Una nueva jueza porteña sentenció al Gobierno del ingeniero Mauricio Macri a garantizar "el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes que consumen pasta base de cocaína", conocido éste dañino narcótico como "paco". Sin embargo la gestión PRO prefirió retrasar la asistencia sanitaria apelando el fallo que lo condena.
Las irregularidades en la asistencia de los paqueros menores fueron detectadas por el asesor Tutelar Gustavo Moreno y confirmadas este viernes 25, por la jueza Andrea Lamas.
La magistrada sentenció al Gobierno porteño a "realizar todas las acciones positivas y proceder al dictado de las normas necesarias para el establecimiento de lugares destinados tanto a la prevención como el tratamiento de este flagelo, ya sea ambulatorio como de internación, y en este último caso, voluntaria o coactiva (o sea por la fuerza) que pudiere serle requerida por los representantes legales o autoridades públicas pertinentes".
Lamas es una jueza que asumió a fines de junio en el vacante juzgado Nº 9. Ella venía de ser secretaría en el Juzgado Nº 8. Es respetada en el ámbito judicial por sus conocimientos jurídicos.
La jueza en su primer caso de trascendencia pública se apegó a lo determinado por el Ministerio Público, por lo que la sentencia obliga al macrismo a que establezca "un rápido sistema de evaluación y admisión" de los adictos "dando así concreto y efectivo cumplimiento a las normas constitucionales en especial el decreto 1681/07".
Justamente el decreto firmado por la anterior gestión, de Jorge Telerman, aunque hasta ahora no promulgado, fue producto de una ardua gestión del asesor tutelar con tres ministerios, quienes en el 2007 se comprometieron a dar solución al amparo iniciado con una carta desesperada del equipo de curas villeros de la iglesia católica.
En ese escrito una decena de religiosos de los pobres, encabezados por el cura de la villa de Barracas Pepe Di Paola, relataron que "los que están en el fondo del pozo quieren internarse, pero están al margen de los programas vigentes".
La asistencia del Estado porteño a los paqueros se limita por la falta de un programa sanitario que tenga establecido un circuito rápido de evaluación y admisión a tales lugares de internación sean del Gobierno como la Casa Puerto o de ong’s en convenio con la Ciudad.
Una vez internado, algo que es una rareza, tampoco Casa Puerto es lo mejor. Por lo que investigó el integrante del Ministerio Público Tutelar "hay solamente ocho chicos y el máximo de jóvenes alojados fue de quince niños, a pesar de que la capacidad operativa del centro es para veinticinco niños, niñas y adolescentes".
Tampoco "desde la inauguración del centro ninguno de los niños que estuvieron alojados en la institución completó el tiempo estimado de tratamiento, que según el director del lugar, Claudio Orguelte, es de aproximadamente un año".
Entre las deficiencias detectadas en Casa Puerto se destaca el servicio de gas cortado e insuficiencias en las condiciones de seguridad -datos que fueron verificados por la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal- como "cuatro matafuegos que tienen su carga vencida".
Moreno también observó y denunció "irregularidades edilicias y demoras de las obras de infraestructura; falta de ropa y calzado de dos adolescentes entrevistados; gran cantidad de personal designado -34 personas, a pesar de que en el momento de la visita pude constatar la presencia del director, un agente de la Policía Federal, una persona de seguridad privada, una psicóloga, la cocinera, una ayudante de cocina y el profesor de gimnasia-; y la limpieza es inadecuada, a pesar de que hay una empresa privada que se encargaría de la misma".
Mientras en Casa Puerto sólo están en tratamiento ocho menores, en el centro de tratamiento ambulatorio dependiente del Ministerio de Salud, "La Otra Base del Encuentro", ubicado en el Bajo Flores a apenas 16 cuadras de Casa Puerto, han manifestado a la Asesoría Tutelar que "nunca" se pudo obtener una vacante "para internar allí a un niño y/o un adolescente".
Las herramientas legales para asistir a los consumidores de paco existen. Tanto por el decreto 1681, que crea el Programa Interministerial del Proyectos Especiales Atención Integral sobre el Consumo y Dependencia de la Pasta Base de Cocaína, como por la ley de prevención de las adicciones. El decreto y la ley corren la misma suerte. Nunca fueron reglamentadas por lo tanto no aplicadas.
