"Estamos denunciando públicamente presiones por parte de la Asociación Civil sin fines de lucro denominada Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, hacia el consejero de la Magistratura de la Nación por el estamento de los abogados, Santiago Montaña, para que efectúe su voto en el plenario del 2 de de octubre en línea con lo sugerido en una nota firmada por el presidente de la corporación, Erique del Carril, y Héctor Huici en su calidad de secretario", expresó ante NOTICIAS URBANAS el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo.
De acuerdo a lo informado por el titular de la institución capitalina, la denuncia no ha sido radicada en sede judicial debido a que "por el momento no hay una figura delictiva".
"Se sugirió el voto, no hubo amenazas. Si bien no es un delito es éticamente repudiable lo hecho por del Carril. Ellos dicen que hay presiones, se rasgan las vestiduras manifestando la existencia de interferencias sobre el Poder Judicia; pero quienes dicen esto no escatiman esfuerzos en presionar. La sola ‘sugerencia’ produce un nefasto choque entre lo que estas corporaciones declaman y como proceden en realidad. Esta dicotomía es, desde hace muchos años, su conducta más corriente", comentó.
En el plenario del pasado 2 de octubre, el Consejo de la Magistratura de la Nación debía resolver si dejaba sin efecto la anulación del concurso 140 o si la mantenía firme.
El Colegio de la calle Montevideo, como también se conoce a la asociación de abogados porteños, habría sugerido a los consejeros por el estamento de los abogados que emitieran su voto a favor del levantamiento de la anulación del concurso.
"No se que intereses tenían en que un concurso anulado deje de estarlo. Uno de los consejeros por los abogados votó tal cual fue sugerido por del Carril en la nota que tengo bien guardada, pero primó el criterio y el concurso 140 sigue anulado", dijo Rizzo.
Finalizando, subrayó el repudio a la actitud y el rechazo "a cualquier intento de injerencia por parte de sectores corporativos con intereses propios que no representan a la mayoría de la abogacía de la Capital Federal y, mucho menos, a los de la sociedad argentina en su conjunto".
