado opositor a la Caja y le sugirió a todo el personal que se sindicalizara y entraron en el convenio de UTEDyC (Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles) y hubo que actualizar algunos sueldos. Estoy convencido que no va a ser necesario prorrogar la gestión de la Comisión Liquidadora, con 12 meses va a alcanzar, salvo que ocurran imponderables como causas judiciales".
