La diputada nacional del Frente de Todos (FdT), Fernanda Vallejos, cuestionó la deuda que dejó el expresidente Mauricio Macri y la supervisión y auditoría del Fondo Monetario Internacional (FMI) por cómo condicionan el accionar del Estado para hacer frente a la crisis sanitaria y económica. También criticó el fallo de la Corte y la presión detrás de esta por parte de las corporaciones para que “todo siga como si no hubiera 500 muertos por día y decenas de miles de contagiados”.
La diputada Fernanda Vallejos sostuvo que el acuerdo entre el gobierno de Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional (FMI) implica en el mediano y largo plazo la sujeción del país a “la supervisión y auditoría del organismo, lo que equivale a que ningún gobierno de signo popular pueda desarrollar su programa, sometido a los ajustes permanentes”. Y agregó que estas condicionalidades que impone el organismo como acreedor y la “deuda impagable” que dejó Juntos por el Cambio “dificultan el accionar del Estado para hacer frente a la crisis sanitaria y económica y pone en duda el futuro desarrollo de la Argentina”.
En este sentido, la legisladora desarrolló una serie de limitaciones que suele imponer el FMI en la política económica de los países deudores, con su respectivo impacto en el plano social y laboral.
“Si bajo la tutela de este organismo, el pueblo no es dueño, a través de sus representantes democráticamente electos, de decidir su política económica, si no puede decidir que ciertos niveles de pobreza son francamente intolerables, que ciertos niveles de desigualdad deben ser combatidos con fiereza, que ciertos niveles de desocupación son inaceptables e inconsistentes con el avance actual de la ciencia y la tecnología y la enormidad de necesidades insatisfechas que existen en la comunidad, y que para ocuparse de todo aquellos es preciso distribuir de otra manera los frutos del crecimiento, los frutos del trabajo; si el pueblo no puede decidir sobre ninguna de esas cosas porque el FMI dice que la seguridad social es un gasto o que los subsidios a la energía que son salario indirecto para las familias y factor de competitividad para nuestras pymes, no son inversiones de calidad, entonces, ¿podemos seguir afirmando que, bajo estas condiciones, estamos viviendo en una democracia?”, inquirió la economista.
Su intervención fue en la charla virtual “Jornadas virtuales sobre deuda, fuga y criminalidad económica”, organizada por el Instituto de Estudios comparados en ciencias penales y sociales (INECIP) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE). También participaron el economista Horacio Rovelli, la socióloga Luci Cavallero y el Coordinador del Grupo de Trabajo de Finanzas para el Desarrollo CEPPAS, Pedro Biscay.
“El poder económico, cuyo principal objetivo es el lucro, está condicionando la vida de una manera total”, continuó Vallejos. En este línea, la diputada retomó el fallo de la Corte contra la decisión del gobierno de suspender las clases presenciales por la segunda ola y cuestionó cómo eso expone a la población. “Los argentinos no votamos a la Amcham, no votamos a la SRA, no votamos a BlackRock, no votamos a AEA. ¡Como no votamos a la CSJ! ¡ Y tampoco votamos al FMI! Entonces, lo que estamos discutiendo es sobre cómo recuperamos una verdadera democracia”, propuso.
Qué hacer frente a la deuda
Acto seguido, la economista puntualizó que el país debería destinar 15.000 millones de dólares por año para cancelar vencimientos, en la situación de una renegociación a diez años con un Plan de Facilidades Extendidas y una tasa de interés reducida, del 2% anual, contemplando los vencimientos de capital e intereses de la deuda externa nacional con acreedores privados, con el FMI, con otros organismos internacionales y la correspondiente a las provincias.
“Ampliando los plazos hasta veinte años y reduciendo la tasa de interés, la situación mejora, pero no despeja la imposibilidad de pago de todos estos vencimientos”, aseguró la presidenta de la comisión de Finanzas.
Frente a este cuadro, sostuvo que “no se trata de un problema de iliquidez, sino de insolvencia estructural autoinfligida en connivencia con el FMI”.
En este punto, vale remarcar que a la Argentina le hubiera correspondido recibir del FMI un monto máximo cercano a los 22.000 millones de dólares. Sin embargo, el excedente sobre esa cifra – unos 35.000 millones de dólares – fue el resultado de las negociaciones entre el gobierno de Macri y las autoridades de ese organismo.
El crédito que tomó el gobierno de la alianza Cambiemos por U$S 57.100 millones (de los cuales se desembolsaron alrededor de U$S44.000 millones), se trató del mayor de la historia otorgado por el organismo financiero. El desembolso se hizo efectivo durante la campaña presidencial del año 2019.
En este contexto, Vallejos abogó por “profundizar las querellas sobre los responsables locales y levantar los secretos bancarios y societarios, para que queden al descubierto quiénes son las personas físicas y jurídicas beneficiarias del endeudamiento con el FMI, y por ende las que deberían hacerse cargo de devolver esos fondos”. Asimismo, añadió que “la Argentina debe exigirle al FMI que coopere con el país en la discriminación entre deuda legítima e ilegítima y en la identificación de la localización de los fondos fugados del país”.
Su posición se enmarca, en el plano mundial, en el debate sobre cuál debe ser el rol de las finanzas internacionales y sus principales instituciones. Y en cómo los procesos de endeudamiento, en un contexto pandémico, afectan a los países de ingresos bajos y medios, como la Argentina.
“Si la pandemia ha expuesto como nunca antes, las hirientes desigualdades que habitan a nuestras sociedades, tanto como la ineficacia de las reglas actuales de funcionamiento del sistema para responder adecuadamente a las necesidades de nuestros pueblos, cuando se debaten la salud y la vida, es también evidente que ha quedado expuesta la necesidad de construir nuevas formas de vivir y convivir en el mundo, y nuevas instituciones que las sostengan”, planteó la economista.
“Una nueva arquitectura financiera internacional sería parte de esa asignatura”, reclamó.
Por último, dijo que “esas nuevas formas deberían, sin lugar a dudas, incorporar la aspiración inclaudicable de recuperar una democracia plena, sin condicionamientos de agentes externos a la voluntad de los pueblos, sin comisarios económicos que dicten, desde afuera, la política económica que deben suscribir los gobiernos que el pueblo elige”.