Este jueves la Legislatura porteña aprobó un proyecto de ley referido al Control de la Contaminación Acústica en la Ciudad, que contó nuevamente con el respaldo unánime de la Comisión de Ecología.
El objeto de la iniciativa "es prevenir, vigilar y corregir la contaminación acústica que afecta tanto la salud de las personas como al ambiente, protegiéndolos contra ruidos y/o vibraciones, fijos ó móviles, así como regular las actuaciones específicas en materia de ruido y vibraciones en el ámbito de competencia de la Ciudad ".
La norma sancionada está basada fundamentalmente en una iniciativa presentada por el diputado porteño (MC), Oscar Moscariello; que fue complementada por propuestas del presidente de la Comisión de Ecología, Juan Manuel Velasco (Espacio Plural); y de la diputada Alicia Bello (Frente Compromiso para el Cambio).
Según la norma sancionada, "queda sometida a las disposiciones de esta ley, cualquier actividad pública o privada y, en general, cualquier emisor acústico que origine contaminación por ruidos y/o vibraciones que afecten a la población o al ambiente y esté emplazado o se ejerza en el territorio de la Ciudad, sin perjuicio de lo establecido por la legislación vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo y otras normativas de aplicación".
Se considera a los ruidos y a las vibraciones como una forma de energía contaminante del ambiente. Se entiende por contaminación acústica a la introducción de ruidos o vibraciones en el ambiente habitado o en el ambiente externo, generados por la actividad humana, en niveles que produzcan alteraciones, molestias, o que resulten perjudiciales para la salud de las personas y sus bienes, para los seres vivos, o produzcan deterioros de los ecosistemas naturales.
La autoridad de aplicación, en el plazo de 365 días, deberá establecer los valores máximos permisibles a alcanzar como metas u objetivos de calidad acústica. Hasta tanto se determinen dichos valores se utilizarán como referencia una serie de índices que se establecen en la norma y que difieren según el objeto causante del sonido.
En diálogo con NOTICIAS URBANAS, Moscariello reconoció que "el tema no ha resultado pacífico, ya que este derecho se combina con otros igualmente constitucionales, como el derecho a la libre empresa, que se encuentran en permanente tensión. En esta línea se enmarca la ley, es decir, en el intento de conseguir que el ejercicio de todo tipo de actividades, laborales o lúdicas, se desenvuelvan dentro de unos límites que exige la convivencia ciudadana y el respeto a los demás".
Además aseguró que "en la sociedad actual, el ruido constituye uno de los elementos contaminantes de mayor persistencia y al que resulta expuesto gran número de personas. Este proyecto de ley ha tenido en cuenta la trascendencia de esta problemática, dotando a la Ciudad de un marco normativo que armoniza el derecho de los ciudadanos a organizar sus actividades económicas, productivas y recreativas con el disfrute de intimidad y el descanso en un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la personalidad".
Velasco, por su parte, señaló que "la norma le da una regulación nueva en materia de ruido a la Ciudad, dado que la legislación vigente data de 1983 y está tecnológicamente desactualizada. Por eso estamos planteando el mapa de ruido obligatorio que tiene que contruir la Ciudad y que debe ser actualizado cada cinco años. Dentro de este mapa, cada dos años el Gobierno debe definir metas de reducción de la contaminación sonora, que deben ser publicadas".
"También -agregó- se determina la verificación técnica vehicular para ruidos en todo tipo de vehículos que circulan por la Ciudad, desde subtes y trenes hasta colectivos y automóviles particulares. Con respecto a las fuentes fijas o zonas de especial sensibilidad acústica como puede ser el Aeroparque, todas las empresas deberán registrarse y hacer una evaluación de impacto acústico. Luego tendrán que definir un plan para especificar cómo irán disminuyendo sus niveles de ruido de acuerdo a los parámetros establecidos en la ley".
Las sanciones que se aplicarán frente al incumplimiento de la nueva normativa están previstas tanto en el Código Contravencional y en el Código de Faltas, lo que se ha hecho mediante esta iniciativa es incrementar las multas (que podrán llegar hasta los 30.000 pesos) e incorporar la figura del decomiso y/o clausura en caso de que el infractor reincida en su accionar, siempre que se trate de una industria o comercio.
Bello, por su parte, sostuvo que "el transporte público genera ruidos constantemente crecientes. La falta de mantenimiento, el incumplimiento permanente de las normas de tránsito y el uso indiscriminado de la bocina han convertido un servicio público en una fuente de trastornos e incomodidades. Las motos y los ciclomotores son un elemento de creciente irritación. Peor, el incremento de los repartos a domicilio ha multiplicado ad infinitun la cantidad de unidades que cruzan la ciudad".
La diputada macrista añadió que "el aspecto más ríspido es el nivel de compromiso que asuma el Poder Ejecutivo, en el efectivo cumplimiento de la norma. De no ser así, la Legislatura habrá trabajado en vano una vez más. Por el contrario si es cumplida esta ley redundará en un beneficio directo para los porteños".
Por último, Velasco se mostró sumamente conforme con el trabajo que viene llevando a cabo la Comisión que preside, la cual también impulsó este año la aprobación de la Ley de Calidad de Aire. "Trabajar con el espíritu de equipo con el que pudimos hacerlo en la Comisión, a pesar de que tenemos todos ideologías diferentes, es una gran satisfacción. Además, hemos consensuado las normas con el Ejecutivo, por lo tanto, poder construir políticas de Estado en lo ambiental, es realmente un orgullo", concluyó el diputado.