Cristóbal López y De Sousa fueron sobreseídos por la venta del grupo Indalo

Cristóbal López y De Sousa fueron sobreseídos por la venta del grupo Indalo

Los abogados de los empresarios estarían en condiciones de pedir la libertad de ambos.


Los empresarios Cristobal López y Fabian De Sousa resultaron sobreseídos en la causa de la supuesta venta irregular del grupo Indalo en un fallo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien también benefició en esa decisión a Ignacio Rosner y Enrique Dellatorre Balestra.

La magistrada sostuvo que su decisión “es producto del análisis efectuado sobre las pruebas incorporadas a lo largo de la instrucción, que tuvo por objeto esclarecer la presencia de supuestos actos fraudulentos y deliberados por parte de los imputados”.

La magistrada consideró que corresponde aplicar un criterio “desvinculatorio de los hechos que constituyeron el objeto procesal de la presente causa, en la medida que no constituye delito”.

Los abogados de López y De Sousa estarían en condiciones de pedir la libertad de ambos ante el Tribunal Oral Federal Número 3.

La acusación contra los empresarios sostenía que habían ejecutado una maniobra para que en la venta del grupo Indalo figuraran bienes que habían sido inhibidos.

Pero para la jueza, “nada de ello ha sucedido, ni se indujo a error ni se transfirieron acciones inhibidas”, y en consecuencia, no hubo por parte de los acusados “un intento de burlar la acción de la justicia” y que, en definitiva, “la venta no se produjo”.

En diciembre de 2017, el juez Julian Ercolini procesó a los dos empresarios y a Echegaray por defraudación al Estado y ordenó las detenciones.

Sin cuestionar la decisión de Ercolini, Capuchetti explica en su sentencia que “tras 20 meses de investigación” las presentaciones en esa causa no tuvieron como finalidad incumplir las medidas que pesaban sobre las sociedades que estaban cauteladas en función de la deuda impositiva que López y De Sousa tienen supuestamente con el fisco.

“No se intentó defraudar a los intervinientes en ese expediente, tampoco fueron transferidas las acciones de las empresas y no obra ninguna prueba que permita inferir que se encontraban impedidos de realizar cambios de autoridades ni tampoco que esta situación haya sido efectuada con fines ilícitos”, remarca la magistrada.

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