Hubo discursos y argumentos. Eso sucedió este miércoles en el Senado en la reunión remota de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda. Los bloques de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos llevaron a las comisiones a varios especialistas que se expresaron a favor y en contra sobre la transferencia de partidas de Nación a la Ciudad de Buenos Aires en el marco del debate de la ley convenio enviada por el Poder Ejecutivo para fijar los fondos nacionales para la policía de la Ciudad.
Lo que se está discutiendo es el proyecto del Gobierno nacional para reducir aún más la coparticipación de la Ciudad y el centro de la discusión es la transferencia de la policía a la Capital. Si los fondos destinados eran los correctos o no y la Ciudad recibió de más como dice Nación.
Por el Gobierno expusieron Daniel Fihman, Secretario de Coordinación Bienestar Control y Transparencia Institucional; Silvia La Ruffa, Subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa y Gabriel Fuks, Secretario de Articulación Federal de la Seguridad. Luego lo hicieron el constitucionalista Daniel Sabsay, que consideró que el presidente Alberto Fernández viola la legalidad tributaria y lo calificó de “una especie de emperador”; el exconvencional constituyente radical Antonio María Hernández,; el ex senador porteño y ex presidente provisional del Senado Federico Pinedo; el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y finalmente el exprocurador Carlos Balbín quien es doctor en derecho y especialista en derecho constitucional.
Fihman afirmó que “en marzo de 2016 se firmó un acta complementaria entre las dos partes que establecía que la Nación efectuaría la liquidación de los haberes del personal efectivamente transferido así como del resto de los gastos incurridos, que el Ministerio de Seguridad a través de la PFA informaría esos gastos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y este último realizaría la transferencia de esos montos al Tesoro Nacional”. La totalidad de ese monto transferido, precisó Fihman, “fue validado por el Gobierno de la CABA y alcanzó la suma de más de 8 mil millones de pesos entre el 5 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de ese mismo año”.
Por su parte, La Ruffa aseguró que el expediente que dio lugar al convenio “no cuenta con un informe técnico que explicite cuáles fueron los criterios que utilizó en ese momento el gobierno nacional para definir las estructuras necesarias para garantizar las competencias federales en materia de seguridad en el territorio de la Ciudad”.
Fuks, apuntó que “no existe un rechazo al mecanismo de la construcción de la policía ni a la competencia en materia de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. “La voluntad del Presidente Alberto Fernández, es clara: respetar la autonomía de la Ciudad. A pesar de que la Ciudad excede largamente la recomendación de la ONU de efectivos por habitante, el Estado Nacional sigue prestando en su territorio competencias no federales, y que en el proyecto permanezca la cláusula 14ª es la ratificación de ese compromiso asumido”, consideró.
Los senadores de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri y Esteban Bullrich, hablaron de la inconstitucionalidad de la medida dictada por Fernández.
Lousteau cuestionó el cálculo del gasto que busca fijar el oficialismo. El costo “está subestimado” dijo y consideró que “es mala base (tomar sólo el año 2016) para saber cuánto costó lo que transfirió la Nación”.
“Hay una diferencia sobre el punto de partida, por eso creemos que tomar el 2016 es una mala base para saber cuánto costó lo que transfirió la Nación y por eso hay que tomar el 2015 y cuándo lo vemos en ese año se gastó solo en Seguridad Metropolitana y Bomberos es muy superior a los 8.046 millones que están diciendo”, dijo.
“Nosotros deberíamos estar discutiendo sobre los números para que una vez considerado que hubo una transferencia de competencias como la hubo, saber cuáles tienen que ser exactamente los montos transferidos y no que sea algo que se hace de la noche a la mañana y sobre un cálculo que es muy discutible”, concluyó.
“Tiene que haber un convenio, un acuerdo de voluntades, nadie puede modificarlo unilaterlamente”, reclamó Pinedo en la misma línea que antes se había expresado Antonio María Hernández. “La Corte dice que si no hay acuerdo no puede haber transferencia”, consideró y defendió también el decreto de Macri “que está avalado por ocho leyes”. Y concluyó: “La Nación no tiene ninguna facultad para quitarle coparticipación a ninguna provincia”.
El proyecto fija en 24.500 millones de pesos el gasto anual para seguridad en la Ciudad, en lo que respecta al traspaso de una parte de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad, acordado mediante un convenio que se firmó entre el gobierno de Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en 2016.
Además, establece que ese monto será actualizado de acuerdo con un índice compuesto en un 80 por ciento por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20 por ciento por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad.
Al término del encuentro, la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles Sacnún, dispuso pasar a un cuarto intermedio para mañana a las 13.
