Luego de un intenso debate, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó una ley que declara la utilidad pública y expropiación de los inmuebles donde funcionaba la empresa Grissinópoli, y de todas las maquinarias y materias primas existentes dentro del inmueble, propiedad de la firma Grisines Savio S.A.
La norma es producto de dos proyectos presentados, respectivamente, por los legisladores Jorge Altamira (PO) y Beatriz Baltroc (ARI).
La empresa Grisines Savio S.A. es una planta de producción intensiva que, durante años, fabricó productos de panificación y fue líder en la eleboración de grisines. El deterioro económico y al desmanejo administrativo de la empresa la llevaron a una convocatoria de acreedores y al cierre del establecimiento a la espera de una decisión judicial. Ante la quiebra inminente por falta de acuerdo, la firma Bourne Financial Corp S.A. consensuó una propuesta de pago con los acreedores para hacerse cargo de la empresa.
El 21 de agosto de este año la jueza que entiende la causa, Norma Beatriz Di Noto, homologó el acuerdo y el procedimiento de cramdown. Según el apoderado de la nueva dueña, Raúl Alberto Fontela Vázquez, la intención de su representada era poner en funcionamiento la empresa, continuar con la actividad fabril y, por ende, mantener las fuentes de trabajo.
Durante el lapso en el que la empresa estuvo cerrada, los trabajadores constituyeron una cooperativa con el fin de asegurar la continuidad de su fuente de trabajo. Aseguran que la firma que adquirió la empresa tiene como único fin desarticular la Unidad Productiva y realizar un emprendimiento inmobiliario, aprovechando que la zonificación conforme al Código de Planeamiento Urbano le permitiría construir un complejo edilicio.
El proyecto aprobado por la Legislatura contó con Despacho favorable de la Comisión de Desarrollo Económico y Políticas de Empleo, y de la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Políticas Tributarias y Administración Financiera. Según lo consensuado en esas comisiones, la ley sancionada determina que el Gobierno de la Ciudad deberá ceder en comodato a la "Cooperativa de Trabajo La Nueva Esperanza Limitada" de los trabajadores los bienes a expropiar en un futuro, con el fin de que la entidad continúe con la actividad productiva.
"Grissinópoli constituye un ejemplo más de unidades productivas recuperadas por y para sus trabajadores, y un nuevo motivo para tratar, a la brevedad, la ley marco de Recuperación de Unidades Productivas, que he presentado oportunamente", señaló Baltroc.
Si bien la iniciativa no tuvo observaciones, no contó con el apoyo de los diputados Atilio Alimena (Partido Demócrata), Julio Crespo Campos (Ucedé), Ricardo Busacca (Bloque Popular Cristiano), Marta Tallotti (Argentina por Siempre) y Jorge Mercado (Movimiento Generacional Porteño).
Alimena y Crespo Campos coincidieron en remarcar que con este accionar la Legislatura está perjudicando al resto de los acreedores y beneficiando únicamente a los trabajadores. Además destacaron que el Cuerpo no puede ceder en comodato una empresa que tiene dueño. "Si quieren regalar parte de la Ciudad, que es de privados, allá ustedes. Yo voy a defender la propiedad privada, por eso le pido al jefe de Gobierno que vete esta ley", manifestó Crespo Campos.
Por su parte Alimena sostuvo que "el ARI, la izquierda y ahora el PJ han tomado la metodología de las expropiaciones como una bandera electoralista y no para resolver los problemas de fondo y a largo plazo. Con esta cesión en comodato temporaria la Legislatura está cumpliendo con el efecto del buen samaritano: hoy se van a sus casas y pueden dormir tranquilos, mañana se verá".
El diputado Crespo Campos también destacó que en la mañana del jueves la Legislatura recibió una carta del representante legal de firma Bourne Financial Corp S.A. en la que se deja constancia de que es dueña de Grisines Savio S.A. NOTICIAS URBANAS accedió al documento -cedido por la Secretaría Parlamentaria de la Legislatura- donde, entre otras cosas, se plantea que "el impulso al proyecto así como la ocupación actual de la fábrica, es efectuado por personas que tienen intereses, que no son precisamente los de mantener la fuente de trabajo, sino el beneficio propio". "Acaso los Señores Diputados ¿saben que detrás de las ocupaciones se encuentran antiguos socios, dueños de panaderías, que utilizan el potencial de la empresa y los dineros de la Ciudad en beneficio propio?. ¿Saben para quién produce hoy la fábrica?", pregunta allí el representante legal de Bourne Financial Corp S.A.
También sostiene que "Grisines Savio es una empresa en funcionamiento (no está en quiebra como otros casos de expropiación), tiene dueño y la privación de sus legítimos derechos y el avasallamiento sobre sus bienes resultarían contrarios a garantías constitucionales. Esto es un grave error que generará perjuicios irreparables en bienes y personas y sobre todo, en el erario público, por los inconmensurables daños que deberá reparar el Gobierno de la Ciudad".
"Grisines Savio -agregó- además afronta un juicio hipotecario por una suma superior a los 400.000 dólares que se encuentra en estado de subasta. En el proyecto empresario de mi mandante se encuentra prevista la inmediata cancelación de la deuda. En el proyecto de los señores diputados ¿quién abonará la hipoteca, cómo evitarán la inmediata subasta, cómo producirán con el inmueble rematado?"
Estos y otros cuestionamientos se plantean en la carta remitida a la Legislatura porteña, que fue totalmente ignorada por los diputados que impulsaron la sanción de la ley en cuestión. Tampoco nada de lo que plantea el apoderado de Bourne Financial Corp S.A. consta ni en el expediente ni en el texto aprobado por el Cuerpo.
Pese a esto, y aunque tanto Alimena y Crespo Campos solicitaron que el Ejecutivo porteño vete la ley, la diputada Beatriz Baltroc aseguró que "la norma fue consensuada y trabajada con la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad".
