Malvinas: el Ejecutivo denunció un esquema societario para extraer petróleo
El Gobierno nacional avanzó con una denuncia penal contra empresas vinculadas con la exploración y futura explotación de petróleo en las Islas Malvinas y pidió que la Justicia investigue un presunto entramado societario. La presentación, impulsada por la administración de Javier Milei, apunta a determinar si las compañías involucradas incurrieron en delitos como asociación ilícita y lavado de activos al operar sobre recursos hidrocarburíferos que la Argentina considera pertenecientes a su territorio. La ofensiva judicial se suma a las medidas anunciadas por el Ejecutivo para sancionar a las empresas que participen de actividades petroleras en el archipiélago.
La denuncia fue presentada por el canciller Pablo Quirno y alcanza a distintas sociedades vinculadas con Navitas Petroleum, la compañía israelí que encabeza el proyecto Sea Lion, además de sus socios y directivos. El Gobierno sostiene que estas firmas utilizan licencias otorgadas por las autoridades de las islas y el Reino Unido para avanzar con actividades de exploración y explotación que, desde la perspectiva argentina, violan la legislación nacional. La estrategia oficial busca trasladar la disputa por los recursos naturales al terreno judicial y utilizar todas las herramientas institucionales disponibles para impedir la explotación de hidrocarburos sin autorización de Buenos Aires.
Uno de los principales focos de la presentación es el proyecto Sea Lion, considerado el emprendimiento petrolero más importante actualmente en desarrollo en la zona. Navitas posee el 65% del proyecto, mientras que la británica Rockhopper Exploration controla el 35% restante. La iniciativa contempla una inversión estimada en unos 2.200 millones de dólares y tiene previsto comenzar a producir petróleo en 2028, con una primera etapa que podría alcanzar los 50.000 barriles diarios. Las empresas sostienen que cuentan con licencias válidas otorgadas por el gobierno de las islas y con respaldo británico, mientras que la Argentina considera ilegítimas esas autorizaciones.
La decisión judicial se produce después de que Milei anunciara un endurecimiento de la posición argentina frente a las compañías que desarrollen actividades petroleras en las islas. El Gobierno anticipó sanciones que podrían alcanzar no solo a las empresas directamente involucradas, sino también a accionistas, directivos y proveedores. En los últimos días, la administración libertaria incluyó entre las firmas bajo observación a Navitas, Rockhopper y Eco Atlantic, esta última vinculada a una licencia ubicada en un área cercana a Sea Lion.
Con la denuncia penal, el Gobierno profundizó así su ofensiva por la soberanía de las Malvinas y por el control de los recursos naturales del Atlántico Sur. El caso además genera una particular tensión internacional debido a los vínculos israelíes de Navitas y de parte de los inversores de Rockhopper, en un momento en que Milei mantiene una estrecha relación política con Israel. Para la administración nacional, la disputa por el petróleo constituye una cuestión de soberanía que debe ser defendida mediante herramientas diplomáticas, económicas y judiciales, mientras que las compañías involucradas sostienen que sus operaciones se encuentran amparadas por las autorizaciones de las autoridades de las islas y el Reino Unido.
