“Voy a continuar la labor de Enzo, sumándole mi sello personal”

“Voy a continuar la labor de Enzo, sumándole mi sello personal”

Por Antonio Lizzano y Florencia Galarza

Marcela Basterra, presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad recibió a NU y adelantó los lineamientos de su gestión. Defendió el traspaso judicial, habló sobre tecnología, género y más.


“Desde el Consejo tomamos este traspaso con completa responsabilidad porque, sin exagerar, nos sentimos parte de un proceso histórico”, había dicho a Noticias Urbanas Enzo Pagani, entonces presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, en una entrevista concedida en marzo de este año, pocos días antes de su muerte.

Ahora, su sucesora, Marcela Basterra, recibió también a este medio con la misma inquietud: “Uno de los desafíos más grandes que heredé y que mantiene este Consejo es el traspaso de la Justicia”, evidenciando así que se mantendrá una línea de continuidad operativa que regirá al Consejo a pesar de su cambio de comandos.

“Pienso seguir con los lineamientos de muchas cosas que estábamos haciendo con Enzo, pero aportando mi sello personal”, especificó la mujer, que fue vicepresidenta de este organismo y por cuyo rol trabajó codo a codo con Pagani, conociendo cada detalle del funcionamiento del Consejo.

Su extensa trayectoria en la Justicia no pasó inadvertida: Basterra ganó por el voto unánime de sus compañeros. Con una visión tan comprometida con el traspaso de la Justicia como con las cuestiones de género, la nueva presidenta habló de los mayores desafíos a los que se enfrentará en esta nueva etapa: la modernización de la Justicia a través de la innovación tecnológica y sus resultados en la transparencia judicial, el acercamiento a la comunidad porteña a través de diversos programas y la imperiosa necesidad de la autonomía judicial de la Ciudad para abandonar, de una vez por todas, el “cajoneo de expedientes”.

 

–¿Cómo llegó a la presidencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad?

–En primer lugar, tengo una amplia experiencia académica de más de 25 años. Soy profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctora en Derecho de la UBA, especialista en Derecho Constitucional, y tengo una maestría en Constitucional y Humano. Además de escribir varios libros, soy profesora de grado, posgrado y doctorado de más de diez universidades. Cuando uno se dedica al ámbito constitucional y de derechos humanos, normalmente se dedica al asesoramiento en distintos lugares del Estado. Por eso, uno de los lugares que me ha tocado es el Consejo de la Magistratura porteño. Y es uno de los más lindos de estar, porque es uno de los pocos donde, sin hacer política agonal, se pueden hacer políticas relacionadas con lo público, el derecho y otras ramas.

 

–Tuvo una asunción difícil por las circunstancias en las que le tocó hacerse cargo de la presidencia del Consejo. ¿Cuáles serán sus pasos y qué direccionamientos le dará a la entidad?

–Todo fue muy traumático porque con quien fuera el presidente, Enzo Pagani, además de tener una relación laboral, teníamos también una amistad personal desde 2004. Trabajábamos en equipo y fue muy shockeante, muy triste, recibir la noticia de su fallecimiento. Es por eso que no hubiera querido nunca llegar a presidenta. Yo era vicepresidenta y la verdad es que estaba muy feliz ahí. Este nuevo cargo tiene muchísimas responsabilidades que no me fueron dadas automáticamente, sino que fui elegida por mis compañeros por unanimidad, por lo que estoy totalmente agradecida por su apoyo. De cara al futuro, pienso seguir con la labor de muchas cosas que estaba haciendo Enzo, porque las hacíamos en equipo, pero le voy a sumar mi sello personal. Entiendo que los desafíos más importantes que tenemos ahora en el Consejo este año es, en primer lugar, concretar el traspaso de la Justicia de la Nación a la Ciudad, que lo ordena la Constitución nacional del 94 en el artículo 129, y en la Constitución de la Ciudad de 1996. Ya pasaron más de 20 años y la autonomía de la Ciudad en lo judicial no se concretó, solamente se logró política y legislativamente. Con esto, los ciudadanos porteños eligen a su propio jefe de Gobierno y a sus legisladores, pero cuando tienen un conflicto de derecho de familia, laboral o de cualquier tema en el ámbito de la Ciudad tienen que recurrir a un juez nacional. Por otro lado, la Constitución habla de jueces locales y federales, por lo que desde que la Ciudad tiene el estatus de autónoma tiene equiparados a los jueces de la Ciudad a jueces locales, es decir, los jueces nacionales no están ni nombrados aquí.

