Después de que el ministro de Desarrollo Social de la Nación Daniel Arroyo le pidiera la renuncia a Gonzalo Calvo, el secretario de Articulación de la Política Social, por el escándalo de la compra de alimentos para comedores populares con fuertes sobreprecios, los otros 14 trabajadores de su secretaría también presentaron sus respectivas renuncias.
Calvo fue identificado como el primer responsable de la compra de grandes cantidades de fideos, azúcar, lentejas, aceite, harina y leche en polvo a valores que en algunos casos llegaban a casi a duplicar los precios de referencia fijados por la Sigen. El propio Arroyo debió admitir que en varios ítems de la compra por más de 530 millones de pesos “los precios están por arriba de los precios fijados”. Luego explicó que esto se debió a que los proveedores se habían “plantado”, ante lo que desde su cartera se priorizó garantizar el abastecimiento para los comedores.
El funcionario renunciado había protagonizado otro escándalo mediático el año pasado, cuando fue removido de su cargo por el intendente de Almirante Brown Mariano Cascallares, luego de que viralizara un video en el que parecía estar recibiendo una coima de una empresa de seguridad, aunque luego la Justicia desestimó la denuncia. En su alejamiento actual de la función pública desde la cartera de Desarrollo Social aclararon que por el momento no se constató un “acto de corrupción”sino un proceso por lo menos “desprolijo”.
Después de confirmarse el alejamiento de Calvo, también presentaron sus renuncias Carlos Montaña, subsecretario de Asistencia Crítica; Fabio Frega, coordinador de Planificación de Abordaje Integral; Pedro Procopio, coordinador de Depósito Metropolitano, Ana Barcheta, directora Nacional de Emergencia; Carolina D´Ambrossio, coordinadora Técnica de Asistencia Social Directa; Florencia Plano, directora de Asistencia Crítica; Agustina Brea, directora de Asistencia Institucional; Gastón Lasalle, directora Nacional de Gestión y Asistencia Urgente; Cristian Escudero, director de Ayudas Urgente, Victor Oviedo, coordinador de Asistencia a Instituciones no Gubernamentales, Ignacio Sabaini, coordinador de Gestión de Ayudas Urgentes; Gabriel Giurliddo, director de Talleres Familiares y Comunitarios; Federico Ludueña, director Nacional de Articulación Social y Productiva; y Gustavo Cassieri, director de Asistencia para Situaciones Especiales.
Desde la cartera de Desarrollo Social se aclaró que no les fue exigida la renuncia a estos funcionarios de segunda línea y de hecho reconoció que entre los renunciados hay “gente valiosa y de gran trayectoria en la función pública”.
Después de que estallara el escándalo, el propio Alberto Fernández había salido a afirmar que no “apañaría corruptos”, anticipando al tiempo que se revisarían las compras con sobreprecios, estableciendo nuevas normativas que prohibieran operatorias similares en el futuro. En este sentido, la cartera de Arroyo conformó que ya se revocó la compra de azúcar y aceite (los productos con mayor diferencia de precios) preparando una nueva licitación que será lanzada en los próximos días.