Los créditos para la construcción de viviendas sociales podrían aumentar su techo de 30.000 pesos a 42.000 pesos, de prosperar un proyecto de ley presentado en la Legislatura porteña por la diputada Laura Moresi (Frente Grande). Para eso la legisladora propone modificar la ley 341, que establece la entrega de créditos por parte de la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) a personas físicas y a cooperativas, mutuales y organizaciones civiles sin fines de lucro, para la construcción de viviendas.
La iniciativa plantea también que la CMV, en su carácter de autoridad de aplicación, pueda modificar el tope "cuando las circunstancias económicas así lo requieran y siempre que la situación presupuestaria así lo permita". La intención, planteada en los fundamentos, es que la CMV pueda aumentar el límite, pero de la lectura del proyecto tal cual está redactado se desprende que este organismo podría tanto incrementar como reducir el máximo estipulado.
Otra reforma a la Ley 341 que promueve la diputada Moresi es que sus beneficiarios tengan la obligación de acreditar la contratación de equipos técnicos interdisciplinarios, integrados por profesionales de las áreas social, contable, jurídica y de la construcción. Los honorarios de estos equipos, según el proyecto, podrían ser incluidos en la financiación de la operatoria y no deberán superar en conjunto el 10 por ciento del monto total del crédito.
"La participación del Estado en políticas habitacionales con perfiles autogestionados no puede consistir, por definición, en que éste asuma la construcción por sí de las viviendas y las adjudique con posterioridad de acuerdo a algún orden de prioridades previamente determinado", explicó Moresi. "En ese sentido -continuó la legisladora- se propone la creación de un subsistema integrado por equipos técnicos interdisciplinarios, que tendrá por función nutrir a las organizaciones del complejo de servicios que los proyecto requieren", puntualizó la diputada.
Moresi también propone que la CMV pueda efectuar anticipos financieros a favor de los beneficiarios, siempre que el monto total de los mismos no supere el 10 por ciento del total presupuestado para la obra y que las construcciones sean consideradas viviendas sociales, con el fin de evitar que éstas reciban un tratamiento tributario y edilicio no acorde con la finalidad que persiguen. Finalmente se establece a los beneficiarios la exigencia de presentar el documento nacional de identidad y una acreditación de residencia en la Ciudad de Buenos Aires durante los últimos dos años. Esto último "obedece a la necesidad de asegurar el recupero del crédito una vez finalizadas las obras y efectuada la subdivisión del mismo".
