Las tres cabezas del Ministerio Público de la Ciudad -el fiscal General, Germán Garavano; el defensor General, Mario Kestelboim; y la asesora General Tutelar, Laura Mussa- participaron por primera vez en lo que va del año, de la reunión de diputados de la Comisión de Justicia.
El encuentro se realizó en la tarde del pasado miércoles en el Salón Juan Domingo Perón del Palacio Legislativo porteño. Ante una concurrencia numerosa -mayoritariamente asesores de diputados, de consejeros de la Magistratura y de las autoridades del Ministerio Público, destacándose la presencia de la jueza y ex presidenta del Consejo de la Magistratura, Carla Cavaliere, en representación de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad-, el presidente de la Comisión de Justicia, Martín Borrelli, dio inicio al encuentro.
"En esta oportunidad vamos a abordar proyectos de ley en tratamiento, particularmente aquellos que promueven la modificación de la Ley 7, y no vamos a desaprovechar esta oportunidad para escuchar las observaciones de las autoridades del Ministerio Público en esta primera visita a la nueva conformación de la comisión", abrió el legislador macrista, tras presentar a Mussa y Kestelboim (Garavano se integró unos minutos más tarde) y a los diputados reunidos (Ivana Centanaro, Martín Ocampo, Juan Manuel Olmos, Cristian Ritondo, Gerardo Ingaramo, Gonzalo Ruanova, Marcelo Meis y Guillermo Smith).
"No tenía bien claro el sentido de la reunión, y si bien leí todos los proyectos de reforma, quiero explicar cual es la función de la más desconocida de las instituciones, la Asesoría Tutelar", dijo Laura Mussa al inicio de su exposición. Tras remarcar que el asesor de menores en el régimen de patronato era "una figura inconstitucional" y que respetando la ley de la Ciudad y la Convención de los Derechos del Niño "requiere un nuevo perfil", la Asesora General Tutelar subrayó que quiere que la Asesoría "sea una agencia jurídica de control sobre las acciones que se diseñan y ejecutan para la infancia".
"No debo arrogarme el rol de llamar a un hospital para pedir una cama, debo comprobar que el Estado haya respetado el debido proceso en las medidas tomadas sobre sujetos de derecho menores de edad o incapaces. El grueso del trabajo de este tenor es en las asesorías del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario. Recientemente hemos conseguido un asesor de 1ª instancia en materia penal. Estamos concursando la primera cámara y completando la estructura que la Ley 1903 nos dio", describió. Y, acompañada por un power point que no encontraba el ritmo adecuado, finalizó: "La transferencia de delitos aumenta por 20 la intervención -de 50 pasaremos a 1.000 causas anuales-. La Ley 1903 establece seis asesorías de 1ª instancia y dos de 2ª, aún no tenemos completa esa estructura. Los chicos de clase media van a parar a la Justicia de Familia de Nación, pero los pobres terminan en la Asesoría Tutelar de la Ciudad".
El Defensor General de la Ciudad tomó la palabra, y tras resaltar que se les ha dado a conocer los diferentes proyectos, planteó "una dificultad" para realizar un análisis puntual ya que "hay dispersión en los proyectos en puntos coincidentes y disidentes".
"La Ley 7 fue diseñada a inicios de la autonomía y preveía la transferencia de competencias de la Justicia Nacional Ordinaria. Tras los convenios de transferencia se le otorgó al Fuero Contravencional y de Faltas competencia en algunos delitos. En los hechos la Justicia Contravencional es competente en Justicia Correccional transferida. Considero que la ampliación de juzgados, fiscalías y defensorías es atinada. En un proyecto se plantea llegar a 48 juzgados y en otro 38. Lo que le preocupa a la Defensoría General es no tener un proyecto base para el trabajo legislativo", expresó Kestelboim. Y continuó: "En el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, la función de la defensa tiene que ver con el acceso a la justicia de personas carentes de recursos; dos o tres defensorías de 1ª instancia no serían suficientes para ocuparse de problemas de salud, educación, medioambiente, etc. Se está planteando achicar la estructura de la defensa en este fuero, lo que afectaría derechos cuasi adquiridos por los postulantes a cubrir la tercera defensoría y la cámara que están siendo concursadas actualmente. Una importante cantidad de las consultas que recibe la Defensoría del Pueblo pueden y deben ser resueltas por el Ministerio Público de la Defensa".
Luego de dejar en claro la importancia de la defensa pública en el CAyT, ya que allí se generan las causas contra el Estado, Kestelboim finalizó subrayando que en el CyF "hubo una relación 60 a 40 entre fiscalías y defensorías" y que dicha "proporción no está siendo mantenida en los proyectos". "Solicito que cuando haya un proyecto definido se nos vuelva a consultar", concluyó.
El último en exponer, con una aceitada práctica en el uso del power point, fue el Fiscal General de la Ciudad.
"La modificación de la Ley 7 se ha convertido en una imperiosa necesidad -dijo como primeras palabras Germán Garavano-. El Segundo Convenio de Transferencia de Competencias Penales nos ha mostrado un aumento considerable de las causas por delitos. En el 2007, de 33.107 casos, el 97 por ciento eran contravencionales, el 2 por ciento faltas y el 1 por ciento penales. En lo que va del 2008 la proyección de crecimiento es del 80 por ciento; mientras que en el 2007 el 4 por ciento de las denuncias recibidas en las fiscalías era por delitos, este año ya representan el 74 por ciento", describió el Fiscal General acompañado de cuadros y gráficos.
