La tolerancia a la falta de políticas inclusivas es cada vez menor, y la demanda social crece proporcionalmente. Ahora, en pleno recambio gubernamental las cartas se barajan y vuelven a tirarse, esperando esta vez mayor suerte o mayor respuesta estatal.
En lo que resta del año, quiénes encabezarán los espacios de las segundas y terceras líneas de poder en el recién asumido gobierno de Alberto Fernández se irán definiendo.
En este contexto, Noticias Urbanas dialogó con Fernando Galarraga, quien es postulante para presidir la futura Secretaría de Discapacidad (que reemplazará a la actual Agencia Nacional de Discapacidad), para analizar el estadío actual de las políticas relativas a esta temática, qué se puede hacer, qué se necesita y cuál sería su impronta en caso de asumir.
Galarraga es uno de los principales impulsores de la creación de esta Secretaría de Estado, cuya ejecución está contemplada en la plataforma del Frente de Todos, y que sería dependiente del Poder Ejecutivo, dirigida a personas con discapacidad que se ocupe no sólo de resolver problemáticas coyunturales, sino también de políticas de mediano y largo plazo orientadas a la ampliación de derechos.
Es también el secretario de Discapacidad de la CTA Autónoma de Capital, conferencista nacional e internacional en la materia, y secretario ejecutivo de la Unión Latinoamericana de Ciegos. Y además de contar con larga trayectoria ocupándose de los derechos y necesidades de las personas con capacidades diferentes, es también no vidente, lo cual le permite en primera persona empatizar y comprender las urgencias que corren en la actualización de la atención a este colectivo social.
Panorama actual
En Argentina más de 5 millones de personas padecen de alguna discapacidad, y el expresidente Mauricio Macri finalizó su mandato con el 70% de ellas sin empleo.
Ante estos datos, Galarraga opinó que durante los últimos cuatro años “la situación se profundizó producto de los recortes en los programas del sector, y por el abandono en torno a las políticas públicas que debían protegerlos”.
“En el campo laboral se deberán implementar medidas concretas para garantizar el cupo del 4 por ciento de trabajadores con discapacidad en el Estado Nacional, algo que hoy no sucede”, resaltó.
Fernando Galarraga es también referente del Área de Discapacidad de la Asociación de Trabajadores del Estado – ATE Capital, uno de los espacios más relevantes en la lucha ante la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad, acrecentada en el último gobierno.
Vale destacar que la mencionada área llevó adelante acciones coordinadas junto a otras organizaciones de personas con discapacidad, sindicatos y otras manifestaciones institucionales, con dos objetivos puntuales: rechazar el DNU N° 698, que creó la Agencia Nacional de Discapacidad y acompañar todos los planteos judiciales y de otra índole para demandar la restitución de pensiones no contributivas a personas con discapacidad, tras el recorte presupuestario concretado por el gobierno saliente en políticas relacionadas con la temática.
Los desafíos en pleno recambio de Gobierno
“Retroceso, estigmatización y vulneración de derechos” son los tres conceptos que el nuevo gobierno del Frente de Todos no debería replicar, según expuso Galarraga.
Ahora, el gobierno entrante deberá trabajar en la restitución de las pensiones por discapacidad, así como también la puesta en funciones del programa Incluir Salud.
Galarraga es uno de los principales impulsores de la creación de una Secretaría de Estado dirigida a personas con discapacidad que se ocupe no sólo de resolver problemáticas coyunturales, sino también de políticas de mediano y largo plazo orientadas a la ampliación de derechos.
Y delineó luego el nuevo rol adoptado por el colectivo de discapacidad: “Está surgiendo un nuevo sujeto político en la Argentina que se une, se involucra, reclama y propone para mejorar la situación de nuestros pares en todo el país”.
Y adujo: “El Frente de Todos es la esperanza para transformar la realidad de miles de personas con discapacidad”.
Quién es Galarraga
Fernando Galarraga es periodista, además de docente de nivel terciario en Accesibilidad Audiovisual, y conferencista nacional e internacional sobre la temática de Derechos Humanos de personas con discapacidad.
Desde 2001 desempeñó distintos roles de gran protagonismo en la Unión Latinoamericana de Ciegos (ULAC): fue secretario general, primer vicepresidente y responsable de áreas técnicas orientadas a jóvenes y a las tecnologías de acceso a la información. Actualmente se desempeña como secretario ejecutivo de la entidad.
Complementariamente, entre 2001 y 2008 fue director ejecutivo de la Biblioteca Argentina para Ciegos, que desde hace 95 años ofrece servicios a personas con discapacidad visual de todo el país y América Latina.
Su fructífero accionar en tareas relacionadas con este colectivo de población lo llevó en 2018 a asumir la Secretaría de Discapacidad de la Central de Trabajadores de la Argentina – CTA Autónoma de Capital Federal, desde donde trabajó para promover la unidad de acción de organizaciones sociales relacionadas con la temática para defender los derechos de las personas discapacitadas, ante el constante desguace de presupuesto y políticas, puesto en marcha durante la última gestión de gobierno.
