El pasado 20 de diciembre, en el marco de un paro nacional convocado por la CTA y de la masiva marcha hacia Plaza de Mayo, los trabajadores del Hospital de Pediatría "Profesor Juan Garrahan" afiliados a ATE realizaron un paro en el que, además de las reivindicaciones generales, reclamaron por sus propias deudas salariales. A raíz de ello, el personal se movilizó contra la máxima autoridad del hospital, el Consejo de Administración, el cual "se negó a recibir a los delegados y no informó de un próximo pago parcial, que podía descomprimir la situación", opinó la legisladora porteña Vilma Ripoll (MST- Izquierda Unida).
Hace unos días, Ripoll presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo porteño informe sobre diversos puntos del conflicto laboral que se está desatando en dicho hospital porteño.
"Recién a las dos horas los representantes del Consejo aceptaron una reunión para el 23 de diciembre -continuó Ripoll-, pero días después la Dirección y el Consejo lanzaron un ataque directo a los derechos sindicales. El 22 de enero se les inició un sumario a 41 trabajadores, entre ellos delegados de ATE, por, supuestamente, ‘alterar el desarrollo de las tareas de la Institución", añadió la legisladora.
Entre los supuestos desmanes, las autoridades del hospital acusaron a los trabajadores de "golpear cacerolas, romper paneles, sustraer vajilla”, y hasta “golpear al doctor (¿Jorge V.?) Menehem e impedirle atender un llamado".
Desmintiendo las acusaciones, Ripoll defendió a los trabajadores sosteniendo que "el 20 no hubo cacerolas, paneles rotos ni faltó vajilla. El doctor Menehem pudo salir a hablar por teléfono y luego volver al Consejo sin inconvenientes". La legisladora izquierdista manifestó a su vez que si algo altera el desarrollo de las tareas "es la permanente falta de presupuesto que impide atender bien a los pacientes, culpa del Gobierno de la Ciudad, y los continuos retrasos salariales, que alteran la vida de los trabajadores y sus familias".
En los argumentos de su presentación, Ripoll expuso que a los trabajadores del Garrahan les deben desde hace meses los adicionales (2.000 pesos promedio a cada uno), las categorías, la antigüedad, y los mini-aguinaldos por productividad, lo que totaliza un 17 por ciento menos de salario. "Y hasta les retrasan las horas extras", afirmó.
A través de su pedido de informes, Ripoll exigió que se detalle si es que se le adeuda al personal los "recursos genuinos" de enero a noviembre de 2002, las bonificaciones por "productividad" de marzo y septiembre de 2002, si siguen congelados los ítem "letra" y "antigüedad", y si al 6 de febrero de 2003 aún había horas extras de noviembre pasado impagas.
La presentación también pide que que las autoridades del hospital expliquen "por qué se abrió un sumario administrativo detallando a 41 agentes, si además del sumario denunciaron penalmente a los trabajadores" y que se informe si aquel día 20 el hospital confeccionó una lista de los trabajadores presentes o ausentes. El proyecto también cita al director del Hospital Garrahan, Alberto Dalbó, y a dos consejeros a asistir a una reunión conjunta de las Comisiones de Salud, Derechos Humanos y Legislación Laboral de la Legislatura porteña en cuanto se apruebe la resolución.
"Un solo dato basta para calificar la intención persecutoria del sumario: de 41 trabajadores incluidos, 17 no concurrieron ese día al Hospital. Casi la mitad de los acusados ni siquiera estaban presentes. Semejante aberración invalida el sumario entero. No hay otra explicación, más que decir que el listado estaba armado de antemano ¿Cómo no considerar legítimo que protesten?", finalizó Ripoll, que es también candidata a la jefatura de Gobierno porteña por la Izquierda Unida.