 

–¿Cuándo considera que se logrará el traspaso judicial?

–El traspaso que estamos armando primero fue firmado por los dos Ejecutivos en enero de 2017 y después debía ser ad referendum de la aprobación de la Legislatura de la Ciudad –que sucedió el 5 de abril–, y del Congreso. Esto último es bastante complicado por ser un año electoral, pero nosotros tenemos mucha confianza de que después de que termine el lapso de elecciones, finalmente, se apruebe. El Congreso tiene antecedentes de haber aprobado el traspaso de tres leyes de competencias penales. Y como si esto no fuera suficiente, también la Corte Suprema tiene fallos de 2015, 2016 y 2017 que expresan que la Ciudad es plenamente autónoma, y eso implica que ya debería tener su propia Justicia.

 

–¿Por qué aún hay resistencia al traspaso de espacios como la IGJ?

–Entendemos que es por desconocimiento. Aún así, la resistencia se encuentra mayormente no en los jueces de la Ciudad sino en los nacionales. Es natural tener resistencia a los cambios, es humano y es perfectamente entendible. Pero nosotros estamos traspasando ahora simplemente la Justicia penal y del consumo, y cabe decir que no hay nada más que las competencias para pasar. De los juzgados penales solo estamos pasando las estructuras vacías, que son 49, es decir: vocalías de cámara, juzgados, defensorías y fiscalías que están vacantes y listas para hacer los concursos. En cuanto al personal, serán traspasados 361 trabajadores, con lo cual no es que será un traspaso masivo, y lo harán conservando su categoría, sueldo, obra social, grados, etcétera. Es más, nosotros tenemos un convenio con los trabajadores y algunos beneficios como licencias por maternidad y por matrimonio que no tienen en Nación. También tenemos acá, a diferencia de Nación, el sistema de “permanencias”, es decir que luego de determinada cantidad de antigüedad en un cargo, el sueldo va aumentando gradualmente. Incluso, tenemos jardines maternales, que parece un detalle pero no lo es, porque se pagan ocho mil pesos por este servicio contra recibo. Estos son algunos de los beneficios que tendrán los trabajadores que pasen de Nación a la Ciudad. Sí es cierto que los salarios son un poco más bajos en la Ciudad, pero la equiparación se hará de forma automática a los salarios más altos con el pase del primer agente, de esta manera no se rompe con la lógica de intangibilidad de haberes. Para completar, también hay que saber que los convenios dicen que las causas que empezaron en un determinado juzgado y en una determinada jurisdicción van a terminar en ese mismo espacio. Será algo muy progresivo, justamente, para que no sea traumático ni desprolijo.

 

–¿En qué se beneficiará el vecino porteño con el traspaso de los fueros judiciales?

–Esto aportaría a que tengan una Justicia más rápida, moderna y cercana. Esta es una diferencia enorme, porque bien se dice que cuando la Justicia es lenta, no es Justicia. Lo más triste es que, en promedio, hoy las causas penales tardan alrededor de 14 años en resolverse. Y muchas prescriben sin que se resuelva nada. En cuanto a la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), estamos desarrollando el Expediente Judicial Electrónico (EJE), que lo estamos implementando en varios juzgados como prueba piloto, y pretendemos, para 2018, tener informatizado absolutamente todo. Por otro lado, los consejeros ya estamos incursionando con firma digital y vamos hacia la despapelización total, porque, en no pocas oportunidades, tenemos una Justicia del siglo XXI pero en los papeles es una Justicia del siglo XIX. Todavía vemos los expedientes que se cosen, que se roban o se pierden, y creo que parte del avance en materia jurídica que no se ha logrado es a causa de esto. Mucho del avance tiene que ver con la modernización, con las nuevas tecnologías y medios de comunicación. Es la forma de evitar el “cajoneo” de expedientes o que no se sepa quién los tiene y demás problemáticas usuales. Con el expediente electrónico no solo se sabe donde está sino también cuántos días lleva en ese lugar. Entonces, podés hacer un seguimiento total. Se podrán hacer notificaciones por internet y se acelerarán los tiempos.

