"La reforma propuesta para el día 19 de febrero sobre el actual Código Contravencional apunta sustancialmente a darle plenos poderes sobre el conjunto de la ciudadanía a la Policía Federal, altamente sospechada de corrupción, violencia e impunidad", subrayó la legisladora porteña Beatriz Baltroc (foto), del Bloque Autonomía Popular.
La diputada se refirió, especialmente, a tres artículos de iniciativas presentadas por sus pares: el artículo 61 del proyecto del diputado Jorge Enríquez, el artículo 52 del proyecto de los diputados Jorge Giorno y Julio De Giovanni, y el artículo 2 del proyecto de la diputada Silvia La Ruffa.
"El diputado Enríquez -señaló la diputada- introduce la figura del acecho y merodeo, por el que puede ser sancionado con hasta veinte días de arresto el que circule por cualquier lugar sin motivo aparente. El artículo propuesto por los diputados Giorno y De Giovanni plantea el arresto de hasta tres días como sanción a la ‘permanencia injustificada’ en las proximidades de bancos, financieras e inmobiliarias. O sea, cualquiera de nosotros quedará en manos de lo que decida con total discrecionalidad la Policía Federal.
Baltroc subrayó que "estas figuras tienen carácter inconstitucional, ya que en el artículo 13, inciso 11 de la Constitución de la Ciudad plantea que en materia contravencional no rige la detención preventiva. Las bandas de delincuentes, los traficantes, los secuestradores (muchos de ellos, como se ha comprobado, en connivencia con sectores policiales y con zonas liberadas para delinquir), no van a ser detenidos mientras paran ocasionalmente en una esquina", ironizó.
"El reducir la edad de imputabilidad de los menores de 18 a 14 años propuesto en el proyecto de la diputada La Ruffa -continuó Baltroc- no hace más que cerrar este círculo que culpabiliza a los chicos sin hacerse cargo de la responsabilidad social que nos incumbe sobre un futuro sin esperanza".
CONFUNDIR A LA GENTE
En un comunicado que le hizo llegar a este medio, Baltroc sostuvo que "se pretende confundir a la población en temas como la ocupación del espacio público o la venta de alcohol a menores, figuras que ya existen en el actual Código y que no son aplicadas por las autoridades responsables. La venta ambulante, incrementada por la gran desocupación, merecería un tratamiento particular. Paradójicamente, la misma esta prohibida en la mayoría de los rubros. El aumento de las penas no va a regular y ordenar la actividad sino que va a incrementar el ‘peaje’ que los vendedores abonan coaccionados ilegalmente para no ser expulsados".
También se refirió al controvertido tema de la oferta de sexo en la vía pública. "En el artículo 58 del proyecto del diputado Enríquez, es altamente llamativo y expresión de una doble moral, al haber excluido de la sanción al que demande sexo", manifestó.
"En el tema de la obstrucción de circulación en la vía publica -añadió- la figura existe en el actual Código (artículo 41) y su aplicación o no, ha sido siempre una decisión política".
"El aumento de las penas es de carácter estrictamente efectista y apunta sin duda a justificar la represión de la protesta social. En definitiva, el Código es perfectible como toda norma legal. Pero estas propuestas contienen artículos que lisa y llanamente restringen fuertemente las libertades del conjunto de la población, dándole un poder indiscriminado a la Policía Federal", concluyó la diputada porteña.
