Más de tres camiones amarillos de Emergencia del Gobierno de la Ciudad, y un autoelevador, la fuerza de varios efectivos policiales y de los integrantes de los denunciantes La Alameda, hicieron posible una medida sin precedentes en la lucha contra el trabajo esclavo: la confiscación de maquinaria para que quede en manos de los obreros quitándosela al fabricante procesado.
La confiscación de más setenta tejedoras de punto, decenas de ellas computarizadas y otras más anticuadas, algunas mesas de corte, dos mesas de planchar a vapor, y una centrifugadora de telas se realizó poco después de las 11 de este lunes 8, en Deán Funes 1754/1760.
La captura de las maquinarias entregadas al Instituto Nacional Tecnología Industrial (INTI) fue posible por la orden del juez federal Sergio Torres, quien decidió la semana pasada el procesamiento del titular de la fábrica, Ki Sum Kim, y su tallerista, Eloy René Chuca Aduviri.
Las imputaciones del juez Torres son producto de una denuncia radicada por la agrupación La Alameda, quienes recibieron a fines de mayo a una costurera que se había logrado fugar de la fábrica de Deán Funes al 1700 en el barrio de Parque Patricios. La costurera relató que en la fábrica había menores de edad trabajando, que hasta habían nacido chicos en el lugar donde además de extensas jornadas laborales era a su vez vivienda para una treintena de costureros.
En ese frío viernes 26 de mayo La Alameda movilizó para hacer un escrache al fabricante de nacionalidad coreana. Frente a la presencia de diversos medios televisivos y por la denuncia penal el magistrado con sede en Comodoro Py ordenó el allanamiento a la misma comisaría 20 con jurisdicción en la zona.
Luego del secuestro de pruebas el taller textil fue clausurado, se produjo la indagatoria al fabricante quien declaró no tener ningún papel sobre su empresa. Y como hecho final de un caso que parece no haber dudas, el abogado del empresario, Alejandro Macedo, renunció a la defensa.
Los cargos contra Kim y Chuca Aduviri son por los delitos de reducción a la servidumbre del personal a su cargo (artículo 140 del Código Penal), infracción a la ley de Migraciones (por contratar a trabajadores indocumentados) y a la ley de Trabajo a Domicilio (12.713). En el fallo, el magistrado también dicto el embargo de bienes por un millón de pesos.
El juez consideró que hay semiplena prueba de reducción a la servidumbre, ya que en el taller "la mayoría de las víctimas eran extranjeros en situaciones migratorias irregulares, situación de vulnerabilidad que fue aprovechada por los imputados para someter a estas personas, pues carecían de opciones dignas de trabajo".
La apertura de una puerta y el portón del taller provocaron aplausos pero la alegría llegó a frustrarse relativamente por la falta de maquinas de costura. ?Recién nos contaron algunos vecinos y comerciantes que previo al allanamiento ingresó una trafic al taller. Allí seguramente sacaron el material más pequeño?, informó Gustavo Vera denunciante de la causa, quien presentó al abogado Rodolfo Yanzón como querella.
La fabrica será montada por el INTI en Directorio 3715, local alquilado por la Corporación del Sur para La Alameda que tiene su sede original completamente renovada. ?La idea es que las víctimas de la esclavitud vuelvan a trabajar lo antes posibles. Por ello el traslado provisorio para que luego sean incorporados al Polo Textil que se está construyendo en Barracas?, expresó el vocero del INTI, Pablo Bergel presente desde temprano junto a varios de sus compañeros en la confiscación de la fábrica.
La pionera medida judicial, efectivizada por el principal de la seccional 20 Marcelo Álvarez Rodríguez, se desarrolló con normalidad excepto, por dos coreanos que dijeron a este medio ser amigos de Ki Sum Kim e intentaron ingresar al local.
Alberto Yoo, de profesión farmacéutico, dice que conoció al procesado en una Asociación de Fútbol Coreana, y que viene a ayudarlo ?porque sabe poco castellano?. Aunque prefiere no dar más información. Otro comerciante minorista de ropa se presentó sin dar a conocer su nombre. Éste logró ingresar al domicilio del procesado pero fue retirado inmediatamente.
El tercer coreano molesto con la medida judicial fue el nuevo abogado defensor de Kim. Éste prefirió no dar a conocer su nombre y apellido pero sí expresó que la medida fue acelerada y no tuvieron tiempo de apelar, algo que realizará en el transcurso de las horas.
En la recorrida por la fábrica, NOTICIAS URBANAS no pudo ingresar al primer piso del taller donde se había denunciado que allí vivían los costureros. Igualmente funcionarios del INTI reconocieron que en el lugar ?se notaba que había vivido gente pero no había nadie. Sí vimos un agujero de grandes dimensiones en un entrepiso detrás de unos ventiladores que seguramente pasarían personas y hasta maquinarias?, comentó Hernán Zunini técnico del INTI quien tiene la responsabilidad de activar las fábricas antes clandestinas que serán destinadas a los trabajadores víctimas de la esclavitud.
La actuación de la comisaría 20 fue cuestionada por algunos vecinos y quedo en evidencia por un propio efectivo policial. Un hombre de unos setenta años, pelo corto y anteojos comentó que hace años está el taller ?y varias veces vi a la policía detener en este lugar. Por acá en el barrio hay varios de estos talleres?.
Uno de los efectivos policiales de chaleco naranja confesó que por las noches el lugar no tenía custodia como había ordenado el juzgado federal.
En el transcurso de la tarde los tres camiones del Gobierno de la Ciudad con la casi centenaria maquinaria se dirigió custodiada hasta el barrio de Parque Avellaneda.
?El presagió de los talleristas se cumplió. Tanto que rompieron las bolas con el tema de que teníamos talleres ahora se cumple. Las primeras maquinas expropiadas vinieron a La Alameda?, reivindicó con alegría el joven militante Jorge Macias.
