El juez federal Sergio Torres deberá investigar si en un departamento "privado" en pleno centro porteño se ejercían tareas de prostitución de las que participarían menores y que podrían estar incursas en el delito de trata de personas, indicaron esta mañana fuentes judiciales.
La Cámara Federal resolvió una cuestión de competencia que se había planteado entre Torres y su colega del juzgado correccional 5, al evaluar que "de constancias de la causa surge que en el lugar habrían ‘trabajado’ personas provenientes de otras provincias o países, así como personas menores de edad, a quienes ‘el peruano’ les habría provisto documentos falsos para disimular aquella circunstancia".
La causa se inició por una denuncia de Jorge Luis Scampini, administrador del consorcio de propietarios del edificio, ubicado en Montevideo 581 de la ciudad de Buenos Aires, a fin de que se investigara la presunta comisión de los delitos por parte de los habitantes del departamento ‘H’ del primer piso de dicho inmueble".
Los camaristas Eduardo Freiler y Eduardo Farah afirmaron que "tras el allanamiento practicado ?en el que se dio con presuntos clientes, mujeres que aparentemente ejercerían la prostitución y repartidores de volantes- prestó declaración testimonial" una joven, "quien refirió que, tras venir de Salta con familiares y mientras buscaba trabajo para paliar sus gastos básicos, una mujer le ofreció ‘ganar dinero fácil’ y la invitó a trabajar al ‘privado’ presuntamente ubicado en el inmueble señalado".
En una resolución de tres carillas, a la que Télam tuvo acceso, los magistrados explicaron que "la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que, ante la existencia de alguno de los extremos inherentes al delito de trata de personas, la justicia federal no puede declinar su competencia ni rechazar la que se le pretenda atribuir sin antes realizar las medidas necesarias para establecer si se halla configurado o no dicho ilícito".
Por ello concluyeron que "la resolución del Juez Federal (al declararse incompetente) resulta prematura, en tanto, más allá de la necesidad de investigar el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad a la que se refieren tanto el Juez Correccional como el Ministerio Público Fiscal", motivo por el cual dispusieron que Torres "deberá continuar interviniendo en las presentes actuaciones".