 

–¿La modernización de la Justicia aportaría a la transparencia de la Justicia porteña?

–Exacto, y al cumplimiento de la ley, que no es poca cosa. Yo siempre cito a David Hume, que dice que un país es civilizado cuando se respetan las leyes y se cumplen los contratos. Nosotros tenemos que empezar a tener un cumplimiento de la ley más efectivo. Y en este sentido podemos decir que en materia del acceso a la información pública, la Ciudad es pionera, porque la Ley 104 es del año 99. Y fue reformada este año, de manera tal que tenemos una ley supermoderna. De hecho, nosotros ya tenemos acá, en el Consejo de la Magistratura, un área de acceso a la información pública para dar cumplimiento a los pedidos de acceso. En cambio, la ley nacional en la Argentina recién salió el año pasado. Y lo que es muy importante también es que tenemos el tema de la Transparencia Activa, porque no solo es el concepto de transparencia de hace dos o tres décadas sino que va más allá, donde todo lo que no esté reservado por la ley debe ponerse en la web, por decirlo de forma figurada. Aún no está todo online, pero estamos cargando cosas permanentemente. Incluso, hace poco tuvimos en la Legislatura porteña una reunión muy importante por este tema con el legislador Daniel Presti, con Hernán Charosky, que es funcionario del Gobierno de la Ciudad, y con más gente de la Legislatura, del Poder Judicial y de todos los ministerios, con el fin de presentar la ley del acceso a la información. Así, todos los organismos públicos deberán poner en marcha organismos de acceso a la información dentro de cada uno.

 

–¿Continúan las reuniones con Santiago Otamendi para diseñar una agenda en común entre Nación y Ciudad de cara al traspaso?

–Sí, se hacen ahora con miras a lograr que en la Cámara de Diputados se apruebe la ley del traspaso, y ver las tareas que cada uno, desde su lugar, tenga que hacer para alcanzar la cantidad de votos necesarios. No nos olvidemos de que el Gobierno nacional, que es el que propone los convenios con el Gobierno de la Ciudad, no tiene mayoría en la Legislatura, por lo que debe tener el acuerdo de los demás bloques, lo cual al sistema republicano y democrático sí le aporta, a pesar de que del otro lado del mostrador pueda resultar incómodo. Recordemos también que, normalmente, los gobiernos en la Argentina han tenido un cheque en blanco, en este sentido, porque teniendo la mayoría en el Congreso no se necesita consensuar. Entonces, hay que escuchar a los demás espacios, ver qué proponen e ir corrigiendo, lo cual es muy sano para la democracia del país.

 

–¿Qué visión tiene sobre las cuestiones de género?

