La Comisión de Vecinos de la Calle Irala, una agrupación social del barrio de La Boca, dio otro paso más hacia la concreción de un objetivo que sus integrantes vienen persiguiendo desde hace más de un año: la creación de un parque público en uno de los terrenos del predio conocido como Casa Amarilla, situado cerca del estadio de Boca Juniors.
El terreno en el que esta organización quiere que haya un parque está delimitado por las calles Irala, Aristóbulo del Valle, la continuación de Pi y Margall y las vías del ex Ferrocarril General Roca, y fue cedido a la Ciudad de Buenos Aires por el ONABE el 31 de julio de 2003. Desde el viernes pasado, este predio se encuentra cerrado a partir de una orden de clausura dispuesta por el juez Roberto Gallardo, dictada a raíz de una medida cautelar solicitada por la agrupación boquense.
Sucede que cuando se realizó el traspaso del terreno a la Ciudad, éste se hallaba concesionado a la empresa Irala 2000, que lo utilizaba como depósito de contenedores. Según los vecinos, esta compañía era la subconcesionaria de otra, Ferrosur, que mantiene sus actividades en una parte del predio que quedó bajo el control del ONABE.
Los vecinos solicitaron al juez la clausura del lugar argumentando que, a mediados de 2003 comenzaron a "soportar el permanente tránsito de camiones de gran porte, que superaban con creces el tope máximo de 12 toneladas permitido por la ley Nº 216 de Tránsito Pesado". Según relató a NOTICIAS URBANAS Silvana Canziani, representante de la Comisión de Vecinos de la Calle Irala, la aparición de estos camiones se multiplicó luego de que el terreno pasara a manos del Gobierno de la Ciudad, el cual, según el convenio, debe darle un fin público y comunitario. "En lugar de desalojar el predio, la empresa que lo ocupaba empezó a llenarlo de contenedores", explicó la dirigente barrial.
Previo a la clausura, Gallardo realizó una inspección ocular en el lugar. Al momento de tomar su decisión tuvo en cuenta, entre otras cuestiones, que la empresa ocupante "no tenía habilitación del Gobierno de la Ciudad", que el depósito "carecería de una adecuada protección contra incendios" y que tanto la frecuencia de paso como el porte de los camiones podían "producir daños en la salud psicofísica de las poblaciones linderas y daños materiales a las fincas vecinas".
En la presentación judicial, los vecinos habían hecho hincapié en el convenio firmado entre el ONABE y el Gobierno porteño, mediante el cual se le otorgó a este último "un permiso precario y gratuito de uso sobre el inmueble de marras, con el destino de uso público y comunitario". "Por aquel instrumento -dice el escrito- el GCBA se obligó al uso y custodia adecuada de los inmuebles otorgados en uso, manteniéndolo libre de intrusos y ocupantes". También se afirmó en la presentación que los vigiladores de la empresa habían disparado y herido a un vecino que quiso atravesar las vías férreas en desuso que se encuentran en aquel sitio y que el barrio corría riesgo de "desastre ambiental" por el posible derrame de "productos tóxicos" que podría haber en el interior de los contenedores.