Y, destacando el accionar de las fiscalías, agregó: "El Ministerio Público Fiscal resuelve el 15 por ciento de los casos en 15 días, y el 50 por ciento en tres meses. Esto se realiza gracias a que los fiscales le ponen el cuerpo a los casos. El sistema acusatorio obliga a la actuación personal del fiscal, pero con el crecimiento de las causas penales no se cuanto tiempo se va a poder sostener. Con las unidades receptoras de denuncia se busca descomprimir a las fiscalías de tareas administrativas, para que los funcionarios se ocupen de la flagrancia. Se busca crear servicios comunes, más fiscalías con menos gente y una policía judicial para que se investigue y genere evidencia".
A la hora de las preguntas, el primero en tomar el micrófono fue el diputado de Diálogo por Buenos Aires Gonzalo Ruanova, quien se interesó por conocer cuáles eran las figuras con mayor ingreso de denuncias en las fiscalías.
"El 26 por ciento de los hechos denunciados corresponde al delito de amenazas, lo sigue daños y usurpaciones. Al ser delitos de baja intensidad se trabaja en soluciones alternativas de conflicto. Sería un error de la Justicia porteña que las causas no se resuelvan rápidamente, ingresen a los juzgados y allí se archiven", contestó Garavano. Y remarcó: "El sistema aguanta hasta fin de año. Si no hay modificaciones la calidad de respuesta va a bajar. A principio de año se fijaban mediaciones a 15 días de recibir la denuncia; en julio ya se fijaban para septiembre. Por suerte, el Consejo de la Magistratura aumentó el número de mediadores para agilizar la respuesta, pero cuanto antes pueda salir la modificación de la Ley 7, mejor. Yo planteo 25 fiscalías CyF más de implementación progresiva a lo largo de dos años".
"Me parece que esta Justicia que plantea el Fiscal General es del estilo de Suiza. Lo felicito, pero los recursos son escasos y hay que establecer prioridades", dijo el diputado de la Coalición Cívica, Guillermo Smith.
"La lentitud afecta garantías constitucionales. El Ministerio Público Fiscal ocupa el 0.5 por ciento del presupuesto de la Ciudad. Tratamos de ser austeros respondiendo a la demanda de respuesta rápida de los vecinos. El costo sería muy bajo, ya que proponemos un esquema de traspaso de personal del Consejo de la Magistratura -el 50 o 60 por ciento de gente vendría de allí-; con un pequeño reajuste del presupuesto del año próximo podría implementarse", respondió el titular de la Fiscalía General.
Ante el silencio de los legisladores presentes, el presidente de la Comisión se dirigió a la Vicepresidenta 1ª, Ivana Centanaro, y propuso introducir un tema que generó un fuerte debate dentro y fuera de la Justicia porteña: las discrepancias entre Garavano y Kestelboim sobre la competencia en el delito por picadas (artículo 193 bis del Código Penal) creado recientemente por el Congreso Nacional.
"Aprovechemos la presencia del Defensor General para conocer su postura que es muy interesante, y la del Fiscal General que casualmente hoy se reunió con Aníbal Fernández", sugirió Borrelli. Y mientras Kestelboim se acercaba el micrófono, el diputado del Frente para la Victoria, Juan Manuel Olmos, hacía idéntico movimiento y tomaba la palabra.
"Los diputados fuimos convocados para debatir sobre la Ley 7. Prefiero acotar el encuentro a ese tema y no abordar temas nuevos hasta tanto no esté agotado el tema", dijo Olmos.
Y Borrelli respondió: "Me pareció agotado… y relevante conocer la opinión de Kestelboim".
"Yo tengo preguntas para hacer sobre la Ley 7. Además tenemos reunión de bloque", disparó el legislador K.
"Tenía entendido que eran los jueves", siguió Borrelli. "La cambiamos…no tenemos que avisar", pulseó Olmos.
Y mientras Kestelboim se alejaba el micrófono, Mussa observaba sorprendida y Garavano respiraba tranquilo al no tener que dar detalles de la reunión con el Ministro de Justicia y Seguridad de la Nación, Borrelli le cedía la palabra a Olmos para que realice la última pregunta.
"Quiero dejar en claro la postura de mi bloque -dijo el Vicepresidente 2º de la Legislatura aclarando que no iba a cuestionar a las autoridades del Ministerio Público, y que se dirigía directamente a las fuerzas políticas-. Este crecimiento de la Justicia debe ser en lo estrictamente necesario y acompañado de un equilibrio entre la acusación y la defensa. Con más fiscales para acusar se podría generar un problema que hoy no existe", concluyó.
Finalizada la reunión de la comisión, NOTICIAS URBANAS dialogó brevemente con el Fiscal General quien, ante la pregunta obligada acerca del encuentro con Aníbal Fernández, comentó: "Fue positivo. El eje central del diálogo fue la necesidad de avanzar en nuevos convenios de transferencia de competencias".
También adelantó a nuestro medio que "en 15 días se presentará el informe de conflictividad en el que se señalan las 50 zonas más conflictivas y hasta se detallan las esquinas con mayor número de denuncias de los vecinos"; y que el proceso de regularización de empleados del Ministerio Público Fiscal "está en pleno desarrollo".