-¿Por qué buscan sustituir la Agencia Nacional de Discapacidad?
-La agencia fue creada por Decreto de Necesidad y Urgencia, cuando el Congreso no tenía ningún impedimento para abordar la creación de un organismo si fuera el caso. Además, no se consultó a las organizaciones representativas del sector, tal como lo indican los tratados internacionales que Argentina ratificó. Este organismo, conducido por una persona que no sabe de la materia, no cumplió con ninguno de los objetivos que se mencionaron para su creación, como fue implementar un Plan Nacional de discapacidad que se anunció con grandilocuencia, pero que nunca tuvo un plan de implementación ni presupuesto.
Con la militancia articulada de muchas organizaciones logramos un dictamen de rechazo al decreto que creó la agencia en la comisión de Trámite Legislativo que trata los decretos de necesidad y urgencia. Lamentablemente, nunca se llevó ese dictamen al recinto para su tratamiento.
-¿Por qué proponen la creación de una Secretaría de Estado dirigida a personas con discapacidad?
-La discapacidad es una temática transversal. Se requiere que el organismo que se encargue del tema tenga jerarquía, presupuesto y respaldo político, si se quieren dar las transformaciones que el sector demanda con urgencia.
Si el área que aborde la discapacidad queda, por ejemplo dentro del Ministerio de Desarrollo Social, estará limitada a las políticas que implemente el ministro de turno y no tendrá autonomía para gestionar, impulsar y dialogar en forma directa con todos los sectores del Estado.
La nueva secretaría debe mantener un diálogo abierto y permanente con cada ministerio, con las provincias, con actores sociales en general, porque la discapacidad está presente en todos los órdenes, desde la educación inicial, hasta la construcción de vivienda, pasando por la inclusión laboral, la salud, el turismo e incluso en el acceso a la justicia.
-¿Qué impronta impondrán en caso de asumir en el ente? .
Nuestro objetivo es que una persona con discapacidad conduzca esta secretaría. Hoy tenemos varios cuadros con formación y experiencia dentro del Frente de Todos con altas posibilidades de ocupar ese espacio.
Desde 2007 que una persona con discapacidad no conduce el organismo relacionado con el sector. Sin embargo, no se trata de que por tener discapacidad ya estás habilitado; se trata de ubicar ahí a personas con formación, compromiso y militancia; con capacidad de diálogo y la vivencia de la discapacidad. Nuestro colectivo siempre fue invisibilizado porque otros tomaron la palabra en nuestro lugar. Es momento de cambiar eso y confiamos en que el presidente Alberto Fernández nos acompañe en este gran desafío. El paternalismo en relación a las personas con discapacidad también es algo que debemos derribar en la Argentina.
-¿Cuál es el análisis del trabajo de Cambiemos sobre esta materia? ¿Considera que Gabriela Michetti ha sabido aportar a la gestión saliente la importancia y ocupación suficiente a este sector?
-La mirada del gobierno sobre la discapacidad fue atrasada y estigmatizante. Hablaron de filantropía, beneficencia, esfuerzos individuales y otras cuestiones ya superadas en el paradigma social de la discapacidad.
Jamás la Vicepresidenta utilizó la palabra “derechos” cuando se refería al tema, como si no conociera la convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
En lo concreto, durante esta gestión tuvimos la quita de pensiones, la burocratización de cualquier trámite relacionado, el retroceso en el cumplimiento del cupo laboral, el vaciamiento del Programa Incluir Salud, la falta de pago a prestadores y hasta el despido de trabajadores y trabajadoras con discapacidad en el ámbito estatal.
Lo novedoso de este período fue la resistencia, la articulación de organizaciones y el empoderamiento de muchos líderes con discapacidad. Sin ese movimiento que expresó su rechazo con contundencia a todas estas políticas, el ajuste hubiera sido mucho más salvaje de lo que fue en relación a nuestro sector.
Y en cuanto a la Vicepresidenta saliente, ella no aportó nada que pueda ser de utilidad para nuestra causa. Creo que esto se explica, no sólo en la ideología del macrismo, sino en que ella misma tardó en definirse como persona con discapacidad. Era habitual que hablara de “accidentada”, cuando se refería a su propia condición. Después, es como que descubrió esta temática, pero nunca fue una conocedora y una militante de los derechos de sus pares.
Incluso, dentro del propio gobierno o en la relación con sus colegas, se notaba que ella misma era dejada de lado. Es muy recordada la imagen cuando el presidente le deja el micrófono encima de sus piernas, como si se tratara de una mesa. Este ejemplo muestra el lugar que le dio Cambiemos a la Discapacidad, más allá de sus discursos que, en la práctica, estuvieron siempre vacíos.