Aunque la lucha feminista gana derechos en distintos territorios, el más difícil y peligroso parece seguir siendo el del hogar, en donde ocurren la mayoría de los femicidios, que sumaron cientos en lo que va de 2022.
Desde el 1° de enero hasta el 30 de abril de este año se produjeron 110 femicidios, 3 trans/travesticidios y 6 femicidios vinculados de varones. Además, 123 hijas/hijos quedaron sin madre, de los cuales el 65% son menores de edad. Se desprende de las investigaciones que el 58% de los agresores eran parejas o exparejas, según los datos aportados por un nuevo informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, bajo la órbita de La Casa del Encuentro. El Observatorio analiza e informa sobre los derechos de las mujeres, niñas y niños y personas trans, desde una perspectiva integral de los Derechos Humanos contra toda forma de violencia, abuso y discriminación desde un feminismo popular.
Además, el observatorio Lucía Pérez contabilizó 88 tentativas de femicidios, 139 mujeres desaparecidas y 416 días sin Tehuel de la Torre, un joven trans que fue a una entrevista de trabajo y desde entonces se encuentra desaparecido.
“La violencia de género es multicausal por lo que debe tener un abordaje integral, interdisciplinario y federal desde una perspectiva de género”, explicó a Noticias Urbanas Ada Rico, diretora de la Casa del Encuentro, para agregar que “el Estado debe profundizar las campañas de prevención y hacer efectivos los programas anunciados, velar por el efectivo cumplimiento de las leyes vigentes y la sociedad debe comprometerse para que los cambios se hagan realidad”.
Hasta el pasado año, había un femicidio cada 29 horas. Hoy sucede cada 25, por lo que se puede detectar que recrudeció la violencia machista, que se cobra la vida de cientos de mujeres y diversidades por cuestiones de género.
“Desde el 2008 al 2018 las estadísticas indicaban una víctima de violencia de género cada 30 horas en nuestro país. A partir del año 2019, el monitoreo indica un femicidio/trans/ travesticidio cada 29 horas. Y en los primeros 4 meses de 2022 tenemos una víctima de violencia sexista cada 25 horas”, sintetizó la entrevistada. “Estos datos son un indicador de que las políticas públicas que implementa el Estado son insuficientes, porque no se logra disminuir los índices de violencia sexista”, cerró.
Dónde sucede
El mayor peligro de vida para las mujeres es su propia casa. El informe arrojó que, al analizar los 110 nuevos femicidios, el 65% de éstos ocurrieron en la vivienda de la víctima.
“Estos porcentajes, que se repiten año tras año, indican que para una mujer en situación de violencia, el peligro está en su hogar, porque esa persona con quien construyó un proyecto de vida es quien termina asesinándola y también queda demostrado que no cree que la justicia la protegerá”, especificó Rico.
Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos registrados, seguida por Santa Fe, Córdoba, y Santiago del Estero.
Tal como Ada Rico explicó a este medio, estos femicidios son contabilizados por haber sido visibilizados en algún medio de comunicación: “Toda la información que nosotras tenemos es la que se publica en los medios de comunicación y desde el Observatorio de Femicidios la recopilamos”.
Particularidades de los casos
El informe detalla, a fin de ser puntos de partida de análisis y estudio de este fenómeno de violencia, que 7 víctimas tenían indicio de abuso sexual, 3 víctimas eran mujer trans, otras 8 eran migrantes, 4 eran de pueblos originarios, 4 víctimas estaban en presunción de prostitución o trata y 4 de ellas estaban embarazadas. En cuanto a los femicidas, 12 de ellos se suicidaron.
Para la Casa del Encuentro, fundada el 4 de octubre del año 2003 por Ada Beatriz Rico, Fabiana Túñez y Marta Montesano con el fin de diseñar un proyecto feminista por los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, “es necesario considerar a la violencia sexista como una cuestión política, social, cultural y de Derechos Humanos, así se podrá ver la grave situación que viven las mujeres, niñas y niños en la Argentina como una realidad colectiva, por la que se debe actuar de manera inmediata”.
Para consultar más detalles, el último libro que presentaron desde La Casa del Encuentro, que incluyen los femicidios y trans/travesticios desde 2008 a 2017, se puede acceder a la información de este libro en www.porellaslibro.com. Allí están los casos con su correspondiente condena y/o sentencia firme.
