Existe voluntad en la Legislatura y en el Poder Ejecutivo para modificar el Código Contravenciones de la Ciudad de Buenos Aires o de Convivencia Urbana. Jorge Enríquez, el legislador que propone uno de los textos más duros, explicó sus intenciones a NOTICIAS URBANAS.
"Ni garantismo absurdo ni mano dura", adelantó el diputado macrista, antes de enumerar las modificaciones que propone y que espera que sean apoyadas por el resto de los 23 legisladores que componen su bloque y por los seis que ingresaron por la alianza Unión para Recrear Buenos Aires. Necesita 31 votos y confía superar largamente este número, pero figuras como las de acecho y merodeo -que Enríquez quiere reeditar- y la reglamentación del derecho de reunión podrían complicar el debate parlamentario, previsto para mediados de febrero, ya que, inclusive entre quienes acompañarían el proyecto, hay disidencias al respecto.
"No es por portación de cara, sino por conductas". Así el ex vicepresidente de la Legislatura explica en qué consiste para él la figura del acecho y merodeo, mientras que, por otra parte, vislumbra que podría aplicarse muy bien en estaciones de ómnibus, shoppings y grandes estacionamientos.
El presidente de la Comisión de Seguridad también quiere simplificar el proceso de labrado de actas contravencionales y darles mayor importancia, de forma tal que sean semiplena prueba cuando se juzgue al contraventor. Además, propone incorporar la figura del reincidente y modificar el Código para que exista una pena específica para cada contravención, con el fin de evitar que el juez elija al libre albedrío entre las diez formas de castigo que actualmente existen. En este sentido, Enríquez quiere que el arresto sea efectivo para muchas de las figuras contravencionales y que la pena máxima que pueda aplicarse se amplíe de 30 a 60 días de detención.
Otra propuesta de Enríquez es que se incluya dentro del Código de Convivencia Urbana el castigo para la portación de réplica de armas. También promueve que las contravenciones que se cometan en espectáculos masivos sean juzgadas de forma inmediata y en el mismo lugar por cuerpos especializados de jueces y fiscales.
Finalmente, Enríquez quiere aprovechar la ocasión para desempolvar su propuesta para reglamentar el derecho a reunión, que tan "famoso" lo hizo entre las asambleas barriales, entre febrero y abril de 2002. En esa ocasión, el proyecto hablaba de que debían pedir permiso para reunirse los porteños cuando el evento superara la veintena de concurrentes. Ahora la idea es aplicarlo fundamentalmente para las movilizaciones callejeras. En declaraciones realizadas en Radio 10, afirmó: "No puede ser que hoy haya marchas, actos, piquetes, que se corten arbitrariamente vías de acceso y que se le impida a la gente llegar a trabajar".
