Este miércoles, a las 12, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires analizará en una audiencia pública la legalidad de las reglas y prácticas de la policía, la fiscalía y el poder judicial; específicamente sobre los arrestos, procesamientos, ?extravío? de documentación, secuestro de pertenencias, intimidación, uso abusivo de la fuerza, violación sistemática del derecho de defensa y de circulación, denunciadas en enero de este año por vendedores ambulantes senegaleses, con el apoyo del Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración (IARPIDI) y el Colectivo para la Diversidad (CoPaDi). La audiencia se realizará en Cerrito 760, Ciudad de Buenos Aires.
Están invitados el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; la Fundación Comisión Católica Argentina; la Defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini; la Directora del Instituto Nacional contra la Discriminación, INADI, María José Lubertino; el Movimiento Afrocultural; la Central de Trabajadores Argentina; el Servicio Ecuménico de Apoyo a Migrantes y Refugiados; las Madres de Constitución; el Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración; entre otros organismos de derechos humanos que luchan contra el racismo.
Un informe del Banco Mundial de 2006 confirma que las personas negras y afrodescendientes que viven en ciudades argentinas subsiste apenas sobre la línea de pobreza. En similar situación se encuentran las comunidades paraguaya, peruana, boliviana y dominicana en nuestro país: el 90 % de las y los africanos sobrevive gracias a ingresos de la venta ambulante.
?Somos pobres y negras. Sobrevivimos gracias a diversas actividades que realizamos en la calle. No tenemos acceso a ninguna otra cosa. Sobrevivir del choripan, pulseritas y aritos, chipa chipa, chancletas o incluso la propia prostitución no autoriza a la policía y la fiscalía a pararnos, interrogarnos, identificarnos y requisarnos prácticamente todos los días, por épocas más de una vez por día. Prohibir las actividades de subsistencia que realizamos pone en marcha un mecanismo cruel y eficiente de violencia racista: la fantasía de confirmar, de un simple plumazo, que todos los negros, todos los pobres, somos delincuentes, y así justificar legalmente los atropellos?, cuenta una de las vendedora.
El Centro de Estudios Legales y Sociales, que ya ha cuestionado en otras ocasiones las políticas de la Policía y la Fiscalía de la Ciudad endurecidas por el macrismo, presentó un escrito de amicus curiae ante el Tribunal apoyando las denuncias.
Malena Derdoy, abogada de CoPaDi y una de las patrocinantes del caso expresó: ?Argentina apenas maquilla la verdadera función que asigna a la policía y la justicia: el hostigamiento, persecución, despojo y confinamiento de las personas siempre negras, siempre pobres, siempre vulnerables, a quienes nos señala como delincuentes, sospechosas preferenciales de cualquier actividad criminal. Convocamos a la sociedad a posicionarse sobre una realidad urgente, denunciamos el silencio y el olvido que intentan imponer a la profunda brecha que existe entre los derechos garantizados en la Constitución y la dura realidad en que vivimos?.
