Tras el incendio de Cromañón, sucedido el 30 de diciembre de 2004, la Justicia decidió que el ex secretario de Seguridad porteño, Juan Carlos López, no debe ser condenado por el delito de "homicidio culposo", por el que había sido procesado en primera instancia.
La Sala V de la Cámara del Crimen, con las firmas de los jueces María Laura Garrigós de Rébori, Gustavo Bruzzone y Rodolfo Pociello Argerich, por unanimidad, revocó el procesamiento y dictó el sobreseimiento para López. La misma decisión adoptó la Cámara respecto de otros dos ex funcionarios de la gestión de Aníbal Ibarra, el ex subsecretario de Seguridad, Enrique Careli, y el ex director General de Servicios de Seguridad Privada, Vicente Rizzo, quienes estaban procesados por el presunto delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público".
La resolución de la Cámara alejaría definitivamente la posibilidad de que Ibarra sea alguna vez imputado.
La Cámara, además, adoptó otras dos decisiones, vinculadas con los músicos de Callejeros y con los cuatro policías de la Comisaría Séptima.
En el caso de Callejeros, la Sala Quinta tuvo "por desistido" el recurso de apelación, lo que podría ser interpretado como que quedó firme el procesamiento por "estrago doloso seguido de muerte" con que los había procesado Lucini.
Respecto de los policías, la Cámara consideró "mal concedidos" los recursos de apelación pues la situación procesal de ellos "no genera gravamen irreparable", básicamente porque no están privados de la libertad. En consecuencia, quedaron firmes los procesamientos contra el ex comisario Gabriel, el ex subcomisario Juan Carlos Díaz y los agentes Ramón Sosa y Cristian Villegas.
En una causa anexa a la que se tramita por el fallecimiento de 194 personas por "negocios incompatibles con la función pública" fueron procesados el ex jefe de Bomberos de la Policía Federal, Alberto Corbellini, y tres efectivos de esa fuerza (Marcelo Nodar, Marcelo Esnok y Gustavo Bravo) y otras tres personas (Rubén Fuertes, Luis Peruca y Viviana Vigne) con cargos jerárquicos de las empresas relacionadas a la seguridad Ipex y Bausis. Para ellos prevén penas que van de uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua de cargos estatales.
