Denunciaron irregularidades en la adjudicación de dos centrales termoeléctricas

Denunciaron irregularidades en la adjudicación de dos centrales termoeléctricas

Se trata de las plantas Brigadier López y Ensenada de Barragán. Se habrían vendido a “precio vil”.


En el segundo semestre de 2018 se realizó una de las licitaciones que más dolores de cabeza le traerán en los próximos tiempos a algunos funcionarios del gobierno que encabezó Mauricio Macri, entre los que se cuentan los ex secretarios de Energía Juan José Aranguren y Javier Iguacel; el presidente de la estatal exENARSA, renombrada luego como Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA), Mario Dell Aqua; el director ejecutivo y gerente de termoeléctricas de IEASA, Alberto Raúl Brusco; el gerente de control de proyectos de IEASA, Adolfo Marcelo Piccinini; el ex presidente de Enarsa, Hugo Balboa y hasta el empresario Ángelo Calcaterra, primo del expresidente y expropietario de Iecsa, la histórica empresa del Grupo Macri.

La historia comenzó con la construcción de las centrales termoeléctricas Brigadier Estanislao López, situada en Sauce Viejo, a 20 kilómetros de Santa Fe y Ensenada de Barragán, que queda en Ensenada, a ocho kilómetros de La Plata.

El costo aproximado de las obras que encaró el gobierno peronista que precedió a Macri fue, según los legisladores Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y Adrián Grana, que denunciaron a los funcionarios aludidos, de alrededor de 1.000 millones de dólares. El 31 de octubre de 2017, el Gobierno emitió el Decreto N° 882, por el que decidió la privatización de diversos activos estatales, entre los que se encontraban las centrales mencionadas.

La denuncia de los diputados peronistas se centró en que las centrales fueron adjudicadas a un precio demasiado bajo, efectuando además el Estado una serie de concesiones favorables a los compradores, que éstos consideraron inaceptables.

Por de pronto, en agosto de 2018, las usinas fueron tasadas por el Tribunal de Tasaciones de la Nación en 305.906.000 millones de dólares (Barragán) y 207.110.000 millones de dólares (Brigadier López).

En mayo y junio de 2019, ambas centrales fueron adjudicadas. La empresa YPF-Pampa Energía se quedó con la de Ensenada de Barragán por 229.529.500 millones de dólares, mientras que Central Puerto se quedó con la central Brigadier López a cambio de 165.432.500 millones de la moneda norteramericana.

La pérdida, según los denunciantes, fue de u$s 76.376.500 millones para el caso de la central de Ensenada de Barragán y de 41.677.500 millones por la central Brigadier López.

Tal fue el caso, que en primera instancia, la única central adjudicada fue la de Sauce Viejo, al consorcio encabezado por Central Puerto, en la que Nicolás Caputo es accionista, mientras que la adjudiciación de la central Ensenada de Barragán fue declarada desierta. Por esta última había pujado la sociedad de Central Puerto e YPF. Finalmente, IEASA –que se hizo cargo de la venta- aceptó una propuesta de una nueva sociedad, conformada por Pampa e YPF. 

Hace pocos días, el actual presidente de IEASA, Andrés Cirnigliaro, amplió la denuncia de los legisladores, que fue presentada en la primera semana de febrero de 2019. El funcionario aportó nuevos datos de las irregularidades producidas, que serán evaluadas en el juzgado cuyo titular es Daniel Rafecas, actualmente en uso de licencia por su postulación a Procurador General de la Nación. El fiscal actuante en la causa es Gerardo Pollicita.

 

Para concretar la privatización, las autoridades modificaron los contratos de fideicomiso de las centrales, que tenían expresamente vedada su privatización, ya que los títulos de deuda que poseía IEASA dejarían, en caso de ser privatizadas las plantas, de poseer el aval del Tesoro. Esto, a causa de que los avales del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) no podían estar en manos privadas.