Responsabilidad del sistema Judicial
Entre otros datos destacables, cabe mencionar que 26 de las víctimas ya habían realizado denuncia ante el Poder Judicial. Además, 4 femicidas tenían dictada medida cautelar de prevención y siete de ellos pertenecían a alguna fuerza de seguridad.
“Es imprescindible que el Estado, que tiene la obligación de proteger a las mujeres que denuncian al agresor y garantizar medidas integrales de asistencia, protección y seguridad, refuerce la protección desde una mirada interdisciplinaria y con un abordaje integral y federal, que proteja en forma efectiva a una mujer o compañera trans en situación de violencia”, opinó Rico.
La activista apuntó a la responsabilidad del Poder Judicial de brindar acceso rápido y transparente al servicio de justicia. Según afirmó, “es primordial que ante el dictado de una medida cautelar se contemple la voz de la mujer para que la misma sea eficaz y se otorguen dispositivos de protección -botón antipánico, exclusión del violento del hogar, incorporación a un refugio- conforme al riesgo evaluado”.
Así también, “se incrementa la protección a la mujer cuando se realiza la colocación de la tobillera electrónica al agresor. En este tipo de supuestos, el Estado lleva adelante el seguimiento y monitoreo de la mujer y del agresor, contando con un lapso de tiempo prudencial para dar aviso a las fuerzas de seguridad cuando se localiza al agresor en un rango de metros cerca de la mujer”.
“Se tienen que profundizar las medidas como, por ejemplo, si no existieran tobilleras, poner una custodia las 24 horas, especialmente cuando se notifica al agresor de la medida, porque el bien jurídico a proteger es la vida de la víctima”, advirtió.
Responsabilidad de los medios de comunicación
Así como los medios de comunicación, son formadores o reforzadores de opinión e influyen en la construcción del “sentido común” y los paradigmas sociales con base en el machismo, el racismo, el clasismo y otras formas de discriminación, también pueden influir en la “deconstrucción” de estos paradigmas aportando información y perspectivas que tiendan a valores igualitarios y justos.
Al respecto, Rico explicó: “Si bien se avanzó en la forma en que los medios comunican la violencia sexista, ya que antes se nombraba el femicidio como ‘crimen pasional y eran publicados en la sección de policiales, aún queda un largo camino por recorrer”.
La especialista puntualizó que “algunos medios aun analizan el proceder de la víctima, intentando encontrar su culpabilidad (como se vestía, el lugar donde se encontraba, sus redes sociales, por qué no se había separado) y de esta manera justificar la agresión. Con este análisis, se corre el sentido real de la agresión: que el varón agresor considere a la mujer como un objeto más de su pertenencia y con derecho a hacer con ella lo que desee, incluso asesinarla”, completó.
Acceso a la Justicia
El valor de los testimonios de las mujeres y diversidades en la Justicia se encuentra subestimado. Por esto, es indispensable que este colectivo cuente con abogadxs capaces de abordar la temática con perspectiva de género, defendiendo sus derechos ante un sistema judicial que conserva una mentalidad machista y patriarcal.
Para esto, mencionó Rico, existen patrocinios jurídicos gratuitos. “En junio de 2021, el Estado Nacional anunció la creación del ‘Programa Acercar Derechos’, que en uno de sus lineamientos informa el traspaso del ‘Cuerpo de abogados y abogadas’ (Ley 27.210 del 2015) a la órbita del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, con un aumento de su dotación y presupuesto”.
“Insistimos en la capacitación a efectores de la justicia, para que el abordaje ante una denuncia por violencia sexista tenga un accionar con perspectiva de género. Por esto, reclamamos que se cumpla a nivel nacional la Ley Micaela (programa de capacitación en género y violencia contra las mujeres) y la evaluación posterior de la misma”, esgrimió Rico, quien puntualizó que “la violencia de género necesita una mirada federal”.
“No es lo mismo el acceso a recursos en los centros urbanos, que en las zonas más alejadas. La realidad es una sola: nos siguen matando. Sabemos que para trabajar la prevención se necesita un cambio cultural e implica un proceso extenso, en el que se deben reforzar las políticas que faciliten los caminos de resolución”, finalizó la responsable del Observatorio.