De no mediar una solución, 93 familias serán desalojadas del edificio ubicado en Caracas 2787, de la Paternal, conocido como La Lechería, que ocupan hace 20 años. Los proyectos de viviendas autogestionadas que podrían salvar a estas personas de la calle tienen como arquitectos a los legisladores de Autodeterminación y Libertad Daniel Betti -miembro de la Comisión de Vivienda- y Sergio Molina, quienes, por este motivo, estarían inmersos en un conflicto de incompatibilidad de funciones. NOTICIAS URBANAS se comunicó con la asesora de prensa del bloque zamorista, quien prefirió no hacer declaraciones al respecto.
Según el convenio realizado entre la cooperativa La Lechería y el Gobierno de la Ciudad, la primera abonará el seis por ciento del monto total de los créditos al equipo técnico de la obra: un tres por ciento a los autores proyecto y el restante tres por ciento a los responsables de la dirección de la obra.
Los terrenos sobre los que se desarrollarán los proyectos están ubicados en Echeandia 4158, Derqui 4053, Derqui 4057/59, Montes Carballo 1674, Moreto 1675 y Profeta de la Pampa 4552. De las tres primeras iniciativas se beneficiarán 27 familias y, hasta el momento, se desembolsaron 15.178,62 pesos; del proyecto de Montes Carballo saldrán viviendas para 28 familias y ya se pagaron 8.556,25 pesos; y las obras en Moreto y Profeta de la Pampa, por las que ya se abonaron 18.512,43 pesos, socorrerán a 35 familias.
El monto que, a través de créditos, desembolsaría el Estado a la Cooperativa La Lechería asciende a 468.244 pesos. Los créditos son de 42.000 pesos por grupo familiar, tienen una tasa anual que varía entre el 0 y el 4 por ciento, y comienzan a pagarse a partir de que está finalizada la obra.
La entrega de dinero está frenada en el Instituto de Vivienda debido a que el equipo técnico del proyecto, del que son parte Molina y Betti, aún no presentó los planos de replanteo y, por tal motivo, está retrasada la tercera carpeta de los seis proyectos.
Desde hace dos años, los habitantes de la Lechería tienen un convenio con la dueña del inmueble de la calle Caracas, por el cual el Gobierno de la Ciudad le paga un alquiler de 2.000 pesos mensuales. Sin embargo, el convenio caducó y la propietaria no quiere renovarlo, motivo por el cual continuó con el juicio de desalojo que había empezado antes del acuerdo.
Las partes se reunirán en una audiencia de conciliación el 19 de febrero y, en caso de no haber un nuevo acuerdo, se avanzará en el desalojo. Esta situación preocupa a la presidenta de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, Sandra Bergenfeld (Compromiso para el Cambio), quien convocó al presidente del Instituto de la Vivienda, Ernesto Selzer, al secretario de Desarrollo Social, Rafael "Balito" Romá, los cuales participarán a partir de las 15 de una reunión en el Salón Montevideo de la Legislatura.
