Los menores de edad adictos al paco siguen poblando los pasillos de las villas. Ranchean en los alrededores de las plazas céntricas de la Ciudad como Congreso, Miserere, Retiro y Constitución. Están deambulando ante la vista de la sociedad porteña. De esa notoria degradación social se hizo eco el asesor Tutelar de Menores, Gustavo Moreno, que inició un amparo contra el Gobierno de la Ciudad, y por el que acaba de lograr la segunda sentencia contra el Gobierno que encabeza Mauricio Macri.
El Ejecutivo porteño acaba de ser sentenciado por la Sala II de la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso por la "omisión" en políticas concretas para la asistencia sanitaria de niños y adolescentes que consumen paco.
La medida judicial, a la que accedió NOTICIAS URBANAS, avala el fallo de la jueza en primera instancia, Andrea Danas, que en septiembre dio un plazo de 90 días al Gobierno PRO para concretar un plan para los menores paqueros.
El plan sanitario que rechaza implementar el macrismo, por ello la apelación en primera instancia, va en el mismo sentido de la ley de "Prevención y Asistencia del consumo de sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo", sancionada en Legislatura y no reglamentada en el Ejecutivo, como del decreto que creó el programa interministerial para la "Atención Integral sobre el consumo y dependencia de la Pasta Base de Cocaína".
El amparo de Moreno por los "paqueritos" implica para la gestión de Mauricio Macri realizar medidas elementales para la medicina del siglo XXI. Primero debe realizar un diagnóstico poblacional. Por ejemplo aún no sé sabe cuántos son los chicos adictos. Luego deberá el Estado, algo que los legisladores y los jueces aprueban, disponer de centros para la prevención, como para tratamientos ambulatorio o no, e internación voluntaria o coactiva. Además deberá contemplar un circuito rápido de evaluación y admisión para los jóvenes adictos a la base, como llaman también al paco.
LA VOZ DEL GOBIERNO
Los argumentos de la Procuración, a cargo de Pablo Tonelli, son varios. Primero para la difusión en los medios afirma el mismo Tonelli que el Poder judicial no puede ordenar al gobierno tareas de gestión. Mientras que en el expediente judicial -se justificaron los abogados- existen limitaciones presupuestarias y que el plazo para cumplir la sentencia es "arbitrario".
La respuesta de la Cámara de Apelaciones fue contundente y no deja duda alguna.
"No hay ningún elemento que demuestre la efectiva y eficaz ejecución" de la normativas vigentes sobre el tema, que son el decreto y la ley de adicciones.
Agregaron, los jueces de Cámara Eduardo Russo y Nélida Daniele, excepto Esteban Centenaro por licencia, que el macrismo "deja que sus afirmaciones discurran por el plano de lo dogmático, huérfanas de sustento de constancias idóneas que acrediten la existencia de una política de Estado cierta y eficaz para afrontar el flagelo".
Mientras que para rebatir el argumento macrista de afectación presupuestaria dicen los dos magistrados de alzada que "esa afirmación resulta un simple formalismo" y una "excusa", y que a su vez con ese argumento evidencian "que el programa implementado por decreto nunca fue llevado a la práctica con todos sus alcances", porque de lo contrario, no se haría alusión a la "afectación presupuestaria".
Asimismo aclaran que la jueza de primera instancia Andrea Danas nunca afectó suma presupuestaria específica, ?ni ordenó qué medida concreta adoptar y con qué fondos?.
La Cámara igual puntualiza que las medidas a adoptar deben financiarse con las partidas presupuestarias del área respectiva, Ministerio de Salud, "a menos que la demandada pretenda sostener que no cuenta con suma alguna para atender este flagelo".
Por los plazos de la sentencia, o sea tres meses, "el Gobierno contó con tiempo suficiente para diagramar la ejecución de las políticas concretas para la asistencia a los sectores sociales afectados", finaliza la sentencia con fecha 17 de febrero.
Lo que no contempla la sentencia es la campaña electoral del 2007. En ese entonces Macri se reunía con ONG?s y vecinos involucrados en el tema prometiendo soluciones. Hasta el ingeniero empresarial llegó a convocar al cantante de rock Pity Alvarez. Quería ayudarlo en su reconocida adicción al paco. Algo que el músico rechazó abiertamente.
Notificadas las partes falta saber la postura del PRO. Para Gustavo Moreno en conversación con NOTICIAS URBANAS "sería una vergüenza que la procuración presente un recurso de anticonstitucionalidad, porque significaría no atender a los chicos paqueros".
Quienes iniciaron el amparo fue el equipo de curas católicos en las villas, encabezados por Pepe Di Paola de la villa 21-24. A través de una cruda carta dirigida a la Asesoría Tutelar N° 1 comentaron como deben lidiar con los paqueros y rogar incansablemente a funcionarios para que ayuden a quienes tienen la voluntad de recuperarse.
Los familiares de los adictos, sus maestros y profesores, los médicos, sus vecinos, y las organizaciones territoriales están a la espera de una actitud gubernamental valiente para enfrentar un drama que los desbordó hace mucho tiempo.
