La crisis habitacional en la Ciudad es más que evidente. Al incremento en el valor de las propiedades, a la casi imposibilidad de obtener créditos hipotecarios para personas de clase baja o media baja, y al aumento en los alquileres, se ha sumado un ritmo creciente en la realización de operativos de desalojos. Todo lo antes señalado da como resultado más personas en asentamientos ilegales, en viviendas tomadas o en situación de calle. Para la primera posibilidad, la política pública debe desarrollar planes de vivienda sociales (los cuales insuficientes para la demanda que hay en la Ciudad); y para el segundo caso y tercer caso, el Gobierno brindaba subsidios habitacionales. En opinión de la asesora General Tutelar de la Ciudad, Laura Musa, el Gobierno porteño estaría reduciendo la asistencia habitacional, y ante tal posibilidad, presentó una acción judicial solicitando la declaración de inconstitucionalidad de algunos puntos del Decreto 960/08.
La nueva normativa aumenta el subsidio de 4.500 pesos en 10 cuotas mensuales a 7.000 pesos, pero establecería mayores requisitos para poder acceder a dicho beneficio.
"La nueva normativa resulta inconstitucional, en tanto reduce sustancialmente la oferta programática para atender el déficit habitacional. Se deja de orientar a las familias para que puedan lograr una solución más estable y a largo plazo y se reduce la población destinataria del subsidio, eliminando la asistencia para quienes por cualquier causal se hallaren en riesgo de ser desalojados o ante la inminencia de encontrarse en situación de calle", argumenta.
"El nuevo decreto requiere que los potenciales asistidos se encuentren en situación de calle efectiva y comprobable. De este modo el Estado exige la producción de un daño y desatiende su obligación de atención preventiva", agrega, a través de un comunicado de prensa.
En la presentación judicial la titular del Ministerio Público Tutelar solicita al Poder Judicial que realice un control de la norma cuestionada y declare inconstitucionales los puntos que constituyan un retroceso para la protección del derecho a la vivienda.