 

Para concretar la privatización, las autoridades modificaron los contratos de fideicomiso de las centrales, que tenían expresamente vedada su privatización, ya que los títulos de deuda que poseía IEASA dejarían, en caso de ser privatizadas las plantas, de poseer el aval del Tesoro. Esto, a causa de que los avales del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) no podían estar en manos privadas.

Además, al financiar el FGS la construcción de las plantas, IEASA debió utilizar los fondos de las ventas para comprar los títulos de deuda con el FGS, que era el requisito para modificar el cambio de la titularidad de las centrales. IEASA vendió a precio vil, según los denunciantes, y se quedó con esos títulos del FGS, que se repagan a través de los contratos con el mercado mayorista y tienen riesgo asociado. En el camino perdió u$s 118.054.000 millones, ya que el Tribunal de Tasaciones de la Nación había establecido como piso la suma de u$s 516.016.000 millones y se terminaron pagando u$s 394.962.000 millones.

Finalmente, IEASA pasó en el mismo día, de tener dos centrales eléctricas funcionando, generando energía y cobrando por ello, a poseer el efectivo de la venta de ambas plantas por un monto mucho menor a la tasación que había realizado el Tribunal de Tasaciones de la Nación.  Este dinero lo utilizó para comprar los títulos Valores Representativos de Deuda (VRD) que anteriormente las calificadoras estatales habían calificado como riesgosos.

Las explicaciones de los funcionarios estatales fueron, como mínimo, endebles. Su principal argumento fue que estas concesiones hacia las empresas tenían como objetivo convocar a más oferentes, que intervinieran en la licitación y que la puja por triunfar elevara los precios.  Pero, aún así, las numerosas modificaciones en la licitación sólo atrajeron a un solo oferente para cada central. Inclusive, en el primer momento, uno sólo ofertó por las dos. Peor aún, IEASA se reservaba la potestad de dejar sin efecto la licitación si sus funcionarios se hubieran mostrado disconformes con las ofertas, cosa que no hicieron.

 

Tailhade: “¡Hubieran hecho algo!”

En diálogo con Noticias Urbanas, el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade manifestó que “la primera reflexión que me merece este caso es que nosotros hicimos la denuncia hace más de un año y desde entonces la Justicia no hizo prácticamente nada. No sé si hubiera sido posible que se pararan los procesos de adjudicación, pero…¡hubieran hecho algo!!! Éste es un modus operandi de algunos jueces, que no toman en serio su tarea. En este caso, existió un daño evitable, porque acá se esfumaron 120 millones de dólares. Ni hablar de lo que hubiera significado para el Estado retener las dos centrales”.

Vehemente, como es su costumbre, el diputado bonaerense se quejó de que “lo más escandaloso es que en el mismo momento en que se producía un gran tarifazo, nosotros les regalábamos dos centrales a precio vil a los amigos del presidente”.

Hablando de un proceso en el que sobraron irregularidades, Tailhade relató que “hay un aspecto de la causa que no veo reflejado en los medios. La primera parte es que le quitan a la empresa IECSA la construcción de ambas centrales, en un proceso que se repite: esta empresa reclamó, al asumir el gobierno en 2015, una serie de mayores costos, algo que también hicieron algunas concesionarias de los peajes. La respuesta del Gobierno fue, en varias ocasiones, rescindir los contratos y otorgarles a las empresas jugosas indemnizaciones, seguramente no justificadas, que deberían ser investigadas por la Justicia”.

“Otro hecho paradigmático de esta causa es -relató el legislador- que los directores técnicos en la construcción de ambas centrales, Alberto Raúl Brusco y Adolfo Marcelo Piccinini, ambos gerentes de IECSA, cuando se le rescindió el contrato a su empresa, pasaron a trabajar en IEASA como director ejecutivo y gerente de termoeléctricas el primero y como gerente de control de proyectos, el segundo. De esta manera, ambos condujeron el proceso de licitación por el que terminaron privatizando ambas centrales”.

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