Ya pasó un mes del incendio de un taller textil clandestino en Caballito, donde murieron seis personas de nacionalidad boliviana. Tanto funcionarios nacionales, de la Ciudad y legisladores porteños se repartieron denuncias, críticas y pedidos de informes por el descubrimiento de que en la Ciudad funciona una red de talleres clandestinos. ¿Algo nuevo? En el medio, los pobres costureros bolivianos que quedaron tironeados entre la legalidad y mantener sus fuentes de trabajo.
En pocas semanas, del centenar de denuncias penales mediáticas contra los dueños de los talleres, por reducción del trabajo a la servidumbre, oficialmente no hay nada, salvo la renuncia obligada de Florencio Varela, director general de Protección del Trabajo porteño. Lo único que se le garantizó a los trabajadores -a todos los inmigrantes- es una residencia provisoria, para que se puedan encuadrar legalmente.
La causa cayó en la fiscalía de instrucción 38, a cargo de Bettina Votto. Lo único que la fiscal -que no quiso dialogar con esta agencia- investiga es el origen del siniestro, si fue un accidente y o si fue intencionado. Del trabajo esclavo, nada, porque nadie denunció penalmente la situación de los derechos humanos de los bolivianos. La única que sí lo hizo fue la defensora del Pueblo, Alicia Pierini, ante Norberto Oyarbide. Pero el juez se declaró incompetente y la denuncia recayó en la Cámara Federal y se estancó.
"Actualmente, se presentó un recurso de amparo para que la denuncia prospere. Pero hay que esperar", señaló a NOTICIAS URBANAS Mario Fernando Gamora, jefe del área de Discriminación y Violencia Institucional del organismo de control. "Es el Ministerio del Interior el que tiene la responsabilidad política de lo que pasó. Si se denunciara el trato de personas, se tendría que hacer ante la justicia federal (donde entra en cuestión un cambio de jurisdicción), pero el tema más importante es lo que se ha hecho en Migraciones, o lo que no se ha hecho, porque lo importante es la entrada de inmigrantes. Además, la policía federal, de investigación, depende del Ministerio del Interior", agregó.
Seguro que nadie quiere que vuelva a suceder un incendio como el de Caballito. Pero si nadie denuncia penalmente la situación de servidumbre y las condiciones en las cuales trabajaban los bolivianos, no se va a llegar a resolver la cuestión de la red de talleres clandestinos. Y es algo que se tiene que resolver desde Nación como desde la Ciudad, a través de los organismos de inspección, seguridad y control.