–Yo creo que es un momento en el que en América latina se ha desarrollado muchísimo el tema de los derechos de la mujer y su reclamo por hacerlos respetar y cumplir. Para nosotros es una cuestión prioritaria y cada vez hacemos más cantidad de programas que cubran este tema para que se conozcan los derechos femeninos y para que se contengan a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Tenemos incluso un 0800 de denuncias que se atienden de forma inmediata. Y en esto también el Ministerio Público Tutelar y el Ministerio Público Fiscal tienen mucha celeridad. Hay mucho compromiso compartido. El tema de la violencia de género se ha visibilizado mucho más. Esto tiene que ver también con la normativa que se ha adoptado en los últimos años. Gracias a eso hoy podemos hablar de las reformas que se han hecho desde hace 20 años y que les aporta jerarquía constitucional a tratados como Prevención de Delitos o de violencia contra la mujer, las convenciones contra cualquier forma de discriminación sobre la mujer, y, dentro de cada convención, hay un montón de derechos que cumplir. Y de ahí pasamos a tener una Convención Integral del Derecho de la Mujer. Incluso, la Corte Suprema ha tenido fallos favorables a este tema. Teniendo presidentes varones, ya se venían trabajando estos asuntos, pero cada vez los trabajamos más. En el Consejo de la Magistratura hay un Observatorio de Género, que lo dirige la doctora Diana Maffía hace muchos años, y ahora también hay una Secretaría de Relaciones Institucionales, que tiene a su cargo la doctora Ana Casal, y que se encarga del tema de la violencia de género y su prevención. Permanentemente, hacemos eventos relacionados con esto y con la violencia laboral, entre otros temas.

 

–¿Sobre qué otros ejes, además del de género, trabajan desde el Consejo?

–Tenemos muchos programas de acceso a la Justicia donde se dan charlas con temáticas no solo de violencia de género, que es una de las temáticas por las que más concurren, sino para los barrios vulnerables, por ejemplo. Estamos ahora en unos 20 barrios vulnerables, villas y asentamientos con esos programas. Quiero destacar que estas tareas se hacen con voluntarios del Poder Judicial, desde camaristas, jueces, fiscales, hasta chicos más jóvenes y gente del Consejo de la Magistratura, que se ofrecen a dar charlas de forma gratuita. Más aún, tuvimos que incorporar algunas psicólogas, psicopedagogas y una socióloga, porque los temas que allí surgían excedían el campo jurídico. Y después, desde la Secretaría de Asuntos Institucionales de la doctora Ana Casal, están yendo a otros tipos de barrios con el programa “La Justicia con Vos”. Por ejemplo, van los sábados y ayudan a los vecinos a hacerse el documento o sacar partidas originales, ya que hay un convenio con el Registro Nacional de Personas (Renaper). Queremos poner un poco más en la práctica a la Justicia y darle visibilidad a la gente más vulnerable, que es la que tiene mayores problemas. Encuentro sumamente productivo que los propios consejeros tengan contacto con la gente, que antes no tenían; da un poco más de concientización y la gente lo ve como muy positivo, tienen la posibilidad de enterarse de qué hace la Justicia y de explicar qué cosas necesitan.

 

–¿Podríamos afirmar que la mujer lograría un mayor amparo con el traspaso judicial?

–Sí, porque se podría atender cada caso con mayor personalización y eficacia. Es muy importante que en la parte local de la Justicia haya una relación de inmediatez, porque si bien son importantes las grandes políticas de un Estado, también lo es aquello que se hace en el día a día desde todos los poderes, así sea el dar botones antipánico o hacer socorros de forma inmediata. Nuestro rol, desde el Poder Judicial, no solo radica en la sanción del delito sino también en la prevención.

 

–¿Considera que los presuntos hechos de corrupción en la Policía de la Ciudad pueden retardar el traspaso de la Justicia?

–No lo creo. Considero que los traspasos, hasta acomodarse, no son sencillos. Ya lo vimos, por ejemplo, en el caso de los subtes. Ahora, la Policía lleva no más de un año y medio y es aún muy reciente. Estos hechos de corrupción en la institución no fueron poca cosa, pero nosotros necesitábamos una Policía porteña, porque ambas constituciones dicen que la Ciudad es autónoma en la medida que tenga su propia Policía, su propio Puerto, su propio Poder Judicial. No podemos decretar la autonomía porteña y no trasladar esto después a los hechos. Desde ya, la corrupción nunca es positiva, pero yo me pregunto: desde que uno tiene uso de razón, ¿cuántas veces a los jefes de Policía los echaban y los procesaban tal como pasó acá con Potocar? Ni nos enterábamos, pero ahora nos estamos enterando si hay corrupción, lo cual es muy positivo. Porque los niveles altos de corrupción en la Policía son algo que ni los niños ignoran.

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