Con una polémica que se sumó en las últimas en torno a la vuelta de circulación de la tarjeta Monedero, y mientras continúa el conflicto con la línea B y asoma otro por la extensión de la línea A, la Justicia porteña ratificó la medida cautelar que dispone un freno al aumento de la tarifa de subte a 3.50 pesos, impulsado por el Gobierno de la Ciudad.
La decisión fue tomada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, que resolvió por mayoría rechazar el recurso de apelación interpuesto por el macrismo.
Los jueces Esteban Centanaro y Mabel Daniele consideraron: “el subte (incluyendo al Premetro) constituye uno de los pilares del sistema de transporte público de esta ciudad” y la “herramienta de traslado de trabajadores y educandos (entre otros)”.
Con la suba de la tarifa, consideraron, podrían verse comprometidos derechos sociales tales como los vinculados al empleo, la educación y la salud, sobre todo los de aquellos usuarios “de magros recursos”. Además, destacaron que “cualquier tipo de manipulación, desconsideración, desprotección que directa o indirectamente se le infiera a los usuarios del subterráneo, mientras se sustancie la acción de amparo, resulta inadmisible puesto que atenta contra el derecho al trato equitativo y digno que le es conferido por el texto constitucional”.
En disidencia, el magistrado Fernando Juan Lima entendió que el impacto del aumento en las economías personales no reviste la gravedad necesaria como para considerar que “los riesgos de permitir que continúe la situación actual hasta el dictado de la sentencia definitiva sean mayores que los que podrían derivarse del dictado de la cautelar pedida”, que podría llevar a una “grave afectación del servicio público comprometido”.
De esta manera, se confirmó la medida cautelar que suspendía la entrada en vigencia de la Resolución Nº 1798/SBASE/13, hasta tanto se resolviese la cuestión de fondo.
El fallo fue dictado a raíz de un amparo impulsado por el legislador Alejandro Bodart y ratificó la decisión firmada en marzo último por el juez Pablo Mántaras, que había ordenado cautelarmente suspender la entrada en vigencia de la nueva tarifa.
Pese a que la noticia se conoció el martes, el fallo fue dictado el viernes pasado.
